Sara Michelle, de 25 años, fue trasladada a un Ministerio Público para definir su situación jurídica
Una mujer fue detenida tras golpear a su pareja con un cinturón por presuntamente negarse a tener relaciones sexuales en su casa situada en la colonia Villas del Tecnológico, en el municipio de Parral, Chihuahua. El caso de violencia familiar cimbró a la colonia y derivó en una llamada de emergencias, por lo que elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio para atender a la víctima
De acuerdo con las declaraciones de la víctima, identificado como Martín Octavio E.R, la agresión ocurrió durante la noche, cuando su pareja supuestamente reaccionó con violencia ante la negativa y derivó en una acalorada discusión frente a su hija.
Aseguró que fue llevado a una de las habitaciones y fue golpeado con un cinturón en el brazo y su espalda, así como también fue víctima de agresiones físicas, ante los ojos de su hija menor de edad. Horas después, aseguró que la mujer continuó con su comportamiento violento y revisó su celular reclamando supuestas conversaciones.
La Policía Municipal detuvo a la agresora, identificada como Sara Michelle B.D., de 25 años, quien fue puesta a disposición de un Ministerio Público para definir su situación jurídica. Reportes aseguran que la policía presenció las lesiones de Martín y procedieron con la detención, luego de que Sara lanzara agravios y se comportara agresiva contra los oficiales.
Los hechos causaron mayor revuelo cuando se difundieron las fotografías de la joven en plataformas digitales, quien vestía una blusa café y un jeans de mezclilla azul al momento de su detención. El caso fue puesto bajo investigación por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para determinar la culpabilidad de la mujer en base a la legislación vigente.
De acuerdo con la ley vigente en Chihuahua, quienes cometan violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual contra familiares podrían recibir sanciones de 1 a 5 años de prisión y su pena puede agravarse si las agresiones resultas en heridas graves o si se comete contra víctimas vulnerables (adultos mayores, menores de edad o personas con discapacidad). Además, el juez puede dictar pérdida de derechos de familia, tratamiento psicológico o psiquiátrico y prohiición de acudir a determinados lugares para proteger a las víctimas.
