Ciudad de México.- La designación de terroristas a carteles mexicanos podría impactar dentro de Estados Unidos e, incluso, involucrar a los fabricantes de armas como facilitadores para la operación de estos grupos, consideró Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence.

Al participar en la mesa “Aporte del Seminario sobre Violencia y Paz en la discusión sobre las armas de fuego en México”, el analista dijo que políticos locales podrían verse involucrados pues muy probablemente ha habido cabildeo de organizaciones criminales mexicanas para flexibilizar la venta de armas en los estados fronterizos.

“Los estados del sur de Estados Unidos tienen unas leyes más laxas para la venta de armas si los comparamos con los estados del norte de Estados Unidos, esto quiere decir que probablemente ha habido un trabajo de cabildeo no solamente de los empresarios de las armas que operan en el sur de Estados Unidos sino también de los carteles en los congresos estatales.

“Probablemente, hay también una complicidad de las clases políticas locales de algunos estados con líderes criminales mexicanos para aflojar las leyes y poder ellos adquirir más armas, o sea, no solamente fue un cabildeo de los empresarios que venden armas, sino probablemente también de los propios líderes criminales que querían que estos legisladores relajaran varias restricciones”, planteó.

El pasado 20 de enero, el Presidente de Estados Unidos instruyó al Departamento de Estado para que se designe a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y de esa forma aplicar la legislación en la materia, que permite a las autoridades de ese país un mayor margen de acción.

De acuerdo con información difundida este jueves por The New York Times, las cinco organizaciones mexicanas que serían consideradas terroristas son: Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste, Cartel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y Carteles Unidos.

Guerrero consideró que habrá una problemática para delimitar la estructura de cada organización, pues tiene una conformación cambiante y las alianzas que eventualmente mantiene cohesionadas a las familias que se adhieren a un liderazgo se rompe constantemente.

“El Cartel de Sinaloa, antes de su escisión, estaba constituido aproximadamente por 26 organizaciones que formaban la cúpula en varios estados del país. Por ejemplo, la familia Salazar tenía la delegación del cártel en Sonora, la familia Cáceres en otro estado, la familia Páez, y así nos podríamos ir porque son conglomerados de familias criminales.

“Y estas familias se rebelaron contra los hermanos Guzmán, que traicionaron a la familia Zambada. De manera que yo no sé, no tengo la menor idea, cómo van a designar organización terrorista a un conglomerado de células que ya no tiene forma, que ya no tienen comunicación y que están en guerra”, expuso.

Javier Schütte, abogado postulante en Schütte y Delsol Abogados y profesor en el ITAM, dijo que el Gobierno mexicano tiene razón en la demanda que interpuso en las cortes de Estados Unidos de acusar a los fabricantes de armas de negligencia, pues fabrican sus productos a sabiendas que son adquiridos por los grupos criminales mexicanos e, incluso, dirigidos a ellos.

La mesa estuvo moderada por Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México, quien dijo que el Seminario sobre Violencia y Paz ha contribuido con investigaciones académicas a demostrar el impacto del tráfico de armas estadounidenses en el País y algunos de sus estudios han sido utilizados como argumentos ante los tribunales.

“El Seminario sobre Violencia y Paz se dedica a hacer investigación aplicada. Entender la violencia para enfrentarla, para combatirla, para contenerla. Y uno de las orígenes de la epidemia de violencia que padecemos son las armas que nos llegan desde Estados Unidos”, expuso.

Previo a la participación de los analistas, la actriz Marina de Tavira leyó el poema “Antígona González”, de Sara Uribe, que trata sobre la búsqueda de un hermano desaparecido en Tamaulipas.