Monterrey, NL.- Liliana Leal no sólo perdió su patrimonio y sus ahorros. La estafa que sufrió al comprar dos lofts que nunca se construyeron, la dejó deprimida, internada en un hospital por intentos de quitarse la vida y con un costoso proceso judicial en marcha, que las autoridades han preferido ignorar.

No es la única defraudada. En los 10 años pasados, suman alrededor de dos mil afectados por la familia Lobatón mediante su empresa Proyectos9 por más de 11 mil millones de pesos, saldo de la mayor estafa inmobiliaria registrada en Nuevo León a través de la promesa incumplida de la construcción de ocho edificios de esos departamentos.

“Es un fraude monumental de proporciones sin precedentes”, dice en entrevista con La Jornada, el abogado de las víctimas, Raymundo Ramírez Pompa, y añade: “Hay una evidente relación directa de encubrimiento y protección a los Lobatón por parte de la fiscalía y su estructura criminal, compuesta por Adrián de la Garza Santos y su hermano Filiberto. Es un clan que tiene secuestradas las instituciones de justicia de Nuevo León.

“Se trata de un esquema Ponzi, un fraude piramidal. Sin la anuncia, aquiescencia y confabulación de las autoridades judiciales, no se hubiera podido sostener impunemente a la familia Lobatón durante 10 años. La fiscalía ha negado el acceso a la justicia a los afectados con engaños o diciendo que falla el sistema. Las pocas personas que lograron presentar sus denuncias no tuvieron el impulso de las autoridades y terminaron desechando sus procesos. El alcalde Adrián de la Garza tiene el control total de la fiscalía y no permite la justicia, protegiendo a los Lobatón.”

Sólo maquetas

Los hermanos Lobatón Bernard, socios de la empresa son: José, Juan, Ricardo, Yvonne, Marie Anne, Beatriz y Luz, así como sus sobrinos Juan Bernardo y Fernando. Juntos crearon la empresa Proyectos9, ubicada en calzada del Valle 401, en la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Los accionistas son hijos de Ricardo e Ivonne.

En los últimos años se les permitió vender departamentos “en preventa”, práctica común en México que ha dejado a miles de personas estafadas, como en este caso. Los proyectos de maqueta, sin construir o sin concluir son: Torre LaLo, LoLa, Moca Verde, Moca Amarillo, Moca Azul, Volga, Las Palmas y SOHL, ubicados en Monterrey y San Pedro. El edificio Chinatown, supuestamente iba a contar con 450 locales de venta de productos de tecnología, como gadgets, computadoras, celulares y servicios especializados de diversas marcas.

“Me dijeron que los 4 millones que pagué hace cuatro años se iban a multiplicar y que al momento de recibir el departamento iba a poder revenderlo en 8 millones. Pensé que era algo bueno para mi vejez”, dice en entrevista Liliana Leal, quien compró dos lofts en la Torre SOHL, ubicada en en avenida Constitución 999, diseñada por los arquitectos Javier y Fernando Sordo Madaleno.

“El representante de la empresa, José Lobatón, habla muy bonito. Ahora sé que tiene rasgos de sicópata. En las juntas nos ponía videos y nos decía que su familia tiene 48 años en el medio de la construcción y mostraba lo que había erigido, por eso pensamos que era gente de fiar.”

Liliana cuenta que estuvo haciendo pagos mensuales, pero nunca vio avances en la construcción del edificio. “Pasaban años, y nada; nos decían puras mentiras. Luego me puse a investigar y vi el fraude que los Lobatón hicieron en el proyecto fallido Chinatown, en 2018, en el centro de Monterrey. Me dije: ‘¿por qué no investigué antes de meter mis 4 millones de pesos?’”.

A continuación, decidió hacer guardia afuera de las oficinas. “José Lobatón me recibió en siete ocasiones y siempre me daba excusas y mentiras. Luego, a mí y a otros nos decía que era muy amigo del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y por eso iba a tener pronto los permisos”.

Acciones penales

Cuando Liliana vio que nunca iban a construir el edificio, pidió la devolución de su dinero. Entonces, Lobatón le pidió firmar otro contrato, esta vez, de terminación.

“Me dio un contrato de terminación fraudulento. Dijo que si no me cumplía, daría el 20 por ciento de indemnización el 1º de julio de 2025. Lo leí y estaba bien; luego de que se llevaron el documento para escribir los nombres, volvieron y detrás de mí se pusieron dos abogados. Recuerdo que yo estaba muy vulnerable tomando pastillas siquiátricas, y al final firmé. Pero luego me di cuenta de que lo cambiaron diciendo que soy yo quien debía pagarles el 20 por ciento, es decir un millón de pesos. Me hicieron chanchullo: me lo voltearon”.

Dice que por el fraude se enfermó, estuvo deprimida e internada por tener ideas suicidas: “Tomo medicamentos siquiátricos por este problema tan grave. La regué al confiar, pero ellos son unos rateros. El sicópata de José Lobatón no tiene sentimientos; son los ahorros de la gente”.

