Jessica Johana Cervantes González obtuvo resoluciones judiciales que ordenan dejar sin efecto el aseguramiento de un inmueble en Playas de Tijuana
Jessica Johana Cervantes González ha obtenido al menos dos resoluciones judiciales favorables para que se levante el aseguramiento de una vivienda ubicada en Playas de Tijuana; sin embargo, la FGR mantiene su postura de que el inmueble podría estar relacionado con recursos de procedencia ilícita.
La disputa judicial por una vivienda ubicada en Playas de Tijuana, Baja California, mantiene enfrentados a Jessica Johana Cervantes González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, y la Fiscalía General de la República (FGR).
Cervantes González, también identificada en documentos y referencias públicas con el sobrenombre de ‘La Negra’, reclama que la autoridad ministerial cumpla con las resoluciones emitidas por tribunales federales y levante el aseguramiento de un inmueble que, de acuerdo con los documentos judiciales referidos, se encuentra ubicado en la calle Del Volcán número 1355, en la colonia Playas de Tijuana, sección Jardines.
La mujer sostiene su reclamo en el amparo 1556/2018, mediante el cual busca que se reconozcan sus derechos sobre la propiedad y se deje sin efecto la medida que mantiene la vivienda bajo control de la autoridad.
De acuerdo con la información del expediente, un representante del Ministerio Público adscrito a la FGR contó con un plazo de tres días hábiles para dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial. Sin embargo, la Fiscalía ha mantenido su oposición a liberar el inmueble y ha recurrido a argumentos relacionados con el posible origen ilícito de los recursos utilizados para adquirirlo.
La controversia se remonta a julio de 2017, cuando la vivienda fue asegurada por la autoridad ministerial. Desde entonces, el inmueble se ha convertido en el centro de una batalla legal en la que la defensa de Cervantes González ha conseguido resoluciones favorables, mientras que la FGR ha utilizado recursos de revisión para intentar mantener vigente la medida.
Uno de los antecedentes centrales del caso se encuentra en una sentencia emitida el 24 de febrero de 2023, en la que, de acuerdo con el documento citado, la Justicia Federal resolvió otorgar la protección constitucional solicitada por Jessica Johana Cervantes González.
El fallo representa uno de los argumentos principales de la parte quejosa para exigir que la Fiscalía cumpla con las determinaciones judiciales y retire el aseguramiento de la propiedad.
Sin embargo, la FGR ha sostenido una posición distinta. El representante de la Unidad Especializada en Análisis Financiero considera que existen elementos para presumir que el inmueble pudo haber sido adquirido con recursos de procedencia ilícita o que, de alguna manera, pudo estar relacionado con actividades criminales.
La autoridad ministerial ha argumentado que Cervantes González habría recibido recursos provenientes de una organización criminal y que, por su relación familiar con Nemesio Oseguera Cervantes, existen elementos que deben ser considerados para mantener el aseguramiento.
En sus argumentos, la Fiscalía ha señalado que Jessica Johana es hija de ‘El Mencho’, además de mencionar sus vínculos familiares con otras personas que han enfrentado procesos relacionados con delincuencia organizada.
La dependencia también ha hecho referencia a la participación de Cervantes González en diversas empresas y a su relación con marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Entre las compañías y marcas mencionadas por la autoridad se encuentran JJGON S.P.R. DE R.L. DE C.V., J & P Advertising, Servicios Alimentarios KIBO y Sánchez Realty, así como registros relacionados con nombres comerciales como ONZE BLACK, Las Flores Cabañas y Mizu Sushi Lounge.
La FGR sostiene que algunas de estas actividades empresariales y comerciales fueron señaladas por autoridades estadounidenses como relacionadas con personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El argumento central de la Fiscalía es que la propiedad debe permanecer asegurada debido a la sospecha de que fue adquirida con recursos de origen ilícito.
En los documentos citados por la autoridad ministerial, se plantea que existe un “alto grado de probabilidad” de que Cervantes González haya realizado operaciones con recursos procedentes de actividades criminales atribuidas al CJNG.
La FGR considera que dichas operaciones podrían afectar bienes jurídicos como la estabilidad económica del país, la seguridad del sistema financiero y la seguridad nacional.
La autoridad también sostiene que el llamado lavado de dinero permite introducir al sistema económico ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas, a través de la compra de bienes y otros mecanismos que dificultan rastrear el origen de los recursos.
Bajo esa lógica, la Fiscalía afirma que entregar el inmueble podría generar un riesgo para las investigaciones y para un eventual procedimiento de decomiso o abandono de la propiedad.
Otro de los argumentos presentados por el Ministerio Público es que Jessica Johana Cervantes González no habría acreditado la legítima procedencia del dinero utilizado para adquirir el inmueble.
Por ello, la autoridad considera necesario mantener el aseguramiento para evitar que la propiedad sea transmitida a un tercero de buena fe, situación que, según la FGR, podría dificultar un eventual decomiso si posteriormente se determina que el bien está relacionado con actividades ilícitas.
La Fiscalía incluso sostiene que levantar la medida cautelar y entregar la vivienda podría contravenir los principios de procuración e impartición de justicia.
En medio de la disputa, la FGR ha presentado distintos recursos de revisión con el objetivo de evitar que se ejecute la orden de liberar el inmueble.
Sin embargo, el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, determinó desechar de plano la última queja promovida en este litigio.
En los argumentos de la autoridad ministerial se vuelve a señalar que la propiedad habría sido adquirida con recursos de origen ilícito provenientes del Cártel Jalisco Nueva Generación y se hace referencia a la relación familiar de Cervantes González con Nemesio Oseguera Cervantes.
La Fiscalía también cita antecedentes judiciales relacionados con integrantes de la familia y personas cercanas a ella, además de mencionar investigaciones sobre empresas y operaciones financieras.
No obstante, uno de los puntos centrales de la controversia es que Jessica Johana Cervantes González no enfrenta, de acuerdo con la información proporcionada en el expediente, un proceso penal en su contra por estos hechos, aunque la FGR sostiene que existen elementos que justifican mantener asegurada la propiedad.
Así, la disputa no se centra únicamente en la propiedad del inmueble, sino también en la procedencia de los recursos con los que presuntamente fue adquirido y en los alcances que puede tener una medida de aseguramiento cuando los tribunales ya han emitido resoluciones favorables a la persona que reclama el bien.
Mientras la hija de ‘El Mencho’ exige que se cumplan las determinaciones judiciales y se libere la vivienda ubicada en Playas de Tijuana, la Fiscalía mantiene su postura de que el inmueble debe permanecer asegurado para garantizar que, en caso de acreditarse su origen ilícito, pueda ser sujeto de un eventual decomiso.
El caso permanece así en el terreno judicial, con resoluciones favorables a Cervantes González y una oposición persistente de la FGR, que continúa argumentando que la entrega del inmueble podría poner en riesgo los objetivos de las investigaciones relacionadas con el posible lavado de dinero y el patrimonio presuntamente vinculado con actividades del crimen organizado.
