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Gobierno aprueba que compañías telefónicas registren tu línea sin pedirte permiso: ciudadano gana el primer amparo contra esta norma

Un usuario de Aguascalientes llevó su caso a los tribunales

Un usuario de Aguascalientes llevó su caso a los tribunales
Grupo Zócalo
ZOCALO | MONCLOVA
06-05-2026
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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, aseguró que más de 50 millones de personas ya han registrado su línea; sin embargo, en el país hay 160 millones de líneas telefónicas, por lo que no se ha cubierto ni la mitad. El objetivo de la medida es frenar delitos como la extorción.

Un ciudadano de Aguascalientes promovió un amparo contra el registro telefónico obligatorio y pidió que se frene la vinculación de sus líneas con su identidad, en un caso que abre la primera disputa judicial contra la controversial medida del gobierno de México que, detractores, aseguran que tiene un efecto negativo sobre la privacidad.

El recurso del ciudadano fue presentado el 10 de febrero y entró un día después al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. El objetivo es proteger dos números telefónicos que el promovente usa actualmente; su identidad permanece reservada por motivos de privacidad.

El usuario sostiene que los lineamientos emitidos por la CRT omiten la protección de derechos humanos y condicionan el acceso a los servicios de telecomunicaciones previstos en el artículo sexto constitucional.

Vista aérea de manos llenando un formulario para el registro de líneas telefónicas prepago con un bolígrafo, junto a un smartphone, IDs, un portátil y un cartel informativo.
 

A partir del 30 de junio de 2026, los usuarios que no hayan registrado su línea celular con la CURP y una identificación oficial podrían quedarse sin servicio móvil, porque la suspensión temporal entraría en vigor desde el 1 de julio y limitaría las líneas no regularizadas a llamadas de emergencia.

La medida fue impulsada por la administración de la presidenta nacional Claudia Sheinbaum Pardo y busca asociar cada número móvil con una identidad legalmente reconocida. El argumento oficial, según el texto fuente, es que el registro ayudaría a combatir extorsiones, fraudes telefónicos y otros delitos que aprovechan el anonimato de los números celulares.

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