Mientras en algunos estados el gasto anual por legislador ronda los 35 millones de pesos, en otros apenas supera los 5 millones, evidenciando una disparidad.
El costo de mantener a un diputado local en México presenta diferencias significativas entre entidades, con variaciones de hasta seis veces, de acuerdo con datos difundidos por la Presidencia de la República. Mientras en algunos estados el gasto anual por legislador ronda los 35 millones de pesos, en otros apenas supera los 5 millones.
Este contraste evidencia una disparidad en el uso de recursos públicos destinados a los congresos locales, donde el presupuesto asignado no sigue un criterio uniforme a nivel nacional. En promedio, mantener a un diputado local cuesta cerca de 16 millones de pesos al año.
Las cifras se dan en un contexto de revisión del gasto público y de propuestas para reducir privilegios en los poderes legislativos estatales, impulsadas desde el gobierno federal.
El caso más alto se registra en Baja California, donde cada diputado representa un gasto anual de aproximadamente 34.8 millones de pesos. Le siguen Morelos, con 31.8 millones, y Michoacán, con poco más de 30.2 millones por legislador.
También destacan la Ciudad de México y Jalisco, con costos superiores a los 26 millones de pesos por curul, lo que los coloca entre los congresos locales con mayor carga presupuestal por representante.
En el otro extremo, Colima presenta el menor costo, con 5.1 millones de pesos por diputado al año. Campeche, Yucatán y Puebla también se ubican entre las entidades con menor gasto, con montos que oscilan entre los 6 y 7 millones de pesos.
Estas diferencias responden no solo al número de legisladores, sino al presupuesto total asignado a cada congreso local, que incluye salarios, personal administrativo, operación y apoyos parlamentarios.
El debate sobre el costo de los congresos locales se intensificó tras el rechazo de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Cámara de Diputados. Ante ello, la mandataria planteó un plan B que busca reducir privilegios y contener el gasto legislativo, en un contexto donde Morena y sus aliados tienen mayoría simple en 26 congresos estatales.
