CIUDAD DE MÉXICO.— La dirigencia y coordinación parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados defendieron la legalidad de la entrega de monederos electrónicos a sus 254 legisladores, un esquema que involucra tarjetas con saldos de entre 30 mil y 50 mil pesos por integrante y que suma una bolsa acumulada superior a los 63 millones de pesos.

El grupo parlamentario argumentó que estos plásticos corresponden a un mecanismo de asignación transparente para gastos operativos, viáticos y apoyos de gestión territorial en sus distritos electorales, e incluso a un adelanto de prerrogativas ordinarias de fin de año.

Pese a las explicaciones, la entrega de estos beneficios provocó inconformidad dentro del propio bloque oficialista. Integrantes del Partido del Trabajo (PT) cuestionaron de forma directa el reparto preferencial de los recursos y reclamaron la falta de equidad presupuestal entre los grupos aliados, recriminando la postura con el cuestionamiento de por qué se beneficia exclusivamente a la bancada mayoritaria.

El caso ha desatado críticas de expertos en transparencia e integrantes de la sociedad civil, quienes han advertido que el reparto de fondos mediante plásticos ejecutivos evoca esquemas del pasado y deja abierta la puerta a vacíos de fiscalización respecto al origen, la rendición de cuentas y la comprobación fiscal de los presupuestos asignados.