El Congreso de Campeche aprobó, con la mayoría de Morena y sus aliados, una iniciativa de reforma a la Ley de Expropiación propuesta por la gobernadora Layda Sansores, con la cual se faculta al las autoridades locales para adjudicarse predios mediante la figura de “utilidad pública”.

Aun cuando el gobierno estatal aduce que la razón de este proyecto es homologar la normativa con la legislación federal, diputados de oposición advirtieron que la reforma enviada por la mandataria estatal es una amenaza para la propiedad privada en el estado.

Uno de los puntos más controvertidos del dictamen es que se reducen los plazos para que los particulares que puedan resultar afectados con esta ley, puedan argumentar en contra de la declaratoria de utilidad pública, pues sólo se les conceden cinco días, en contraste con los 15 que establece la ley federal.

La diputada priista Delma Rabelo aseguró que esta reforma vulnera el estado de derecho y deja a los ciudadanos en la indefensión ante los actos de autoridad en contra de su patrimonio, pues aun cuando tiene la opción de recurrir al amparo, al estar ahora el Poder Judicial controlado por el oficialismo, será difícil que prospere.

Por su parte, Pedro Armentia, legislador de Movimiento Ciudadano, acusó que se trata de una forma disfrazada de despojo a los ciudadanos, pues con los cambios planteados por Ejecutivo el gobierno podrá adueñarse de los predios de manera inmediata y empezar obras en ellos sin haber terminado de pagar la indemnización correspondiente, para lo cual se fijan un plazo de hasta diez años. También advirtió de un conflicto de interés al ser la Secretaría de Finanzas del estado la encargada de los avalúos.

Aun cuando presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, el morenista Antonio Jiménez, aseguró en declaraciones a medios que la reforma enviada por la gobernadora Layda Sansores busca una ley más equitativa y justa en la que se le da a los ciudadanos la oportunidad de opinar y exponer sus puntos de vista sobre por qué un bien puede o no ser expropiado; negó también que la ley tenga dedicatoria o que vaya a expropiar propiedades de manera arbitraria.

Sin embargo, su compañero de bancada Carlos Ucán, en algunas publicaciones en su perfil de Facebook bautizó la reforma como “Ley Alito” y sugirió la posibilidad de que esta normativa pueda aplicarse para que el estado “recupere” bienes que el exgobernador adquirió de manera presuntamente ilegal y se destinen al bienestar “del pueblo”.