Comenzó el juicio masivo contra 486 presuntos miembros de la pandilla MS-13.
Los asesinatos del sangriento último fin de semana de marzo de 2022, episodio que marcó un punto de inflexión en la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, llegaron a un juicio masivo que comenzó esta semana contra 486 presuntos miembros de la pandilla MS-13, un proceso bajo un nuevo modelo penal que es criticado por organismos de derechos humanos por restricciones al acceso a la defensa.
Uniformados de blanco, rapados y con mascarillas, cientos de acusados siguen el juicio por videoconferencia. De ellos, 413 están detenidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad emblema del Gobierno de Bukele, y otros 73 están prófugos, pero serán juzgados en ausencia.
Un tribunal especializado en crimen organizado lleva adelante el modelo de macroaudiencia por “más de 47.000 delitos” cometidos entre 2012 y 2022, según la Fiscalía General, entre ellos, ordenar 86 asesinatos entre el 25 y 27 de marzo de 2022. Es un modelo de juicio establecido tras varias reformas aprobadas en 2023 al Código Penal de El Salvador, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción que sigue vigente desde hace cuatro años y que suspende garantías constitucionales.
En estos procesos, los detenidos suelen contar con un defensor público. CNN intenta averiguar con qué tipo de acompañamiento legal cuentan las personas que están siendo juzgadas y cómo es el acceso a la defensa en este caso.
El Salvador comenzó 2022 con un promedio de 2,8 asesinatos diarios, una cifra que iba en aumento desde los últimos meses de 2021. El viernes 25 de marzo, las autoridades registraron 14 homicidios, lo que condujo a una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad, pero la escalada de violencia continuó el sábado. La Policía confirmó 62 asesinatos en esa jornada y 11 más el domingo.
Con esos números, es considerado el fin de semana más violento en el país desde la Guerra Civil de los años 80.
En medio de esa ola de sangre, Bukele pidió por redes sociales a la Asamblea que declarara inmediatamente el régimen de excepción. El Congreso, de mayoría oficialista, convocó a una sesión extraordinaria y alcanzó el 75 % necesario para aprobarlo.
El martes, cuando sí se permitió el acceso a los medios, la FGR dijo que presentó las declaraciones de testigos que señalan a 22 imputados como “ranfleros” (la máxima jerarquía de las pandillas) como responsables de ordenar más de 9.000 crímenes. Los acusados “daban autorización de asesinar a contrincantes, miembros de la corporación policial, elementos de la Fuerza Armada y cualquier persona que se opusiera a sus exigencias”, dijo la Fiscalía.
Las reformas a la ley de crimen organizado no individualizan la responsabilidad penal de los acusados y eliminaron la audiencia de valoración de pruebas.
No es la primera vez que decenas de acusados son juzgados colectivamente y grupos defensores de derechos han reclamado por las condiciones de estos procesos.
Estos megajuicios “plantean serias dudas sobre el cumplimiento de las garantías del debido proceso, incluido el derecho a una defensa individualizada, la presunción de inocencia y el acceso a una representación legal adecuada”, declaró en un comunicado Irene Cuéllar, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional (AI). Por su parte, Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW), dijo a la agencia AP que “carecen de garantías básicas del debido proceso y, por lo tanto, aumentan el riesgo de condenar a personas inocentes que no tienen nada que ver con las pandillas que han aterrorizado al país durante décadas”.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este martes un comunicado en el que expresó “serias preocupaciones por los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción en El Salvador” y reiteró su pedido al Estado para “poner fin al uso continuado de esta medida como parte de su política de seguridad”.
De todos modos, el régimen continúa teniendo un amplio respaldo popular y fue clave para que Bukele asegurara una reelección, a pesar de que lo prohibía la Constitución. El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios, un 28 % menos que en 2024 y, según el Ministerio de Seguridad, es la primera vez que el país registra una cifra anual de dos dígitos.
Con información de CNN Latinoamérica
