Oaxaca.- A 10 años de la masacre de Nochixtlán que dejó ocho muertos y 198 heridos, no se ha impartido justicia en México pese a que el caso se encuentra en organismos internacionales, razón por la que el asunto podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado Mexicano pueda ser sentenciado.

Así lo reconoció Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, quien resaltó que, por el momento, el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas y en la Relatoría Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU.

El desalojo se realizó el 19 de junio de 2016, durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Gabino Cué Monteagudo, cuando maestros de la Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), apoyados por padres de familia, realizaron acciones de protesta, entre ellas el bloqueo carretero en Nochixtlán, por la “imposición” de la reforma educativa.

En aquella ocasión, fuerzas del Estado desalojaron violentamente a los maestros y vecinos de Nochixtlán, con saldo de ocho muertos y 198 heridos.

Los sobrevivientes exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que se judicialice la carpeta de investigación número FED/OAX/OAX/0000820/2016, presentada el 18 de agosto de 2017 en la entonces Procuraduría General de la República (PGR). En la denuncia individualizada de los hechos acusaron directamente como autores intelectuales a Peña Nieto, Cué Monteagudo, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fungía como secretario de Gobernación, y a Enrique Francisco Galindo Cevallos, excomisionado general de la Policía Federal.

Según la Recomendación 7VG/2017, la CNDH documentó graves violaciones determinando que el operativo estuvo mal diseñado, preparado y ejecutado, acreditando un uso excesivo de la fuerza letal por parte de las corporaciones policiales.

Santiago Reyes hizo hincapié en que, desde el domingo 19 de junio del 2016, su organización ha dado acompañamiento a las víctimas directas e indirectas de los hechos ocurridos el 19 de junio del 2016, y el 15 de junio del 2017 acudió a la CIDH, con sede en Washington, para presentar una denuncia en contra del Estado Mexicano por la ejecución extrajudicial de siete personas.

Detalló que, con fecha del 15 de febrero del 2022, la CIDH trasladó al Estado Mexicano la denuncia presentada oportunamente y le concedió tres meses para que diera contestación, pero transcurrió dicho término y no pidió prorroga.

Cabe hacer referencia que una vez que se emita el informe respectivo se concederán cuatro meses a las partes para sus observaciones finales, se emita el informe de fondo respectivo y el caso puede ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, informó que el 11 de enero del 2023 recurrió ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas ONU por la tortura que sufrieron 10 indígenas mixtecos y fue presentada en contra del Estado Mexicano.

El 13 de octubre del 2023, el jefe de subdivisión de tratado de derechos humanos acusó de recibida la queja en la que informa que dicha comunicación fue admitida e iniciada a trámite, y que se le corre traslado al Estado Mexicano para que efectúe sus observaciones. La queja fue registrada con el número 1191/2023, por lo que el Estado Mexicano con fecha 11 de diciembre del 2023 dio respuesta a la solicitud al Comité Contra la Tortura.

Una vez que fue acreditado, probado y justificado el delito de tortura en la comunicación 1191/2023, de 10 víctimas de tortura ocurridas en el panteón municipal de Nochixtlán el 19 de junio de 20216, se está a la espera del dictamen que condene al Estado Mexicano por actos de tortura.

De igual forma, el 31 de mayo del 2024 se presentó una comunicación a la Relatoría Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el cual se denuncia la ejecución extrajudicial y sumaria de Omar González Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Silvano Sosa Chávez y Jesús Cadena Sánchez, por lo que se está a la espera de que el relator próximamente mencionara el caso en la comunicación dirigida al Estado Mexicano.

Finalmente, Santiago Reyes resaltó que “actualmente la justicia en México es de consigna y favoritismo, ya que el juez de control federal Álvaro Niño Cruz, que conoce de la carpeta judicial OAX/000501/2021, dictó una media cautelar diferente a la prisión preventiva a José Luis Rincón Alvarado y Froilán Carlos Cruz, y con arraigo domiciliario a Luis Enrique Cobián López y Jorge Isaac Trujillo Morales, por lo que solo se encuentra una sola persona privada de su libertad.

A 10 años de la masacre de Nochixtlán, “exigimos justicia y derecho a la verdad y continuaremos con la exigencia de justicia en los tribunales internos del cual poca credibilidad se tiene, y se continuarán los litigios a nivel internacional para que en su oportunidad este caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado Mexicano pueda ser sentenciado por su responsabilidad en la violación a la Convención Americana de Derechos Humanos como son el derechos a la vida y la integridad física.