Morena quiere una reforma electoral, pero ‘olvidó’ tocar un tema crucial, el dinero del narco en campañas
Ciudad de México.- La propuesta de reforma electoral, presentada recientemente por el Ejecutivo Federal e impulsada por Morena, ha encendido las alarmas en el espectro político mexicano.
Mientras que sus promotores aseguran que la iniciativa es un paso hacia la austeridad y la democratización del sistema político, la oposición denuncia una grave omisión: la ausencia de mecanismos para frenar la infiltración del dinero del crimen organizado en las campañas.
La propuesta de reforma, que busca reducir el presupuesto de los partidos políticos en un 25% y eliminar legisladores plurinominales, plantea un fortalecimiento de la fiscalización a través del acceso del INE a información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, para los críticos, estas herramientas son insuficientes frente al poder corruptor de los cárteles de la droga.
“No puede haber reforma electoral si no se aborda la primera preocupación de los mexicanos: erradicar al crimen organizado de las elecciones”, advirtió Elias Lixa, coordinador de la bancada de diputados del PAN.
Tomando en cuenta lo anterior, en años recientes, diversas investigaciones periodísticas han documentado el presunto financiamiento del narcotráfico a las campañas políticas de algunos de los actuales gobernadores e incluso de un expresidente.
Es importante subrayar que, en la mayoría de los casos, se trata de investigaciones periodísticas basadas en testimonios o documentos filtrados, muchas de las cuales han sido negadas categóricamente por los señalados.
A continuación, te presentamos algunos de los casos más recientes de presunto financiamiento del crimen organizado en las campañas.
Los señalamientos más recientes y mediáticos surgieron en 2024, enfocándose principalmente en su primera campaña presidencial.
En enero de 2024, ProPublica publicó que la DEA investigó presuntas donaciones de 2 millones de dólares del Cártel de Sinaloa a la campaña de 2006.
También The New York Times aseguró que el expresidente de México estaba siendo indagado por sus presuntos nexos criminales.
El expresidente calificó estas notas como “calumnias” y “guerra sucia”, señalando que no existen pruebas judiciales que sustenten los dichos de los testigos.
El actual gobernador de Sinaloa ha sido blanco de intensos señalamientos, especialmente tras la captura de Ismael “Mayo” Zambada en 2024.
En una carta atribuida a Zambada García, este afirmó que fue emboscado mientras se dirigía a una reunión donde supuestamente estarían presentes el gobernador Rocha Moya y el político Héctor Melesio Cuén.
También se reportó que durante la elección de 2021 hubo una operación sistemática del Cártel de Sinaloa para inhibir el voto opositor y favorecer su candidatura mediante el levantamiento de operadores políticos.
Al menos eso aseguró el excandidato presidencial del PRI y exgobernador sinaloense, Francisco Labastida Ochoa, en entrevista con Aristegui Noticias.
Rocha Moya ha negado sistemáticamente cualquier vínculo, afirmando que el día de la supuesta reunión con Zambada él se encontraba fuera del país.
Los señalamientos contra el gobernador de Tamaulipas se centran en el presunto apoyo de estructuras ligadas al “huachicol fiscal” y grupos locales.
Según un reportaje de Código Magenta, Sergio Carmona Angulo (empresario asesinado en 2021 y vinculado al tráfico de combustible) habría financiado campañas de Morena en el estado, incluyendo la de Villarreal.
También se han señalado el apoyo electoral que recibió de la Columna Armada Pedro J. Méndez, un grupo de autodefensas que las autoridades han vinculado en diversos momentos con actividades delictivas.
Villarreal ha rechazado estas acusaciones, calificándolas de “intentos de desestabilización política” por parte de la oposición estatal (ligada al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca).
El caso de “El Pollo” Gallardo es distinto, ya que él incluso enfrentó procesos legales antes de ser gobernador.
En 2015, Gallardo Cardona fue detenido y encarcelado bajo cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque fue liberado por falta de pruebas suficientes en ese momento, las sospechas sobre el origen de sus recursos han sido una constante en la prensa nacional.
Reportajes en Proceso han citado informes de la UIF que sugieren redes de triangulación de dinero que presuntamente involucran empresas fachada y posibles nexos con grupos delictivos para financiar sus actividades políticas.
Gallardo sostiene que todas las acusaciones han sido juzgadas y que su patrimonio es legal, atribuyendo los señalamientos a persecución política.
A diferencia de otros políticos bajo sospecha, Yarrington, quien fue exgobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005, fue capturado, extraditado y sentenciado.
Un juez en Texas lo sentenció a 9 años de prisión por aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos.
Según la acusación del Departamento de justicia de Estados Unidos, Yarrington recibió pagos del Cártel del Golfo y de Los Zetas a cambio de permitirles operar libremente en Tamaulipas y de facilitar la importación de cocaína y marihuana hacia territorio estadounidense.
Investigaciones periodísticas y declaraciones de testigos protegidos señalaron que el dinero del narcotráfico no solo benefició su gestión, sino que fue utilizado para financiar campañas políticas del PRI en la entidad durante años.
Se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, lo que permitió que se desestimaran otros cargos de tráfico de drogas en el acuerdo con la fiscalía.
El caso de Sandoval, exgobernador de Nayarit de 2011 a 2017, es emblemático por la cercanía con su exfiscal, Édgar Veytia, alias “el Diablo”, quien fue sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico.
El Departamento del Tesoro de EUA lo incluyó en su “lista negra”, señalando que Sandoval recibió sobornos de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Cuinis.
Durante el juicio contra Genaro García Luna en 2023, Veytia testificó que Sandoval tenía acuerdos con el Cártel de Sinaloa y posteriormente con el CJNG para financiar su ascenso político y proteger sus operaciones.
Sandoval fue detenido en 2021 y la FGR lo vinculó a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, señalando un crecimiento desproporcionado de su patrimonio.
Partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han señalado que la reforma ignora sanciones críticas que podrían desincentivar el financiamiento ilícito.
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que su bancada no acompañará la propuesta al no incluir sanciones severas contra partidos y candidatos que reciban dinero del crimen organizado.
“El Grupo Parlamentario del PAN no va a acompañar esta reforma, porque no contiene lo que nosotros exigimos como demanda principal y es sanciones severas a los partidos y a los candidatos que reciban apoyo y dinero del crimen organizado y del narcotráfico”, aseveró.
Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara Alta, Manuel Añorve Baños, sostuvo que a la 4T poco le preocupa perder financiamiento público, pues cuenta con recursos suficientes de origen ilícito.
“A ellos no les preocupa que les quiten el 25, el 30 o el 50%; tienen el dinero del huachicol fiscal”, expuso el político guerrerense.
En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, enfatizó que “el Estado mexicano necesita tener mecanismos mucho más efectivos para evitar la infiltración del crimen organizado en la estructura política administrativa”.
Con información de Político MX
