La indagatoria apunta al retiro de imágenes de cámaras 12 y 15 durante la noche
Ángel Aguirre , exgobernador de Guerrero, ingresó este jueves al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, acusado de delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas en el marco del caso Ayotzinapa. Fue detenido horas antes en Tepotzotlán y trasladado bajo custodia al penal de máxima seguridad, donde quedó a disposición del juez que libró la orden de aprehensión.
El exmandatario llegó al Altiplano a las 15:25 horas. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo del Grupo Especial de Operaciones, ejecutaron el dispositivo de traslado. Previamente, tras su captura, Aguirre Rivero fue puesto a disposición de la autoridad federal y sometido a una certificación médica.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron al exgobernador a las 09:46 horas sobre la autopista México-Querétaro, cerca de la caseta de cobro con dirección al norte, en la colonia Cedros del municipio de Tepotzotlán.
La orden de captura se obtuvo tras un nuevo análisis de las actuaciones acumuladas en el expediente del caso y la realización de diligencias adicionales, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR atribuye a Aguirre Rivero una posible participación en la desaparición de las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados y desaparecidos los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
De acuerdo con la investigación, un testigo declaró que las grabaciones fueron retiradas del inmueble y entregadas directamente a quien entonces gobernaba Guerrero. Un segundo testigo protegido señaló que el exmandatario presuntamente ordenó eliminar las evidencias relacionadas con los hechos ocurridos en esa zona de Iguala.
La desaparición de esas grabaciones ya había derivado en la detención de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, en mayo de 2025, por su probable intervención en el ocultamiento del material.
Tras aquella captura, Aguirre Rivero negó haber tenido conocimiento de los videos y aseguró que nunca dio instrucciones relacionadas con su manejo.
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa viajaban en autobuses retenidos para trasladarse a la Ciudad de México, práctica habitual entre los normalistas rurales. Alrededor de las 21:40 horas, policías municipales de Iguala bloquearon la salida de la ciudad e iniciaron la agresión. El saldo fue seis personas muertas —tres de ellas normalistas—, al menos 27 heridos y 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada.
Las investigaciones determinaron que en los ataques intervinieron policías municipales de Iguala, Huitzuco, Cocula y Tepecoacuilco, agentes de la Policía Ministerial de Guerrero, elementos de la entonces Policía Federal y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció en su sexto informe que todas las instancias de fuerzas de seguridad, desde la policía local hasta unidades del Ejército Mexicano y la Marina, estuvieron al tanto de los hechos. El GIEI también documentó que al menos tres agentes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) operaban dentro de la escuela al momento de los ataques.
En enero de 2015, el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó la llamada “verdad histórica”: los normalistas habrían sido entregados por policías a Guerreros Unidos, cuyos integrantes los habrían asesinado e incinerado en el basurero municipal de Cocula. El GIEI demostró que esa versión era científicamente imposible y concluyó que se trató de una campaña orquestada de desinformación para cerrar el caso.
El 18 de agosto de 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) determinó oficialmente que los hechos constituyeron un crimen de Estado en el que concurrieron el crimen organizado y agentes de múltiples instituciones públicas. Hasta la fecha solo se han identificado los restos de tres de los 43 normalistas. A lo largo de las investigaciones, 26 personas adicionales vinculadas al caso han muerto o sido asesinadas.
