Monterrey.- Diputados locales del PAN y PRI presentaron denuncias penal y administrativa contra el Gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, por el presunto uso de recursos públicos con fines electorales durante actividades relacionadas con el Mundial 2026.

La denuncia penal fue interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción, mientras que la administrativa se presentó ante la Unidad de Seguimiento e Investigación de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Los recursos fueron promovidos por los diputados Armida Serrato y Fernando Aguirre, del PRI, así como Carlos de la Fuente y Claudia Caballero, del PAN.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía, los legisladores sostienen que existió una estrategia de promoción personalizada mediante el uso de recursos humanos, materiales y financieros del Gobierno del Estado durante el partido entre las selecciones de Marruecos y Países Bajos, disputado el pasado lunes como parte del Mundial 2026.

Según los denunciantes, durante ese evento se distribuyeron playeras color naranja, se movilizó a funcionarios estatales y se realizaron otras acciones que presuntamente vulneran los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad que deben regir a la administración pública.

Por estos hechos, los legisladores consideran que Samuel García y Mariana Rodríguez podrían haber incurrido en delitos como peculado, delitos patrimoniales cometidos por servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

Asimismo, señalaron un posible uso indebido del servicio público o desempeño irregular de funciones, además de la presunta utilización de personal gubernamental en horario laboral y la contratación, adquisición o distribución de las playeras.

La diputada Armida Serrato afirmó que el Gobernador utilizó un helicóptero Black Hawk del Estado únicamente para trasladarse al Puente Colombia, donde se reunió con aficionados de Países Bajos.

“Es decir, el Gobernador de Nuevo León utilizó un bien para un fin distinto al de su objeto. Abordó el Black Hawk para recreación, en lugar de utilizarlo para la seguridad pública de Nuevo León”, expresó.

La legisladora añadió que el uso de la aeronave implicaría un presunto uso indebido de recursos públicos, al considerar que el helicóptero fue adquirido para labores de seguridad y no para actividades de carácter recreativo o de promoción.