El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada solicitó este jueves a Naciones Unidas que considere medidas destinadas a apoyar al Gobierno de México en la prevención, investigación y erradicación de este delito, perpetrado a tales niveles que podría considerarse crimen de lesa humanidad.

“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del Gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro.

En un comunicado, el comité citó como muestra de la gravedad de la situación el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, con más de 6.200 cadáveres y 76.000 restos humanos, en su mayoría no identificados.

A pesar de las medidas adoptadas desde que miembros de este comité visitaran México en 2021, “la situación no ha mostrado una mejora sustancial”, lamentó.

Agregó que “las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis y siguen siendo urgentes reformas estructurales para prevenir las desapariciones”.

El comité indicó que muchas de estas desapariciones se producen en el contexto de la “guerra contra las drogas” a nivel nacional, aunque sin indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas, con sospechas de que muchas son perpetradas por grupos delictivos.

Sin embargo, advirtieron los expertos, en algunos casos denunciados las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos, o al menos su apoyo o aquiescencia. La solicitud del grupo de expertos se ha enviado al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la remita urgentemente a la Asamblea General.

Las medidas que podría adoptar ese órgano, según el comité, podrían incluir cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva tanto de las desapariciones como de los vínculos entre funcionarios públicos y crimen organizado.

Con información de El Financiero