El dictamen de la denominada “ley antimemes” plantea precisar en qué casos una empresa o plataforma de internet podría tener responsabilidad por las infracciones de los usuarios
La Cámara de Diputados aprobó —con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención de Olga Sánchez Cordero— la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que busca establecer nuevas reglas para los proveedores de internet cuando sus usuarios compartan contenidos que puedan violar derechos de autor.
El dictamen de la denominada “ley antimemes”, enviado por el Ejecutivo federal, plantea precisar en qué casos una empresa o plataforma de internet podría tener responsabilidad por las infracciones cometidas por sus usuarios.
Asimismo, establece reglas para los llamados infractores reincidentes y contempla sanciones económicas que van desde los 586 mil 550 a 4 millones 692 mil 400 pesos en determinados supuestos; y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) será la autoridad encargada de sancionar las conductas previstas en la reforma.
En general, esto significa que los proveedores de servicios podrían ser sancionados cuando difundan sin autorización contenidos que utilicen obras, imágenes, voces de personas, videogramas o fonogramas protegidos por derechos de autor o generados por inteligencia artificial.
Al defender la propuesta, la diputada del partido Morena e integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, Claudia Selene Ávila Flores, aseguró que el objetivo es proteger a los autores y creadores sin afectar la libertad de expresión.
Rechazó que se trate de una “ley antimemes” y aseguró que los contenidos de crítica, sátira y parodia seguirán protegidos.
“No estamos imponiendo una mordaza”, dejó en claro.
Explicó que un proveedor no será responsable simplemente por prestar el servicio de internet, alojar contenido o transmitir información, y es que dijo que para que exista responsabilidad deberán presentarse otros elementos, como conocimiento de la infracción, participación en ella, capacidad de control, así como un beneficio económico directamente relacionado.
Sostuvo que la reforma permitirá a México cumplir con compromisos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia de protección de derechos de autor en el entorno digital.
No obstante, la oposición cuestionó el dictamen y alertó que puede generar presión sobre las empresas para retirar contenidos o suspender cuentas con tal de evitar multas.
Para evitar que se discutiera el dictamen en el pleno, el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron tres mociones suspensivas, las cuales fueron rechazadas.
La diputada panista, Kenia López Rabadán, acusó a Morena de buscar limitar la libertad de expresión y afirmó que la reforma puede afectar contenidos como memes, caricaturas, parodias y publicaciones críticas.
“Quieren construir una pinza contra la libertad de expresión”, puntualizó.
En tanto, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, pidió detener la discusión y abrir un periodo para escuchar a periodistas, medios de comunicación, académicos, especialistas y creadores de contenido.
Cuestionó además que la propuesta no defina con suficiente claridad qué se entenderá por reincidencia y quién determinará que un usuario cometió una infracción.
“Vamos a votar en contra todas las expresiones de iniciativas que se engloban en lo que conocemos ya como ley anti-memes”, advirtió.
En contraste, el morenista Jesús Valdés Peña sostuvo que la propuesta no establece censura y que existen mecanismos para que usuarios, proveedores y titulares de derechos puedan defenderse.
“No hay ninguna ley, censura”, añadió.
La discusión continúa en lo particular. La exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero expresó que su abstención se debió a que son normas muy abiertas y dejan a mucha discrecionalidad por parte de la autoridad administrativa sancionadora.