La deuda pública de México en su expresión más amplia, al cierre de julio de 2026 alcanzó los 19.22 billones de pesos, 0.3% en términos reales por arriba de la cifra de 2025 y la más alta desde que se tiene registro, lo que sí bien se puede leer como que la actual administración aplicó un esquema de consolidación fiscal para reducir el endeudamiento del país, la tendencia inercial del endeudamiento no pudo ser revertida, sí acaso, le bajaron de velocidad.
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los ingresos tributarios no petroleros (ISR e IVA, principalmente) han crecido sostenidamente, de forma tal que, en 2025, representaron el 15.2% del Producto Interno Bruto, una cifra récord, no obstante, los compromisos a sufragar por el lado del gasto han presionado en forma insistente, obligando a las autoridades monetarias a cuadrar el balance con más deuda.
Uno de los saltos más relevantes en la acumulación de la deuda púbica se aprecia en 2024, con un aumento de 11.9% en términos reales, que fue también la mayor alza desde 2015, año en que esta misma variable, el Saldo Histórico de los Requerimiento Financieros del Sector Publico (SHRFSP), que como se sabe es la representación más amplia de la deuda del gobierno y coincidió con el último año del gobierno de López Obrador.
La herencia de pasivos que recibió Claudia Sheinbaum explica su propuesta inmediata al tomar las riendas del gobierno, sobre la necesidad de una consolidación fiscal. En la gráfica se aprecia que las administraciones morenistas utilizaron como palanca el endeudamiento público para sacar adelante los amplios programas de gasto, que sí bien ya con López Obreador había suficientes para mantener un fuerte nivel de gasto, la mandataria entrante incorporó su propio sello con nuevos programas y proyectos.
En los comparativos internacionales, se utiliza el monto de la deuda del país respecto al tamaño de la economía. Es decir, como en las finanzas de las personas o las familias, más allá de la cifra absoluta en pesos y centavos de lo que se adeuda, en el fondo está la capacidad de pago o de generación de recursos para hacer frente a su volumen de gasto, o de endeudamiento.
El SHRFSP, o tamaño de la deuda respecto a la riqueza que genera el país alcanzó el 51.5% a julio de 2026, que si bien es 1.1 puntos porcentuales menos que al cierre de 2025, por tercer año consecutivo se mantiene en sus niveles históricos más altos, además aún falta casi la mitad del año por transcurrir y hay que tener presente que es en el último tramo del año es cuando el gobierno ejerce la mayor parte del presupuesto.
Dos rubros que en forma sostenida presionan el gasto son el costo financiero de la deuda y el gasto en pensiones y jubilaciones, ambas se ubican dentro del gasto no programable, es decir, que no dependen de un calendario de pagos elaborado por el gobierno, para desembolsar en el momento en que los ingresos brinden cierta holgura para su ejercicio. La dificultad con estas variables es que tiene su propio calendario de pagos y son una mezcla de vencimientos de mediano y largo plazo.
Ente enero y julio de 2026 el desembolso por costo financiero fue de 759 mil 369 millones de pesos, sí bien el 4.9% inferior al pago del mismo mes de un año antes, llama la atención que, de julio de 2015 al mismo mes de 2026, tanto el aumento en la contratación, las renegociaciones, pero sobre todo el aumento en las tasas de interés a nivel global, lo ha disparado en 95% en términos reales.
El gasto en pensiones y jubilaciones en los primeros siete meses del año fue de 990 mil 568 millones de pesos, una cifra que mes a menos por lo menos en los últimos 10 años marca un nivel récord y seguramente superará en agosto el billón de pesos. El desembolso crece en promedio cada año más de cinco por ciento en términos reales. En los últimos once años el desembolso creció 76% en términos reales.
Las deudas se abultan y cada vez el margen para el manejo del gasto plantea retos, de forma tal que de no llevar a cabo una reforma para reducir la vulnerabilidad fiscal. Surgen ya opiniones en términos de asegurar el aumento de los ingresos fiscales, a fin de mejorar el balance sin elevar la carga sobre el sector formal en detrimento de la competitividad y el crecimiento de la economía.
