Una jueza en Campeche ordenó que el medio Tribuna de Campeche cuente con un censor oficial y que el periodista Jorge Luis González Valdez sea supervisado en sus coberturas, como parte de medidas cautelares en un proceso penal por presunta incitación al odio tras publicaciones sobre la gobernadora Layda Sansores.

Estas medidas han sido rechazadas por González Valdez, quien sostiene que constituyen una forma de censura.

Al respecto, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, consideró en entrevista con Animal Político, que estas medidas son un exceso y ponen en riesgo la libertad de expresión tanto en Campeche como en el país.

“No tiene ninguna base, es una aberración jurídica, es un ataque directo a la Constitución por parte de esta jueza. Y evidentemente eso pues tiene que ser revertido de inmediato por parte de los tribunales federales en el caso de que acuda al juicio de amparo”, dijo Maldonado.

Sin embargo, el caso entre Sansores y Valdez no es el único en el que se han utilizado denuncias penales contra periodistas como mecanismos para restringir la libertad de expresión.

Desde 2018 se han documentado 158 casos de acoso judicial contra periodistas, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19. La organización señala que los procedimientos judiciales son utilizados como mecanismos para restringir la libertad de expresión.

En el último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los primeros dos meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se registraron 21 casos de denuncias en contra de periodistas, que incluyen litigios con demandas por daño moral y acusaciones de violencia política de género para frenar investigaciones sobre políticos, según el informe “Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información” de Artículo 19.

En promedio en 2024 se inició un proceso contra periodistas cada tres semanas. “El 28.57% de estas denuncias sucedieron en el marco electoral por violencia política de género”, indica el documento. Seis de éstos fueron por denuncias de presunta violencia política de género en contra de candidatas a un cargo de elección popular.

“Lo que implica que las candidatas que hicieron estas denuncias hayan aprovechado esta medida para proteger intereses propios”, aseguró la organización en el informe.

En mayo de este año se dio un caso similar que afectó al periodista Héctor de Mauleón. La entonces candidata al Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras, denunció violencia política en razón de género y calumnia, por una columna de opinión en la que Mauleón denunció que Contreras mantenía nexos con una red de corrupción. 

Ante estas acusaciones, el tribunal local ordenó al periodista abstenerse de escribir sobre ella, además de su inscripción al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

Contreras será magistrada presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó su elegibilidad y triunfo tras desechar las impugnaciones del PAN y una ciudadana.

Sin embargo, las denuncias contra periodistas no se limitan a las presentadas por autoridades, ya que particulares también han acudido a las fiscalías para promover investigaciones contra comunicadores que consideran incómodos.

El caso más conocido de este hostigamiento fue cuando Grupo Salinas y Banco Azteca interpusieron una denuncia en contra de 20 usuarios de la red social X, entre ellos había periodistas y comunicadores que cubrían el desempeño empresarial del conglomerado. Los procesos judiciales fueron iniciados por una presunta “campaña de desprestigio y terrorismo financiero”. 

En un caso similar entre los promovidos por particulares, el 15 de enero de 2025 Animal Político fue notificado de que el medio y una de sus periodistas habían sido demandados por la vía civil por un ginecobstetra prófugo de la justicia que ha sido señalado por más de 30 mujeres.

La historia, enmarcada en la problemática generalizada de violencia obstétrica, fue publicada por el medio desde marzo de 2023, y condujo a la formación del colectivo Con Ovarios, que presentó diversas denuncias penales contra el médico.

Ante la demanda civil que él promovió contra el medio y la periodista, la jueza Ana Mercedes Medina Guerra, del Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, favoreció al denunciante quien tiene una orden de aprehensión activa desde diciembre de 2024, concediéndole medidas cautelares que impiden a este medio seguir publicando sobre el caso. Organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado en el sentido de que se trata de un caso más de acoso judicial con fines de censura previa.

Periodistas sufren agresiones, pero no denuncian

En contraste, pese a que las agresiones contra periodistas no cesan, solo uno de cada tres presenta una denuncia ante una fiscalía estatal o federal, según otro informe, también de Artículo 19, titulado “Derechos pendientes”, publicado en 2024.

Lo anterior responde a que son las propias autoridades públicas las que en el 45 % de los casos cometen agresiones físicas contra las y los periodistas, también de acuerdo con el mismo informe.

Solo en 2024 se documentaron 639 agresiones en contra de periodistas y comunicadores, de los cuales 287 (que representan el 44.91 %) fueron ordenados directamente por funcionarios públicos, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas; 145 casos (22.70 %) fueron ordenados por particulares; seguido de partidos políticos con 28 agresiones (4.38 %) e integrantes del crimen organizado con 21 casos (3.29 %). Los 158 casos restantes no pudieron ser corroborados. 

Además, existe una gran desconfianza en las autoridades. El 84.77 % de casos de violencia llevados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), permanecen en impunidad. 

Esto en un contexto en el que los funcionarios públicos, incluidos alcaldes, policías y miembros del Poder Judicial, son señalados por sus presuntos vínculos directos con las organizaciones delictivas, lo que facilita que los crímenes en contra de periodistas permanezcan impunes y que cada vez sean menos denunciados, dice el informe.

Además, se tiene registro de 47 periodistas asesinados y 31 desaparecidos durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Con el gobierno actual, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han registrado al menos 10 asesinatos de periodistas desde octubre de 2024 hasta abril pasado.