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Denuncian a Fiscal Anticorrupción de Morelos por red de moches junto a su hijo

Se coludieron para beneficiar expedientes específicos de víctimas y obtener ganancias económicas

Se coludieron para beneficiar expedientes específicos de víctimas y obtener ganancias económicas
Leonel Díaz Rogel. Foto: Facebook Fiscalía Morelos
Agencia Reforma
ZOCALO | MONCLOVA
04-06-2026
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Ciudad de México.- El Fiscal Anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, fue denunciado ante la FGR por participar en una red, junto con su hijo, Leonel Díaz Grajales, que cobraba moches de hasta 25 por ciento a las víctimas de delitos que recibieron pagos por reparación del daño.

Según la denuncia presentada por la Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, Eva Penélope Picazo Hernández, padre e hijo hicieron uso indebido de información y traficaron influencias para despojar a víctimas de parte del dinero que provenía de recursos federales.

El padre desde la Fiscalía Anticorrupción, y el hijo desde la Comisión de Atención a víctimas se coludieron para beneficiar expedientes específicos de víctimas y obtener ganancias económicas.

Al iniciar el Gobierno de la morenista Margarita González, en 2024, Díaz Grajales fue contratado dentro de la Comisión y tuvo acceso directo a expedientes, bases de datos y procesos relacionados con la reparación integral de víctimas.

Tras su salida, habría utilizado esa información para representar legalmente a un grupo de personas previamente registradas, orientando sus casos hacia la obtención de recursos del fondo federal.

Mediante contratos privados, abundó Picazo, pactó honorarios de hasta el 25 por ciento del monto obtenido por concepto de reparación integral.

La funcionaria informó que, durante ese mismo periodo, la Fiscalía Anticorrupción -encabezada desde mayo de 2025 por Díaz Rogel- solicitó información confidencial sobre expedientes específicos vinculados a personas representadas por su propio hijo, lo que habría generado un contexto de presión institucional sobre la Comisión encargada de administrar los recursos.

Para Picazo, estas conductas podrían constituir delitos como peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, así como actos de intimidación y extorsión institucional.

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