Integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunciaron que les fue retirado el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos al que ingresaron en marzo de este año, después de recibir amenazas tras el hallazgo de segmentos óseos y cientos de artículos personales en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

Este lugar, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), era utilizado como centro de reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Raúl Servín, integrante del colectivo, dijo a Animal Político que sin ninguna explicación le dijeron que le retirarían las medidas de protección, incluyendo a los elementos de la Guardia Nacional que le habían asignado para custodia y vigilancia.

Al cuestionar la razón, el padre buscador solo recibió como respuesta que eran las órdenes que habían recibido y que por el momento ya no iban a tener la protección.

Indicó que no todos los miembros de colectivo cuentan con este mecanismo, pero que alrededor de 12 de los integrantes recibieron la misma llamada con esta notificación, en su mayoría, por parte de los elementos de la Guardia Nacional que los custodiaban.

Raúl Servín indicó que la fundadora de Guerreros Buscadores, Indira Navarro, se encuentra en la Ciudad de México para tratar de resolver que se reinstale el Mecanismo de Protección para su colectivo y estará en pláticas con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación.

“Con seguridad o sin seguridad no podemos parar las búsquedas” 

El padre buscador dijo temer por su integridad y la de su familia ya que en su labor en campo contaban con el acompañamiento de la Guardia Nacional y también hacían vigilancia afuera de sus viviendas. En su caso tenía la protección de la Guardia Nacional tres días a la semana, otros compañeros la tienen las 24 horas.

Pese a ello dijo que con seguridad o sin seguridad continuarán con su búsqueda.

“Nosotros no podemos parar las búsquedas, con seguridad o sin seguridad nosotros tenemos que seguir avanzando porque tenemos que encontrar a los nuestros”, dijo Raúl Servín.

Recordó que han recibido amenazas para que ya no sigan buscando a sus familiares desaparecidos o que cuando acuden a zonas a hacer labor de campo los han recibido con machetes o armas de fuego, a lo que se suman las intimidaciones por parte del crimen organizado y el ataque y asesinato de madres y padres buscadores.

“Ahora no tenemos ninguna medida, nosotros salimos a trabajar, tenemos familia, aquí se quedan ellos y ahora no están protegidos”, dijo el integrante de Guerreros Buscadores quien busca a su hijo Raúl Servín Galván, desaparecido el 10 de abril de 2018 en Tlajomulco de Zúñiga.

Relató que en una de las llamadas a una de sus compañeras le dijeron que una persona de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue quien dio la orden de que se les retiraran las medidas de protección.

CNDH dice que se venció la “vigencia” de las medidas de protección 

Al respecto, la CNDH rechazó que haya sido el organismo el que solicitó el retiro de medidas cautelares e indicó que las medidas tienen una vigencia determinada.

“Aclaramos que este organismo no tiene facultades para determinar un eventual retiro de medidas de protección otorgadas en favor de personas defensoras de derechos humanos. Las medidas tienen una vigencia determinada; en este caso, como muchos otros, la Guardia Nacional solo nos informó institucionalmente y, de manera personal o colectivamente, a los beneficiarios”.

“Derivado de esta normatividad, la CNDH ha solicitado la continuidad de dichas medidas para garantizar la integridad física de las personas defensoras que así lo requieran. Nuestro compromiso es seguir acompañando a las víctimas o a quienes estén en riesgo de serlo, y actuar dentro de nuestras competencias”, dio a conocer a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

Las medidas de protección buscan garantizar la integridad de las personas amenazadas como consecuencia de su actividad e implementar un esquema de protección y acompañar al beneficiario quien pasa a estar oficialmente bajo la protección del Estado.

Las medidas ofrecidas pueden ir desde patrullas policiales regulares y el uso de escoltas, vehículos blindados y chalecos antibalas, botones de pánico, provisión de teléfonos celulares, cámaras, hasta la reubicación del beneficiario en otra ciudad.

La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es el máximo órgano del mecanismo, responsable por evaluar y decidir sobre el otorgamiento y la suspensión de las medidas y está conformado por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto: un representante de la Secretaría de Gobernación; uno de la FGR; de la Secretaría de Seguridad; de la la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); un representante de la CNDH; y cuatro representantes del Consejo Consultivo de la Junta de Gobierno, elegidos de entre sus miembros.

Foto: Cuartoscuro Archivo

De acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), el aumento exponencial de la demanda del Mecanismo de Protección en los últimos años no ha sido acompañado de un fortalecimiento suficiente del cuerpo técnico-operativo, revelando una importante limitación en el cumplimiento de su misión.

Entre las principales deficiencias del Mecanismo se encuentran la falta de políticas de prevención y de inversión en el área de salud mental, y la ausencia de un adecuado seguimiento a las y los beneficiarios para monitorear posibles cambios en su nivel de riesgo.

Apenas el 9 de julio, integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para abordar diversos temas, entre ellos la petición para prevenir y detener el reclutamiento forzado de menores a través de redes sociales y abordar algunas observaciones de la reforma sobre la búsqueda de personas.

Desde la perspectiva del colectivo, la falta de iniciativa por parte del Senado y el formato de los diálogos han sido una muestra de que no hay una voluntad real para tomar en cuenta a las familias, pues las mesas no se desarrollaron en una lógica de revisar la iniciativa, sino que se han abordado temas en general y sin metodología.