La desclasificación ocurrió después de que la Unidad de Transparencia de la Marina solicitó el levantamiento de la reserva el 16 de septiembre
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desclasificó este viernes las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de 78 funcionarios vinculados a la Secretaría de Marina (SEMAR): 69 militares en activo y nueve exfuncionarios. Entre ellos figura el almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La decisión se produjo dos días después de que El Universal revelara que esa información permanecía reservada hasta el 1 de enero de 2030 bajo el argumento de seguridad nacional. La Unidad de Transparencia de la Marina formalizó la solicitud de desclasificación el 16 de septiembre ante la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro, y el Comité de Transparencia de la SEMAR aprobó el levantamiento de la reserva.
Las declaraciones ya están disponibles en su versión pública en la plataforma Declaranet, el sistema administrado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno donde los servidores públicos federales registran su patrimonio e intereses. La dependencia afirmó que la publicidad de esa información fortalece la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público.
El origen de la controversia se remonta al 1 de enero de 2025, cuando el Comité de Transparencia de la SEMAR reservó por cinco años los expedientes patrimoniales de más de 2.000 elementos navales que causaron baja a partir del 1 de octubre de 2024, fecha en que concluyó el sexenio de López Obrador. La institución sustentó esa decisión en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite clasificar como reservada aquella información cuya divulgación comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional con un efecto demostrable.
El dictamen oficial argumentó que hacer públicas las finanzas del personal naval representaba un riesgo real e identificable, ante la posibilidad de que integrantes del crimen organizado accedieran a datos sensibles y pusieran en peligro la vida de los exmilitares y sus familias. Bajo ese marco, la declaración patrimonial del almirante Ojeda Durán quedó bloqueada en Declaranet con el mensaje: “La información que corresponde a esta declaración patrimonial y de intereses se encuentra reservada en términos de las disposiciones legales aplicables en la materia”.
La medida generó un debate inmediato entre expertos en transparencia. Excomisionados del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y especialistas advirtieron, según consignó El Universal, que los formatos de declaración patrimonial no contienen datos que afecten la seguridad del Estado mexicano ni información personal protegida constitucionalmente en su versión pública.
Adrián Alcalá Méndez, excomisionado presidente del INAI, señaló al diario que la autoridad competente para revisar la decisión del Comité de Transparencia de la Marina es Transparencia para el Pueblo, el organismo que sustituyó al INAI. El excomisionado recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece con claridad que las declaraciones patrimoniales y de intereses deben ser públicas, salvo los rubros que puedan afectar la vida privada protegida por la Constitución.
Los datos ciegos consultados de forma exclusiva por Infobae México precisan la situación administrativa del almirante Ojeda Durán. El exsecretario se encuentra en retiro y no ejerce funciones propias como miembro en servicio activo de la Armada de México. Un Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1988 establece que todos los exsecretarios de Marina fungen como asesores del Alto Mando por su experiencia acumulada en el cargo.
Esa función asesora es de carácter honorario y no genera una remuneración adicional. Las percepciones económicas que recibe el almirante corresponden a su jerarquía y a los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no a un nombramiento ni a una contratación otorgada por la administración actual. Ojeda Durán acumula más de cinco décadas de servicio en la Armada de México.
La distinción es relevante para comprender el alcance de la desclasificación. Su declaración patrimonial no estaba reservada en razón de una función activa en el gobierno actual, sino como parte del bloque de expedientes que la SEMAR clasificó al cierre del sexenio anterior. La desclasificación de este 18 de septiembre elimina esa reserva y pone la información a disposición de cualquier ciudadano a través de Declaranet.
La presión pública fue determinante en la velocidad de la respuesta institucional. El 16 de septiembre, El Universal publicó la investigación del periodista Pedro Villa y Caña que documentó el doble blindaje sobre el patrimonio y el paradero del almirante Ojeda Durán, y reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) no había logrado localizarlo para una diligencia relacionada con el caso Farías Laguna. Al día siguiente, diputadas federales y locales del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron a Raquel Buenrostro la publicación urgente de las declaraciones patrimoniales del exfuncionario.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno respondió en menos de 48 horas con el comunicado de desclasificación. La dependencia subrayó que la publicidad de las declaraciones promueve y consolida los principios de transparencia, el acceso a la información pública y los mecanismos de participación ciudadana. La información desclasificada abarca tanto las declaraciones de los 69 militares en activo como las de los nueve exfuncionarios, y todas están disponibles en Declaranet en versión pública a partir de este jueves 18 de septiembre.
