El documento plantea cambios para limitar el acceso a la titularidad del Ejecutivo federal, las gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la CDMX
La Cámara de Diputados recibió este 7 de agosto el dictamen que propone reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para exigir nacionalidad única en la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales, una modificación que alcanzaría la Presidencia de la República, las gubernaturas y la jefatura de Gobierno de CDMX.
El proyecto quedó radicado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXVI Legislatura de la Cámara Baja, que lo presentó como un dictamen en materia de “Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales”. El documento también precisó el andamiaje constitucional y reglamentario bajo el que esa comisión elaboró la propuesta.
La reforma planteada por Claudia Sheinbaum identificó con exactitud los preceptos que serían modificados: los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El alcance descrito en el propio dictamen se concentra en las reglas para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo federal y de los poderes ejecutivos estatales y de la capital del país.
El trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales se dividió en cinco apartados: trámite legislativo, contenido de las iniciativas, consideraciones, resultado del dictamen y texto constitucional reformado con régimen transitorio. Esa estructura ordena tanto los antecedentes parlamentarios como la propuesta normativa.
La reforma señaló que la comisión actuó con base en los artículos 71, fracción I, y 72 constitucionales, además de disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General y del Reglamento de la Cámara de Diputados. Con ese sustento formal, el órgano legislativo sometió el dictamen a consideración de las y los diputados que lo integran.
En el apartado de trámite legislativo, el dictamen estableció que la iniciativa principal fue turnada mediante el oficio CP2R1A.-3657, fechado el 31 de agosto de 2026, con expediente 8919. La remisión fue hecha por la secretaría de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, a cargo de la senadora María Martina Kantún Can.
Ese mismo día, la propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue recibida por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. El órgano dictaminador le asignó el folio interno CPC-I-709-26.
La propuesta incorporó otro antecedente parlamentario, aunque sobre una materia distinta. Se trata del oficio D.G.P.L.66-II-1-947, de fecha 10 de diciembre de 2025. Esa segunda iniciativa fue enviada a la misma comisión para dictamen y proponía reformar diversas disposiciones constitucionales en materia de lenguaje incluyente, actualización de denominaciones relacionadas con la Presidencia de la República y obligatoriedad de paridad e integración del gabinete presidencial.
La Cámara de Diputados perfila votar entre el 21y el 23 de septiembre la reforma constitucional de Claudia Sheinbaum sobre doble nacionalidad, una iniciativa que, si alcanza mayoría calificada en San Lázaro, pasará después al Senado y que plantea impedir que quienes aspiren a ciertos cargos ejecutivos conserven dos nacionalidades al mismo tiempo.
El proceso legislativo inmediata contempla que la Comisión de Puntos Constitucionales sesione entre este lunes 7 y martes 8 de septiembre y que, si aprueba el dictamen, se le dé publicidad el miércoles 9. Ese calendario, explicó Ricardo Monreal Ávila, abre la puerta a que la discusión en el Pleno arranque después del 21.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara, baja dijo que la votación se prevé para los días 21, 22 o 23 del mismo mes. También sostuvo que septiembre sería el periodo definitivo para resolver el proyecto enviado por la presidenta.
El proyecto plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y también extendería la obligación durante todo el tiempo que dure el encargo, no solo al momento de competir por el cargo.
La exposición de motivos sostiene que la redacción actual del artículo 32 constitucional se refiere a no adquirir otra nacionalidad, pero no prohíbe de forma expresa tener una nacionalidad extranjera atribuida desde el nacimiento.
Según el dictamen, esa diferencia permitió interpretaciones que han vuelto ineficaz el sentido de la norma y abrió la puerta a casos de gobernantes con doble nacionalidad.
El texto aclaró que no se elimina la posibilidad de que una persona mexicana por nacimiento con otra nacionalidad aspire a esos cargos. La condición es que haga una renuncia previa y efectiva conforme al procedimiento que se establezca en la Ley de Nacionalidad.
La propuesta añadió que esa renuncia no debería agotarse en una declaración ante autoridades mexicanas. La legislación secundaria tendría que exigir también las actuaciones necesarias ante el Estado extranjero que atribuye esa nacionalidad, para dar certeza sobre la exclusividad del vínculo jurídico con México.
El proyecto no se limita a la etapa electoral. También propone que quien ocupe la Presidencia no pueda adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante una autoridad extranjera una distinta de la mexicana mientras esté en funciones.
Entre las conductas incompatibles que enumera el dictamen están usar pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer derechos políticos ligados a esa ciudadanía o acogerse a protección diplomática extranjera. El incumplimiento quedaría sujeto al régimen de responsabilidades del Título Cuarto de la Constitución, el cual explica las responsabilidades y sanciones de los funcionarios públicos.
La justificación central del proyecto es que la titularidad del Poder Ejecutivo federal o local no es un cargo público ordinario. El texto sostuvo que esas funciones involucran la conducción política, la administración pública, la seguridad nacional, las relaciones internacionales y, en el caso de los estados y de la capital, responsabilidades equivalentes dentro de su ámbito constitucional.
Por eso, el dictamen afirmó que quien encabece un Poder Ejecutivo debe responder de manera exclusiva al Estado mexicano. En ese razonamiento, la existencia de otra nacionalidad supone un vínculo jurídico y político con un Estado extranjero que puede incluir derechos, deberes, participación política o protección diplomática.
La propuesta subrayó que la doble nacionalidad sigue siendo una realidad reconocida por la Constitución y que no se pone en duda la identidad o el compromiso con México de quienes la tienen. La restricción, añadió el texto, se concentra solo en tres responsabilidades: la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.
