Diputados aprobaron eliminar “pensiones doradas”. Oposición alerta riesgos a derechos adquiridos e incertidumbre jurídica; Margarita Zavala Gómez del Campo pidió frenar discusión por posibles afectaciones a pensionados
Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de modificación del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación de “pensiones doradas”. Pese a que fue avalada en lo general por todas las fuerzas políticas, el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que, aunque esta normativa busca limitar excesos, el dictamen podría vulnerar derechos adquiridos y generar incertidumbre jurídica.
Ante esto último, la legisladora panista, Margarita Zavala Gómez del Campo presentó una moción suspensiva para evitar que el tema se discutiera, y es que podría haber afectaciones a derechos adquiridos. Incluso, cuestionó que el Senado de la República aprobó esta reforma con datos gubernamentales, que fueron imprecisos.
“Nadie está a favor de las pensiones doradas, pero también es cierto que miles de pensionados se jubilaron con la certeza de que sus derechos serían respetados”, indicó.
Al fundamentar el dictamen por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, la morenista, Haidyd Arreola López defendió establecer límites a las pensiones financiadas con recursos públicos, al señalar que busca corregir desigualdades históricas y eliminar privilegios. Sostuvo que el sistema actual refleja una profunda inequidad entre quienes reciben montos mínimos y quienes acceden a pensiones millonarias.
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Explicó que la propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea establecer un tope máximo equivalente al 50 por ciento de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, con el fin de garantizar un uso más equitativo de los recursos públicos. Subrayó que el objetivo no es eliminar derechos, sino corregir distorsiones estructurales del sistema pensionario y asegurar su sostenibilidad financiera.
“Vivimos en nuestro México un contraste de pensiones doradas con pensiones de pesos, la verdad duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias”, afirmó.
En el mismo sentido, su homólogo del mismo partido, Manuel Vázquez Arellano enfatizó que la reforma está dirigida únicamente a una élite que ha concentrado beneficios desproporcionados, y no a la mayoría de trabajadores jubilados. Añadió que muchas de estas pensiones se originaron en acuerdos políticos y privilegios, lo que hace necesario reordenar el sistema para garantizar justicia social y viabilidad a largo plazo.
En tanto, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Irais Virginia Reyes De la Torre manifestó que, si bien coinciden en evitar abusos en el uso de recursos públicos, la propuesta presenta problemas en su diseño constitucional. Señaló que uno de los principales señalamientos fue el uso del salario presidencial como referencia para fijar un tope a las pensiones, al considerar que se trata de un parámetro variable y discrecional que podría generar incertidumbre.
En el mismo debate, el diputado del PRI, César Alejandro Domínguez Domínguez acusó que la reforma abre la puerta a la aplicación retroactiva de la ley, lo que representa un riesgo para el Estado de derecho. El legislador insistió en que, aunque su bancada respalda el combate a privilegios indebidos, no avalará medidas que afecten a trabajadores que cumplieron con las reglas establecidas.
“Le están abriendo la puerta a empezar con la retroactividad de la ley si permitimos que el Estado modifique derechos ya adquiridos, entonces estamos aceptando que ningún derecho en México está garantizado”, afirmó.
Puntualizó que los legisladores morenistas “solo escuchan la voz de Palacio Nacional y solo escuchan el aullido del rancho la chingada”, pues no aceptan un debate de altura para corregir errores garrafales. Mientras que, la petista, Lilia Aguilar Gil anunció la presentación de reservas para proteger a trabajadores que adquirieron sus derechos de manera legal, pues han escuchado a trabajadores de empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y Luz y Fuerza del Centro, quienes temen verse afectados por los cambios.
“Una pensión de 1 millón 107 mil pesos no es un sueldo para cubrir necesidad es un exceso que se logró gracias a actos de corrupción y privilegios”, sostuvo.
Respecto al tema de retroactividad, aclaró que existen criterios jurídicos que permiten aplicar reformas en esta materia, particularmente cuando se trata de corregir abusos en el uso de recursos públicos.
En este documento, establece que en cualquier caso las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno Federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios, no deberán exceder de la mitad de la remuneración fijada para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.
Además, las disposiciones e instrumentos jurídicos que regulen la relación laboral no podrán determinar condiciones que superen el límite establecido en el párrafo que antecede.
Quedan excluidas de lo previsto en el segundo párrafo de esta fracción las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los Sistemas de Ahorro para el Retiro basados en cuentas individuales, las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios, y la pensión no contributiva a que se refiere el artículo 4º de la Constitución.
Finalmente se implementa el lenguaje inclusivo para utilizar la expresión “persona titular del Ejecutivo Federal” en lugar de “presidente de la República” y sustituye “ningún servidor público” por “ninguna persona servidora pública”.
