Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió formalmente a un tribunal federal de Nueva York que desestime la apelación presentada por el ex secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, en contra de la sentencia que se le impuso en octubre de 2024 por cargos de crimen organizado y narcotráfico.

A través de un extenso documento de más de cien páginas, firmado por el fiscal especial Adam Amir en representación del fiscal en jefe del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, el gobierno estadunidense afirma que la carga probatoria presentada en el juicio no deja lugar a dudas de la cooperación que este habría brindado al Cártel de Sinaloa, más allá de posibles errores menores que se hayan cometido.

“Las pruebas presentadas en este juicio de cinco semanas demostraron más allá de toda duda razonable que García Luna era un funcionario corrupto de las fuerzas de seguridad que aceptó millones de dólares en sobornos de la organización de narcotráfico más grande y sofisticada de México” indica el fiscal en jefe su posicionamiento.

En febrero de 2024, tras un juicio de cinco semanas en la corte federal en Brooklyn, un jurado encontró culpable a García Luna de cinco cargos relacionados con tráfico de drogas y delincuencia organizada. El jurado validó la hipótesis de los fiscales respecto a la ayuda que el ex funcionario habría brindado al cartel a cambio de sobornos millonarios.

El 18 de octubre de ese mismo año, y tras desestimar una moción para que se repusiera el proceso, el juez Brian Cogan impuso una condena de 38 años de prisión en contra del ex funcionario, fijando su fecha de liberación para el año 2052. Tras varios cambios de centros penitenciarios, García Luna fue enviado al penal de super máxima seguridad de Florence en Colorado, donde se encuentra actualmente.

Casi un año después y luego de diversos retrasos por problema de comunicación con su cliente, la defensa de García Luna presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York la apelación formal en contra del juicio y de la sentencia impuesta al ex funcionario.

En su apelación, la defensa sostiene que la corte del juez Cogan aceptó indebidamente por tres razones:

•Denegó su petición de un nuevo juicio debido al presunto perjurio en que ocurrieron testigos y a problemas con la divulgación de pruebas.

• Se admitió evidencia sobre su patrimonio innecesaria y se le limitaron contrainterrogatorios.

•Se le privó el acceso a pruebas clasificadas.

Respuesta de la fiscalía

En su respuesta formal, los fiscales desestimaron todos los argumentos de la defensa. El fiscal Adam Amir señala que, por el contrario, se cumplió en exceso con los requisitos de transparencia y entrega de evidencia a la contraparte, al haberles dado acceso a más de un millón de documentos.

Incluso, el fiscal recuerda que se acordó con la defensa que quedaran fuera del proceso señalamientos aislados o no corroborados como, por ejemplo, de supuestas acusaciones de índole sexual en contra de García Luna.

Por el análisis del jurado y del juez fueron presentados más de 25 testigos, entre ellos nueve testigos colaboradores, que dieron cuenta tanto de la colaboración que García Luna y su equipo brindaron al cartel, de los beneficios obtenidos a cambio de ello, y del contexto en que estas cosas ocurrieron.

Respecto a los señalamientos de la defensa que logro identificar y probar errores de fechas en la información aportada por estos testigos, los fiscales argumentan que en aun cuando eso fuera cierto se trata de errores “inofensivos” (errores de memoria o de precisión) que no descalifican lo dicho por los testigos ni alcanza para calificar un posible perjurio.

Y sobre las quejas de haber mostrado información y fotos de su patrimonio, los fiscales indicaron que la evidencia presentada con ella fue limitada pero suficiente para corroborar el “patrimonio ostentoso” del ex funcionario como resultado de la colaboración con el referido grupo del crimen organizado.

“García Luna aceptó dichos sobornos mientras se reunía con altos mandos de los Estados Unidos y pregonaba su supuesto compromiso de combatir a los cárteles. A cambio de los sobornos, García Luna y sus aliados brindaron asistencia al Cártel: facilitaron la distribución de drogas para la organización, ayudaron a arrestar y asesinar a rivales del Cártel, proporcionaron escoltas armados a sus líderes y suministraron al Cártel inteligencia y equipo policial”, señala el escrito entregado a la Corte.

Sobre la queja de la defensa de García luna respecto a que los 38 años de cárcel son una pena demasiado gravosa para la ex funcionaria, los fiscales argumentan en contra que no solo se probó su colaboración con el cartel, sino incluso los intentos de soborno a internos de la cárcel de Brooklyn, donde se encontraba, para que declararan que su caso fue manipulado.

Lo anterior está probado con entrevistas a cuatro internos; la grabación que uno de ellos aportó de la negociación con García Luna; y Un documento de abril 2023 que servía como guion preparado para que un interno declarara falsamente que cooperantes habían coordinado sus testimonios mediante celulares.

¿Qué sigue en el caso?

La defensa de García Luna tiene un plazo de hasta 21 días hábiles para contestar por escrito a los argumentos planteados por la fiscalía en contra de su solicitud de apelación una vez concluido ese periodo habrá, de ser necesario, una argumentación oral frente a la corte de cada una de las partes.

Si la corte estima que es necesario que haya esa argumentación oral para desahogar algún punto se agendará una fecha para ello, los abogados exponen en general 10–20 minutos por lado ante un panel de tres jueces, que hacen preguntas.

A partir de ese momento el tribunal estará en condiciones de tomar una determinación en un plazo menor al de un año. Cabe señalar que el abanico de resoluciones con que cuenta el tribunal, va desde revocar la sentencia y ordenar la liberación del detenido, hasta la anulación solo de una parte del proceso y que tenga que haber un nuevo juicio, o en un caso la confirmación de todo el proceso y el cierre de la apelación.