CIUDAD DE MÉXICO.— La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, denunció la existencia de una presunta red de empresas fachada que obtuvo contratos millonarios con el Instituto Nacional Electoral (INE) y diversos organismos públicos locales electorales (OPLEs), acumulando un monto superior a los 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria detalló la estructura operativa del conglomerado, señalando como presuntos operadores a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, así como a sus familiares Raymundo Hernández Velázquez y Tatiana Patricia Hernández Velázquez. De acuerdo con la investigación, los involucrados utilizaban al menos seis razones sociales para simular competencia en los procesos de licitación pública de papelería y materiales electorales.

Buenrostro explicó que las compañías compartían representantes legales, administradores únicos, domicilios fiscales e incluso socios familiares, un modus operandi orientado a esquivar los controles de fiscalización institucional. "José Alfredo Hernández Casillas hasta hace poco estuvo participando formalmente en las empresas, pero en años recientes ya le dejó el control a sus hijos... como ven, estos son los familiares que participan en cuatro de las empresas", expuso la secretaria al presentar el organigrama registral.

Ante los hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició el rastreo de los flujos de capital ante posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. En tanto, el expediente fue remitido a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar responsabilidades administrativas y penales.

Por su parte, las autoridades del Ejecutivo federal reiteraron el compromiso de mantener la revisión en los procesos de contratación del Estado, asegurando que se llegará hasta las últimas consecuencias contra quienes hayan incurrido en simulaciones o desvío de recursos públicos en materia electoral.