Las autoridades federales identifican a “El R1” como presunto operador del CJNG desde 2012
Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por las autoridades como uno de los jefes de una de las células más violentas de esa organización criminal, promovió dos demandas de amparo ante un juzgado de distrito en la Ciudad de México con el objetivo de obtener protección judicial frente a presuntos actos de detención ilegal, incomunicación y una eventual expulsión o destierro hacia Estados Unidos.
La estrategia legal fue presentada por su defensor, Víctor Francisco Beltrán García, pocos días después de la captura del presunto narcotraficante, ocurrida el pasado 30 de julio durante un operativo de fuerzas federales en Atotonilco el Alto, Jalisco, donde también fue detenido Jesús Salvador Vela Salazar, alias “El Chuy”.
El caso adquiere relevancia porque la defensa argumenta que existe el riesgo de que su cliente sea trasladado a territorio estadounidense sin mediar un procedimiento formal de extradición, tomando como referencia antecedentes recientes de entregas de presuntos capos a autoridades de ese país.
De acuerdo con los expedientes judiciales, la primera demanda fue presentada como un juicio de amparo por violaciones a derechos fundamentales y está dirigida contra actos atribuidos a la Fiscalía Especial en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR).
En ese recurso se reclama principalmente la presunta detención ilegal e incomunicación del imputado.
El juzgado concedió una suspensión respecto del acto de incomunicación, en caso de que éste existiera, con el propósito de garantizar que el detenido tenga acceso a comunicación con su defensa y familiares conforme a los derechos previstos por la Constitución.
La segunda demanda amplía el alcance de los actos reclamados y fue promovida contra diversas autoridades federales, entre ellas la Presidencia de la República.
En ese recurso, la defensa impugna presuntos actos de detención, incomunicación, tortura, expulsión del territorio nacional y destierro a los Estados Unidos de América.
Hasta el momento, el juzgado no ha emitido una resolución sobre la suspensión solicitada en este segundo procedimiento.
El eje central del segundo amparo es la posibilidad de que “El R1” sea enviado a Estados Unidos sin que se siga el procedimiento ordinario de extradición previsto en la legislación mexicana y en los tratados internacionales vigentes.
El abogado sostiene que, a partir de experiencias recientes relacionadas con la entrega de presuntos líderes del narcotráfico a autoridades estadounidenses, resulta necesario solicitar protección judicial preventiva contra cualquier acto que implique una expulsión o traslado fuera del país al margen del procedimiento correspondiente.
La figura del amparo busca que un juez federal revise si existe alguna amenaza real o acto concreto que pueda vulnerar los derechos constitucionales del imputado durante el desarrollo del proceso penal.
Tras su captura en Jalisco, Ramón Ángel Álvarez Ayala fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanece recluido junto con Jesús Salvador Vela Salazar.
Un juez de control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, mientras se determina su situación jurídica por delitos relacionados con delincuencia organizada, entre otros ilícitos federales.
Las autoridades federales identifican a “El R1” como presunto operador del CJNG desde 2012 y lo señalan como probable autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Además, su nombre ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con el asesinato de la influencer Valeria Márquez, quien presuntamente mantenía una relación sentimental con un hijo del imputado. No obstante, dichas investigaciones continúan en curso y su responsabilidad penal deberá ser determinada por la autoridad judicial competente.
Mientras avanzan los procesos federales en su contra, los dos juicios de amparo promovidos por la defensa se desarrollarán de manera paralela y serán resueltos por el juzgado federal correspondiente, que deberá determinar si existen elementos para conceder una protección más amplia frente a los actos reclamados.
