Además del esquema de desvío, la FGR investiga a Gómez Mont por presunta defraudación fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que entregó a Estados Unidos tres órdenes de aprehensión vigentes contra Inés Gómez Mont, detenida el pasado 30 de octubre en el estado de Florida por autoridades migratorias estadounidenses. El intercambio se produjo en las últimas semanas, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, como parte del proceso que busca su extradición a México.
Según informó la Fiscalía, la detención de Gómez Mont responde en este momento a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos. Si se determina su deportación, la FGR ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada al país.
Gómez Mont tiene, según la FGR, tres órdenes de aprehensión vigentes, todas libradas por jueces federales mexicanos. La primera fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las otras dos órdenes corresponden a la Fiscalía Especializada de Control Competencial, por el delito de defraudación fiscal equiparada. En conjunto, las tres acusaciones conforman el expediente que la FGR buscará activar en cuanto la conductora pise suelo mexicano.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita. Esos fondos provendrían de un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), ejecutado a través de empresas fantasma.
El esquema bajo investigación se articuló en torno a contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos, firmados con el órgano responsable de los centros penitenciarios del país. Esos recursos estaban destinados a la seguridad del sistema penitenciario nacional.
“Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos. Desde que Inés N. huyó del país, la Fiscalía ha actuado para presentarla ante la justicia mexicana”, dijo la Fiscal Ernestina Godoy Ramos en un mensaje difundido a través de las redes oficiales de la dependencia.
La Fiscalía explicó que las empresas fantasma simulan operaciones para desviar fondos del erario y ocultar su destino final. El lavado de dinero, según el organismo, busca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos.