Nayarit.- Virginia Garay Cázares, coordinadora de la Asociación Civil “Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros”, que agrupa a familiares de personas desaparecidas, exige la suspensión definitiva del magistrado numerario Rodrigo Benítez Pérez.

En un comunicado, Garay Cázares pidió que el proceso legal en contra de Benítez Rodríguez llegue hasta sus últimas consecuencias, y recalcó que su separación temporal del cargo no es suficiente.

“No basta con su separación temporal del cargo, que de volver podría ejercer hasta 2033; su destitución debe ser definitiva, conforme a la legalidad y a la gravedad de los delitos que se le imputan”, afirmó para Aristegui Noticias, Garay Cázares. 

Virginia Garay argumentó que el Congreso del Estado de Nayarit solamente suspendió al magistrado mientras se mantenga bajo proceso.

Dijo que ello se encuentra registrado en el decreto PDP-CE 01/2024, emitido por la XXXIV Legislatura de Nayarit, que establece en su artículo segundo que Benítez Pérez queda “separado de su puesto en tanto esté sujeto a proceso penal.”

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La coordinadora de la asociación destacó que, a pesar de esta separación temporal, la remoción no es definitiva, lo que abre la posibilidad de que el magistrado recupere su puesto si el proceso judicial no es transparente e imparcial.

“Nos preocupa que puedan existir acuerdos irregulares que le permitan regresar al Poder Judicial, perpetuando así la impunidad y la protección del Estado a figuras involucradas en delitos graves. 

Benítez Pérez enfrenta acusaciones por presunta violación de una subalterna y tráfico de influencias en un asunto patrimonial relacionado con el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano.

Además, se le señala por la destrucción de evidencias clave en investigaciones sobre desapariciones forzadas, incluyendo prendas halladas en la fosa de los 21.

El magistrado ha usado sus redes sociales para presentarse como un “perseguido político” y para denunciar actos de corrupción dentro del gobierno estatal y el sistema de justicia, de donde también fue subfiscal.

Garay Cázares sostuvo que el proceso judicial en contra de Benítez Pérez no es una persecución, sino un acto de rendición de cuentas por delitos graves que no deben quedar impunes.

Además, expresó su preocupación por la posibilidad de que Benítez Pérez intente buscar asilo político en los Estados Unidos u otro país, dada la información sensible que podría poseer sobre la seguridad estatal y nacional.

Garay Cázares equiparó este caso con el de otros exfuncionarios de Nayarit involucrados en hechos delictivos, como el ex fiscal Edgar Veytia, y el ex presidente magistrado del Poder Judicial, Pedro Antonio Enríquez Soto, así como el ex diputado Carlos Saldate, y otros quienes han sido convictos por diferentes delitos. 

También mencionó el caso del ex gobernador, Roberto Sandoval Castañeda, quien sigue preso desde 2021, en proceso por delitos federales. 

Garay Cázares, quien desde 2018 busca a su hijo Bryan Eduardo Arias Garay, desaparecido en Tepic, estimó que Benítez también se ha convertido en un objetivo importante para las familias buscadoras porque éste podría tener información sobre el paradero de sus hijas e hijos.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que garanticen “un proceso legal justo y sin interferencias políticas; además, que investiguen a fondo y se proteja a quienes han denunciado los hechos.

Con información de Aristegui Noticias