La defensa de Rafael Caro Quintero busca impedir que su juicio en Estados Unidos se realice con un jurado anónimo.
La defensa de Rafael Caro Quintero manifestó su rechazo a la petición del Gobierno de Estados Unidos para que el juicio en contra del fundador del Cártel de Guadalajara se lleve a cabo con un jurado anónimo y parcialmente aislado, al considerar que esa medida vulnera el principio de presunción de inocencia y podría predisponer a los integrantes del jurado en contra del acusado.
De acuerdo con reportes periodísticos, los abogados del narcotraficante mexicano enviaron una carta al tribunal en la que sostienen que la solicitud presentada por los fiscales únicamente “enrarecerá” el proceso judicial y generará una percepción anticipada de culpabilidad sobre su cliente.
El equipo legal, encabezado por el abogado Mark de Marco, argumentó que recurrir a un jurado anónimo transmitiría la idea de que Caro Quintero representa un peligro extraordinario para quienes participen en el juicio, lo que, a su juicio, comprometería el derecho del acusado a recibir un proceso imparcial.
Actualmente, el juicio contra el narcotraficante mexicano está programado para comenzar en marzo de 2027, mientras continúan las audiencias y las negociaciones previas entre ambas partes.
La petición de la Fiscalía estadounidense surgió tras la tercera audiencia celebrada en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, donde los fiscales solicitaron que la identidad de los integrantes del jurado permanezca reservada y que éstos reciban medidas especiales de protección.
La propuesta contempla que los nombres y datos personales de los jurados únicamente sean conocidos por las autoridades judiciales. Además, plantea que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos sea el encargado de trasladarlos diariamente entre sus domicilios y el tribunal, así como mantenerlos separados del público durante el desarrollo de las audiencias.
De acuerdo con los fiscales, estas medidas buscan garantizar la integridad del proceso judicial y evitar cualquier tipo de intimidación, presión o acoso contra los ciudadanos que participen como jurados, debido a que se trata de un caso relacionado con delitos considerados de “gravedad excepcional”.
Mientras el tribunal analiza la petición sobre el jurado, la defensa y los fiscales estadounidenses mantienen conversaciones iniciadas a mediados de junio para definir el rumbo del caso.
Entre las alternativas que siguen sobre la mesa se encuentra la posibilidad de que Rafael Caro Quintero alcance un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses. De concretarse, el exlíder criminal podría evitar un juicio prolongado por los delitos que le atribuyen.
El capo mexicano enfrenta acusaciones por presuntamente dirigir una empresa criminal dedicada al narcotráfico, además de cargos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de armas para facilitar esas actividades ilícitas.
Sin embargo, uno de los procesos más relevantes para el Gobierno de Estados Unidos es el relacionado con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.
El caso Camarena marcó un punto de quiebre en la relación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico y convirtió a Caro Quintero en uno de los criminales más buscados por las autoridades estadounidenses durante décadas.
Tras ser detenido nuevamente en México durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente trasladado a Estados Unidos, Caro Quintero enfrenta uno de los juicios más importantes y mediáticos vinculados con el narcotráfico. Ahora, el tribunal deberá resolver si acepta la petición de la Fiscalía para proteger la identidad del jurado o si da la razón a la defensa, que insiste en que esa medida pondría en riesgo el derecho de su cliente a un juicio justo e imparcial.
