Ciudad de México.- Hace exactamente un año, una aeronave bimotor Beechcraft King Air aterrizó en un pequeño aeropuerto privado en El Paso, Texas, tras haber despegado una hora antes de una pista clandestina en México. Decenas de agentes federales de Estados Unidos ya se encontraban en la zona.

Del avión descendió Joaquín Guzmán López, hijo menor de “El Chapo” Guzmán, uno de los lideres de los “Chapitos”, una de las poderosas facciones del cártel de Sinaloa. 

Junto con el descendió también Ismael “El Mayo” Zambada, el fundador y líder de la otra facción del cártel, y quien hasta ese momento jamás había sido capturado.

La versión oficial de cómo se dio esta entrega –secuestro o rendición– aún sigue bajo debate hasta la fecha, pero de lo que no hay duda, a un año de distancia, es de los saldos disímbolos que este evento ha dejado para los países involucrados.

Por un lado, EU logró recluir y someter a la puerta de un juicio, y de una potencial pena de muerte, a Zambada García, uno de sus criminales más buscados y por el que se llegó a ofrecer hasta 15 millones de dólares de recompensa. 

Al mismo tiempo, han ganado en los hijos de “El Chapo” a los testigos colaboradores de mayor nivel con los que han contado en años de combate a los cárteles mexicanos.

Por el otro, México ha pagado los saldos. A las preguntas sin respuesta dirigidas a EU sobre cómo ocurrió la entrega, y de las investigaciones iniciadas en contra del hijo menor de “El Chapo” de traición a la patria, la fractura entre las facciones del cártel ha desatado una guerra criminal que ha dejado más de mil 600 muertos en Sinaloa.

Punto de quiebre

El 15 de agosto de 2024 la Fiscalía General de la República informó que había solicitado formalmente al Departamento de Justicia, Interpol y demás autoridades pertinentes de la Unión Americana, datos relacionados con la operación aérea que dio paso a la detención de Zambada. 

Entre otras cosas se requirieron los datos de identificación del piloto, número de serie de la aeronave, la matrícula, constancia de aduanas y revisión de personas y pertenencias.

A su vez el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum, han insistido en la necesidad de que el Gobierno estadunidense entregue información relacionada con estos hechos, bajo el argumento de que se trató de una operación potencialmente ilegal que ha generado una desestabilización grave en Sinaloa.

Sin embargo, pese a los reiterados llamados y misivas, el Gobierno norteamericano, primero con Biden y después con Trump, no ha dado mayores detalles sobre estos hechos.

Hasta ahora, la indagatoria de la FGR ha confirmado una mecánica de sucesos similares a los que Zambada García dio a conocer en una carta posterior a su captura, y en la que aseguró que con engaños fue convocado a una reunión en un rancho donde fue sometido en contra de su voluntad por los “Chapitos” y llevado al avión que lo trasladó a EU. 

“El Mayo”, también aseguró que se trataba de una reunión en la que estaría presente el actual Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, algo que este último niega hasta la fecha.

Como resultado de esos indicios, la FGR prepara una nueva acusación en contra de Joaquín Guzmán López por los delitos de traición a la patria, privación ilegal de la libertad, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, y los que resulten.

La apertura de esa indagatoria fue criticada por el abogado de Ovidio y de Guzmán López, Jeffrey Lichtman, quien ante los medios en Chicago, arremetió en contra del Gobierno de México al acusarlo de, supuestamente, actuar en beneficio de los intereses de la facción criminal del “Mayo” Zambada.

Lo que es un hecho es que tras la entrega de Joaquín Guzmán y la detención Zambada García, Sinaloa se ha sumergido en una crisis de violencia sin precedentes.

Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que, de agosto de 2024 a junio de 2025, es decir, en los 11 meses posteriores a la caída de “El Mayo”, un total de mil 628 personas han sido asesinadas en el estado, un promedio de casi cinco asesinatos cada 24 horas en la entidad.

Pactos y juicios 

Antes de julio de 2024, EU sólo contaba con uno de los líderes de los  “Chapitos” bajo proceso: Ovidio Guzmán López “El Ratón”. Y aunque el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán ya estaba condenado y sentenciado, el otro fundador del grupo criminal, su compadre “El Mayo”, no había sido capturado. Un año después la situación es distinta.

A la lista de los “Chapitos” procesados se ha sumado Joaquín Guzmán López, quien tras su entrega fue trasladado y presentado ante una corte federal en Chicago, donde enfrenta múltiples cargos el menor de los hijos del capo. 

Aunque los delitos que se le imputan podrían alcanzar incluso la pena de muerte, los fiscales ya han avisado que no buscarán esa sanción, lo que da indicios claros de una negociación y potencial acuerdo en puerta.

De forma paralela, el caso de Ovidio Guzmán progresó al punto en que este ya se declaró culpable de los delitos más graves, incluido el de coordinar el tráfico de incontables cantidades de fentanilo, la droga que más vidas ha cobrado por sobredosis en la Unión Americana, y uno de los argumentos en los que el Gobierno de Trump sustenta su ofensiva política, diplomática y comercial contra México.

El cambio de declaración de “no culpable” a “culpable” de Ovidio, acompañada de un pago inicial de 80 millones de dólares, significa para el Departamento de Justicia, ganar el caso sin ir a juicio, con el ahorro de tiempo y dinero que eso conlleva. 

Además, “El Ratón” pactó con los fiscales un acuerdo de colaboración, lo que lo convierte en uno de los testigos de mayor jerarquía criminal con el que EU ha contado, y en una fuente privilegiada de información contra aliados del grupo delictivo.

La detención de “El Mayo” fue destacada por el Gobierno de EU, aun bajo la Administración Biden, como uno de los logros más importantes en el combate al narcotráfico de los últimos años.

El 13 de septiembre, el narcotraficante fue procesado formalmente ante una corte federal en Brooklyn, Nueva York y su caso quedó a cargo del juez Brian Cogan, el mismo que ha llevado los procesos de “El Chapo” y Genaro García Luna.

Critica de nuevo abogado de Ovidio a Sheinbaum

El abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, volvió a arremeter contra la presidenta Claudia Sheinbaum por el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, a un año de la detención del narcotraficante en EU.

“Vamos a seguir insistiendo”, aseguró Sheinbaum Pardo, para que el Gobierno estadunidense informe a México sobre la detención de “El Mayo” Zambada, la cual desató una guerra entre facciones del cártel de Sinaloa.

En respuesta, el litigante del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, afirmó que el Gobierno no puede dejar de pedir el regreso de “El Mayo”, cuando por 50 años no tuvieron interés alguno de llevarlo ante la justicia. “De repente, ahora que ya no está en México (‘El Mayo’) no pueden dejar de pedir su regreso”, soltó el abogado.

El 11 de julio, Lichtman acusó a la Presidenta de actuar como “el brazo de relaciones públicas de la organización narcotraficante de ‘El Mayo’ Zambada”.