A través de un posicionamiento, la funcionaria sostuvo que los señalamientos deben ser investigados por las autoridades competentes
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, respaldó la decisión del organismo de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción, irregularidades y posibles conflictos de interés relacionados con el manejo de recursos públicos.
A través de un posicionamiento, la funcionaria sostuvo que los señalamientos deben ser investigados por las autoridades competentes, a fin de esclarecer los hechos y determinar, conforme a derecho, si existen responsabilidades penales y las sanciones correspondientes.
Humphrey señaló que la denuncia representa una actuación institucional para garantizar la legalidad y la transparencia, principios que, dijo, deben mantenerse en todas las actividades del órgano electoral, independientemente de las personas o los cargos involucrados.
La consejera retomó el anuncio del INE sobre la presentación de una denuncia penal contra quien o quienes resulten responsables, luego de los señalamientos sobre posibles irregularidades en contratos y procedimientos relacionados con el organismo.
En su pronunciamiento, destacó que la institución debe mantener una política de rendición de cuentas y permitir que las autoridades ministeriales revisen los hechos con imparcialidad y apego al debido proceso.
La funcionaria también recordó que el Instituto ha organizado distintos procesos electorales bajo sus atribuciones constitucionales y consideró que la denuncia forma parte de su obligación de actuar frente a cualquier señalamiento que pudiera comprometer el uso de los recursos públicos.
La decisión del organismo electoral se dio a conocer el 6 de noviembre, cuando informó que acudió formalmente a la FGR para solicitar que investigue posibles hechos de corrupción relacionados con contratos de años recientes.
Entre los procedimientos señalados se encuentran los vinculados con la elección judicial de 2025 y la producción de la credencial para votar.
El Instituto indicó que la denuncia busca que las investigaciones se realicen sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión.
Asimismo, reiteró que mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier conducta que pudiera afectar la integridad de los recursos destinados a sus funciones.
El anuncio ocurrió después de que el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente, informara a la Cámara de Diputados sobre seis denuncias penales presentadas contra funcionarios, exfuncionarios y empresas.
Entre los posibles delitos señalados por el funcionario se encuentran:
Durante su informe ante legisladores, Carvente también dio a conocer que ocho personas servidoras y exservidoras públicas, así como una persona moral, fueron emplazadas para comparecer en procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves.
De acuerdo con información difundida sobre el caso, entre las personas mencionadas en las denuncias penales estarían la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y el contratista Alfredo Hernández Casillas.
El titular del OIC también había señalado, durante una comparecencia el 30 de octubre, que cinco empresas presuntamente vinculadas entre sí recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales (OPLE), entre 2014 y 2025.
Las compañías tendrían vínculos con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, de acuerdo con los señalamientos expuestos por el funcionario.