Liliana demandó penalmente, igual que otras 200 personas. “Hay muchos que aún creen que les van a dar los departamentos, pero no es así. Los Lobatón no tienen dinero, no hay banco que les dé un crédito porque José Lobatón tiene más de 200 demandas porque tampoco le pagó a constructores, a los abogados, al de los materiales o a los desarrolladores. Es un pillo. La familia Lobatón es una familia de rateros. Su hermana Marie Anne ya se fugó a España. Todos están metidos en los fraudes, todos hacen negocios de bienes raíces. Les dicen los robatones. A su papá desde los años 80 ya le decían robatón”.

–¿Por qué no detienen a José Lobatón? –se le pregunta.

–Porque está protegido por la fiscalía y el Poder Judicial, operados por Adrián de la Garza desde hace 15 años. José Lobatón juega golf en Valle Alto y pasea a sus perros en la calzada San Pedro como si nada; por eso queremos que intervenga la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ir a plantarnos desde las cuatro de la mañana afuera de Palacio Nacional. Monterrey está podrido.”

Esquema Ponzi

El abogado Ramírez Pompa, experto en bienes raíces, señala que los Lobatón construyeron un esquema Ponzi para cometer este fraude “monumental”.

Explica: “esta historia empezó hace 10 años bajo dicha figura. Primero lanzaron un proyecto generando preventas; luego otro, de un edificio de departamentos, sin haber empezado el primero; después un tercer proyecto, y así sucesivamente hasta llegar el octavo. Todos sin construir o terminar”.

Asegura que el aspecto más “relevante y criminal” de este caso es la forma en que construyeron el fraude. Dice que en diciembre de 2023, Juan Lobatón y su hijo Juan Bernardo salieron de la empresa de Proyecto9 para hacer un nuevo desarrollo de casi mil departamentos:

“Hay una correlación. De la primera empresa, un hermano, con el sobrino de 30 años, desaparecieron el dinero de ocho edificios y crearon otra empresa con esos fondos. ¿Cómo desaparecieron miles de millones que ahora aparecen en otro lado? ¿Cómo es posible que el sobrino de 30 años que salió en 2023 de Proyectos9 ahora sea dueño del proyecto Montevo, ubicado en Las Torres en la zona Valle Oriente, con más de mil departamentos y un costo mínimo 5 mil millones de pesos?

“Esta es una estructura de corrupción compuesta por la familia Lobatón; las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Adrian de la Garza Santos, quien además controla el Poder Judicial, y la fiscalía, donde operan con completa impunidad, brindándoles protección. Aquí hay lavado de dinero, no sólo es un fraude gigante. Se ha destapado una cloaca.”

Ante la impunidad que han sufrido los afectados, el abogado solicita que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga los casos. “En Nuevo León no existen las condiciones de acceso a la justicia, seguridad y certeza jurídica. Adrián de la Garza, su hermano Filiberto y su grupo político tienen secuestrados a la fiscalía, al Poder Judicial, al Congreso del estado y a la Auditoría Superior: tienen controlado casi todo”.

El abogado solicita que se activen mecanismos constitucionales desde el Estado mexicano para que se decomisen inmuebles, fideicomisos, cuentas bancarias y activos con el fin de garantizar el pago del daño a las víctimas y reintegrarles su dinero, así como que pidan las audiencias de imputación”.

La próxima semana, José Lobatón tiene una audiencia de vinculación, pero no hay certeza de que acuda, ya que, según las víctimas, algunos de sus hermanos huyeron al extranjero.

Otro de los afectados, el ingeniero Luis Morales González, estuvo dos años en terapia y ha perdido 11 kilos de peso, consecuencia de esta estafa. En septiembre de 2021, entregó 650 mil pesos por un departamento de 56 metros cuadrados en el edificio Moca Verde, ubicado en Melchor Ocampo 490. “Empezaron a mover el terreno en 2022, pero no hicieron nada. A la fecha hay solamente un pozo”.

Los demandó penalmente en diciembre de 2025. “En el contrato hay una cláusula muy abusiva que señala que si yo incumplía, me iban a cobrar el 20 por ciento, pero el contrato no dice nada si ellos incumplen; tampoco venía una promesa de entrega. Para ellos no hay penalización”.

Dice que intentó que le devolvieran el dinero y que una empleada de nombre Daisy López lo convenció. “Me dijo que la única opción es que pusiéramos en venta mi departamento no construido y cuando liquidaran mi parte me pagarían. Es un esquema Ponzi. Era evidente que estaba metido en una estafa”.

Visiblemente abatido, exige respuestas: “Estamos pidiendo justicia, claridad, transparencia y respuestas. ¿Dónde está nuestro dinero? Lobatón dice que hay un fideicomiso por cada proyecto, pues que nos devuelva el dinero”.