Ciudad de México.- En los últimos 27 años, el Instituto Nacional Electoral (antes IFE) ha gastado casi 72 mil millones de pesos en la producción de la credencial de elector, que funciona como identificación nacional.

Así como en la construcción del Padrón Electoral, que contiene los datos biométricos de 99.6 millones de mexicanos. Esta es la base de datos más confiable en el país, pues se calcula que almacena la información del 93% de las personas mayores de 18 años.

Frente a esa inversión, expertos electorales y en seguridad ven infructuoso y oneroso gastar en la expedición de una nueva identificación oficial, como será la CURP biométrica, cuando el INE cuenta con una infraestructura para expedir 15 millones de credenciales anuales.

Ese plástico, que no sólo sirve para votar, pues es solicitado en cualquier trámite, es infalsificable, al contar con 40 elementos de identificación y seguridad, características que, advierten los especialistas, difícilmente tendría el nuevo documento gubernamental.

Como sucedió en sexenios pasados, del PAN, PRI y Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum revivió la intención de tener una identificación nacional y una base de datos que sirva como una herramienta para combatir al crimen y ayudar en la localización de personas desaparecidas.

Hace unos días, el Congreso aprobó en varias leyes la Clave Única de Registro de Población (CURP) con huellas dactilares y fotografía, que será el “documento nacional de identificación obligatorio”, por lo que, en físico o digital, deberá ser solicitado para cualquier trámite.

Además, se afirma que habrá una “interconexión” entre bases de datos públicas y privadas, y podrán consultarse por diversas autoridades de manera “inmediata”.

Dichas reformas prendieron focos rojos en dos temas: la sustitución de la credencial de elector por la CURP biométrica y el riesgo de que el Gobierno federal tenga acceso a la base de datos del Padrón Electoral.

Una nueva identificación

Desde 1992, el Instituto expide una credencial de elector, la cual ha cambiado drásticamente en 30 años.

La confiabilidad de ese plástico ha requerido cifras millonarias. En 1998, el organismo destinó mil 47 millones de pesos en la actualización del Padrón Electoral y la producción de la credencial, pero para el 2025 la cifra subió a 4 mil 705 millones 957 mil 499 pesos.

Al año, a través de sus 842 módulos, el INE emite 15 millones de identificaciones. Por ejemplo, de noviembre a la fecha se han expedido 9 millones 251 mil 254 credenciales, y están pendientes de entregar 700 mil.

Para consejeros y exfuncionarios electorales esto demuestra que existe unas infraestructura y estructura sólidas y confiables para seguir emitiendo un documento que, en los hechos, es la identificación nacional. Incluso, entre sus datos está la CURP.

Para Edmundo Jacobo, quien fue secretario ejecutivo del Instituto durante 15 años, no será fácil posicionar una nueva identificación, pues a la credencial de elector le costó 33 años consolidarse.

Además, frente a las necesidades en infraestructura y servicios en el país, es cuestionable el gasto.

“Habría un doble gasto. El INE destina el 33% de su presupuesto para la producción de la credencial de elector, en mantener casi 900 módulos, en seguridad cibernética. De este tamaño es el costo,  que no es del INE, sino del Estado mexicano, entonces debería aprovecharse.

“Tú vas al módulo a entregar tus datos personales, tus biométricos, con confianza, entonces no es cosa sencilla. Si el INE ya tiene ese reconocimiento social, pues que se use también para registrar a los menores de edad”, indica.

Para el exconsejero Marco Baños, desde el 2009, cuando el Gobierno de Felipe Calderón buscó una cédula de identidad, el Instituto realizó estudios en los que se advirtió que si las personas tienen otra identificación gubernamental, no tramitarían su credencial de elector.

Esto, afirma, desactualizaría el Padrón Electoral, y, en consecuencia, la participación en elecciones sería aún más baja. En la elección judicial fue del 13 por ciento.

