Héctor Villasana afirmó que las restricciones y la lejanía entre Chihuahua y el Altiplano complican la preparación del caso por el que su cliente permanece bajo proceso. Habló de motivaciones “políticas”
“Existe una violación grave al derecho de defensa cuando se te impide ejercer el mismo en condiciones de igualdad frente al órgano acusador”. Las palabras corresponden a Héctor Villasana, abogado defensor del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien fue detenido con el beneplácito de Claudia Sheinbaum luego de haber desarticulado laboratorios de narcóticos en ese estado. Integrantes del partido oficialista Morena convencieron a la mandataria de acusar al fiscal por “traición a la patria” y de dificultarle lo máximo posible su derecho a la defensa.
Villasana señaló que Jáuregui Moreno, originario de Chihuahua al igual que su equipo jurídico, se encuentra recluido en un centro penitenciario del Estado de México. De acuerdo con el abogado, esa situación complica las entrevistas privadas y la preparación de la estrategia legal.
“El cuerpo defensivo físicamente no hemos podido verlo desde el 26 de octubre. Fue la última vez que tuvimos contacto con él”, declaró Héctor Villasana.
El abogado indicó que la comunicación durante los últimos días ha sido indirecta y adelantó que prevé reunirse de nuevo con su defendido el próximo 19 de noviembre. A su juicio, las restricciones derivadas de la reclusión en un penal federal de alta seguridad afectan la comunicación tanto con los abogados como con los familiares.
“Sin duda forma parte de la estrategia que realiza la Fiscalía General de la República precisamente para dificultar el derecho de defensa de la persona acusada, en este caso del licenciado César Jáuregui, que sin existir justificación para que estén en un penal de alta seguridad, como es el del Altiplano, donde las medidas de seguridad son muy altas, donde están a una distancia muy amplia para el lugar en el que está siendo juzgado, donde la comunicación es limitada...”, advirtió Villasana.
Incluso, ni siquiera los familiares de Jáuregui Moreno pudieron recorrer los más de 1.500 kilómetros que separan Chihuahua del penal del Altiplano. “Es un proceso que toma como 20 días de acreditación ante el penal antes de poder verlo como familiar”, explicó Villasana y aclaró que tampoco eso garantiza la visita. Su defendido permanece aislado e incomunicado. ¿El gobierno de Sheinbaum no quiere que hable o prefiere mostrarlo como un trofeo ejemplificador?
“Desgraciadamente, pues ha sido una ya estrategia común de a algún tipo de perfil de personas acusadas de características políticas, pues son ingresados en este penal cuando de ninguna manera se justifica, pues no son personas de alta peligrosidad que generen algún tipo de riesgo”, expresó el abogado defensor a Infobae.
Sheinbaum se encuentra ante un dilema de dimensiones mayúsculas: la Presidenta debe decidir si finalmente combate la corrupción dentro de Morena o el narcotráfico terminará de controlar -cada vez más- a quienes componen el partido gobernante en México.
La detención del ex fiscal Jáuregui Moreno es ejemplo claro de esto. Su situación procesal creó una importante grieta en su gobierno. Un bando quiere que el ex funcionario continúe confinado por largo tiempo en el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde actualmente se halla detenido. Un escarmiento por desobedecer órdenes irregulares. Otro bando de Morena, denuncia la injusticia a la que es sometido por combatir al narco. Son los menos. Se escuchan más las voces de otros partidos políticos indignados con lo ocurrido con el funcionario.
Dirigentes de Morena buscan silenciar al ex fiscal. Son hombres fuertes del partido tanto chihuahuenses como nacionales. Son los que convencieron a Sheinbaum de acusar a Jáuregui Moreno de “traición a la patria”. Fue por la autorización de un operativo contra dos laboratorios narco en ese estado. Sobre el final de la misión un accidente destapó la identidad de agentes involucrados en la misión. Frente a eso, la gobernadora de Chihuahua -María Eugenia Campos Galván, opositora a la presidenta- entregó al fiscal a las autoridades nacionales presionada por sus propios rivales en el estado.
La Fiscalía General de la República acusa a Jáuregui Moreno de no haber informado sobre la presencia de empleados de la Embajada de los Estados Unidos en el operativo y que murieron en el accidente. Sin embargo, ese apunte parece absurdo: del desmantelamiento participaron agentes y autoridades de todas las fuerzas nacionales y locales. ¿Qué ocultó el ex fiscal si los funcionarios norteamericanos estaban a la vista de todos?
“Jáuregui no ocultó nada. Ni a las autoridades ni al público: al día siguiente del operativo publicó imágenes del narcolaboratorio y de quiénes participaron, resguardando su identidad”, señala una fuente que conoció todos los movimientos previos y posteriores del ex funcionario judicial.
De acuerdo a fuentes con conocimiento del hecho, las autoridades locales y federales sabían sobre su accionar y su metodología para golpear a bandas criminales locales. “Se hacen los desentendidos por dos cosas: para sacar ventaja política y para aliviar la presión sobre sus socios criminales. Parecería que Sheinbaum no manda en Morena”, dijo hace algunos días en off the record una persona cercana al denigrado fiscal.
La acusación deriva del golpe a un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, realizado entre el 17 y el 19 de abril pasados en el cual se desmantelaron dos laboratorios donde se producían drogas sintéticas. En el regreso de ese operativo, una camioneta se despistó, cayó por un barranco en la sierra de Chihuahua y se prendió fuego, lo que provocó la muerte de cuatro personas: el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes y dos empleados de la Embajada de los Estados Unidos en México.
Sheinbaum parece no dimensionar el problema que está agitando. O lo disimula. Responsabilizó a la gobernadora Campos por el accionar contra el ex fiscal pero al mismo tiempo se supo que fue la Presidenta quien le ordenó que ponga a disposición las herramientas estatales para detenerlo. “Proceda”, habría sido la instrucción luego de que Campos le señalara -sin aportar datos ni pruebas- que Jáuregui Moreno era “corrupto y tenía casinos”.
Sheinbaum y Campos cruzan constantes acusaciones. Intentan desentenderse -tanto una como la otra- de lo ocurrido y de sus responsabilidades. “Fue ella; no, fue ella”. Herencia política de otro prefecto que quedó en la historia por una actitud idéntica: Poncio Pilato. El narco sonríe.
Campos, miembro del Partido Acción Nacional, está enfrentada con grandes facciones de Morena en Chihuahua. Muchos sospechan que el partido nacional no sólo intenta proteger sus vínculos con elementos presuntamente ligados al narco, sino que además trata de generar una crisis institucional en el estado para golpear a la gobernadora políticamente.
A nivel nacional, el partido es conducido por Ariadna Montiel, quien también es centro de cuestionamientos por el accionar de Morena en este caso. En tanto, a nivel local, la dirigente que conduce a esa facción opositora en Chihuahua es Brighite Granados de la Rosa. ¿Qué grado de involucramiento tienen en la persecución a Jáuregui Moreno? “Absoluta, también son parte”, dice una fuente.