‘Es muy onerosa’

“La ley dice que es obligatoria (la CURP), no hay opción para las instituciones ni las empresas. Entonces va a generar que las personas atiendan preferentemente ese mecanismo. Entonces el impacto va más allá. “Lo que debería de hacerse es no engañar al pueblo de México: decirle que ‘es muy onerosa’, y aprovechar la infraestructura que ya existe”, coincide.

El consejero Arturo Castillo demanda que el Gobierno aclare cuál es el alcance de la nueva CURP, pues en la legislación la define como “única”.

“(La ley) dice que la CURP es la fuente única de identidad de las personas. ¿Qué significa esto? ¿No voy a poder salir del país con mi pasaporte? ¿No voy a poder conducir con mi licencia o no voy a poder votar con mi credencial, y sólo lo voy a poder hacer con la CURP? Son preguntas que hay que resolver, es una cuestión de interpretación”, recrimina.

Para el consejero Uuc-Kib Espadas, ante los riesgos que representa una nueva identificación oficial en los procesos electorales, más que pedir prudencia al Gobierno, demanda una amplia discusión.

“Riesgos a futuro hay distintos. Dependerá de cómo se vayan concretando estas cosas. Ellos tienen conocimiento del asunto, intencionalidad, y esto, más que un asunto de reflexión del Gobierno, amerita una discusión pública muy amplia”.

Mal uso del padrón

Desde su creación en 1990, el Padrón Electoral mexicano ha pasado de ser una base de datos con errores y manipulaciones —nombres repetidos, fallecidos, datos falsos— a convertirse en el registro más confiable y blindado del país.

Actualmente, cuenta con estrictos controles de acceso, acuerdos con fiscalías y otras instituciones para identificación de personas, y herramientas seguras para verificar credenciales sin exponer información sensible.

Sin embargo, expertos y consejeros del INE advierten que las reformas recientes abren la puerta a que el Gobierno federal acceda de manera directa y sin orden judicial al padrón, bajo términos ambiguos como “consulta inmediata”, lo que podría debilitar la confianza ciudadana y poner en riesgo la neutralidad de las elecciones.

Consejeros como Jaime Castillo y Uuc-Kib Espadas temen que este acceso indebido podría usarse con fines políticos, evocando los temores originales al crear el IFE hace tres décadas.

Aunque el INE ha resistido hackeos, expertos advierten que el control del padrón por el Ejecutivo y el debilitamiento de entes autónomos como el INAI aumentan el riesgo de un uso faccioso de los datos personales.

La propuesta

Para el consejero Jaime Castillo, en lugar de entregar el control del padrón al Gobierno, podrían ampliarse los convenios para que autoridades accedan a información sólo en casos concretos, como ya ocurre con bancos y notarías, sin abrir toda la base de datos.

Castillo y exfuncionarios ven viable que el INE emita credenciales para menores, con seguridad similar a la actual, en lugar de crear una nueva CURP biométrica.

‘Base de datos es necesaria para combatir al crimen’

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, reconoce que contar con una base de datos biométrica es útil para combatir el crimen, como lo demuestran experiencias internacionales, pero advierte que en México el problema es la ausencia de controles claros sobre su uso.

La reciente aprobación de leyes que permiten la creación de la Plataforma Única de Identidad -que incluye huellas, fotografías y datos sensibles– no establece quién resguarda la información, cómo se protege ni qué límites existen para su uso. Para Rivas, esto representa un riesgo grave, especialmente en un país con antecedentes de corrupción y abusos de poder.

Rivas señala que el verdadero problema no es la existencia de la CURP biométrica, sino la falta de reglas que impidan el uso indiscriminado de datos por parte de cualquier funcionario. Pone como ejemplo a países como Italia, donde la información ciudadana está protegida con candados judiciales.

En contraste, en México, el Gobierno podría acceder a datos personales y de geolocalización sin autorización judicial, exponiendo a periodistas, activistas o ciudadanos a posibles represalias. Critica que en lugar de establecer candados legales firmes, se hayan dejado aspectos clave a reglamentos internos, lo que podría facilitar el uso indebido o incluso la venta de información confidencial.