Por: J. Alejandro Robledo F.

A poco más de diez días de la elección del 7 de junio que renovará el Congreso de Coahuila, casi nadie informado en el estado duda de que el PRI ganará los 16 distritos locales. Así lo indican todas las encuestas, las internas como las públicas (Rubrum, Electoralia, La Encuesta, Gobernarte). La única incógnita es por qué margen. Morena apuesta a no perder por mucho: mantener su votación de 2023 y tener 4 o 5 plurinominales, mientras su aliado el PT busca conservar el registro y colar al menos un diputado plurinominal.

Las campañas arrancaron el 5 de mayo y cierran el 3 de junio y se prevé una participación de 40%–42%, propia de una elección intermedia y sólo de diputados locales; es, de hecho, la única elección ordinaria del país.

Por el PRI, cuatro diputados buscan reelegirse: Luz Elena Morales, Álvaro Moreira, Guillermo Ruiz y Felipe González, tras una legislatura que cumplió al mínimo y sin mayores aspavientos. El resto de candidaturas combinan vasta experiencia político-electoral como las de Chema Morales, Verónica Martínez y Álvaro Moreira, y otras son de perfiles surgidos de espacios gubernamentales y de grupos internos priístas y regionales que mantienen los equilibrios partidistas.

Morena definió a sus candidatos hace seis meses bajo la figura de “coordinador de defensa de la 4T”, un eufemismo para una figura cuestionada por especialistas por ser un mecanismo para esquivar topes y plazos de precampaña. Las candidaturas se repartieron entre sus grupos dominantes: el de los “neoizquierdistas” del expanista calderonista Luis Fernando Salazar; el de Cecilia Guadiana, que ocupa como cuasi-heredada la curul de su padre, el empresario minero de triste memoria Armando Guadiana (dep); el del matrimonio de Cynthia Cuevas y Fernando Hernández, ligados a “Andy” López Beltrán por la vía del exsecretario de organización Alejandro Peña, al control de padrones de beneficiarios desde su paso por la delegación de Bienestar y a los operadores territoriales (llamados Cots pero conocidos como “mapaches”); y el grupo de Ricardo Mejía Berdeja, que en Coahuila administra la franquicia del PT -de su eterno líder Alberto Anaya- que usa para dar candidaturas a los carboneros que presumen financian sus campañas, amigos, esposas e hijos en vez de a líderes sociales.

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Los demás partidos tendrán un papel testimonial; ninguno puede ganar ningún distrito y sólo buscan conservar el registro, prerrogativas y plurinominales. El PAN, acostumbrado los últimos años a vivir de los votos de su coalición con el PRI, hoy pelea sólo por plurinominales, aunque su registro está casi asegurado por el peso de su marca como segunda fuerza nacional. Movimiento Ciudadano apuesta a la inercia del 2024 cuando obtuvo 10.9% de votación para diputados federales, al jingle reciclado de “movimiento naranja”, y a candidatos influencers locales y políticos añejos traídos del retiro. Su dirigente estatal Alfonso Danao, previendo una posible plurinominal, ya colocó a su hermana como primera en la lista (el nepotismo normalizado en MC, como el de Samuel García en Nuevo León con su esposa Mariana Rodríguez).

El PVEM, fiel a su pragmatismo de aliarse siempre con la fuerza dominante (antes PAN, luego PRI, hoy Morena), probablemente crezca, conserve registro y obtenga un escaño para Refugio Sandoval. Los partidos locales Nuevas Ideas y Avante buscan una plurinominal para sus dirigentes, algo difícil pues Coahuila siempre ha sido complicado para ese tipo de partidos, más si no ofrecen agenda real o una forma distinta de hacer política. Caso aparte es la Unión Democrática Coahuilense (UDC) -el partido local más longevo del país-, hoy aliado del PRI, como antes lo fue del PAN y de Morena, pero que pese a los bandazos se sostiene por haber construido una base popular sólida con agenda propia en el norte y la región carbonífera.

Pero el quid de la elección radica en las metas de los partidos con posibilidades reales. El PRI busca superar su marca de 2023, cuando en coalición con PAN y PRD obtuvo el 52.5% de los votos para diputados locales frente al 26.3% de Morena (el PRI, solo, obtuvo 44%). El motor de aquel resultado fue Manolo Jiménez Salinas como candidato. Hoy, ya como gobernador, con 68%–69% de aprobación (Electoralia, PollMx, SRC) y buenos indicadores de su gobierno en desarrollo y seguridad, vuelve a ser la figura que impulsa el voto priísta y el apartidista. A eso se suman su estructura, disciplina partidista y un mensaje de estabilidad que el votante coahuilense valora, frente a la realidad de otros estados norteños gobernados por Morena con altos niveles de inseguridad, violencia, corrupción y pobreza, como Zacatecas, Sonora o Tamaulipas.

En contraste, las propias encuestas internas de la dirigencia nacional de Morena no les favorecen y por ello han ido ajustando expectativas a la baja: en noviembre proyectaban ganar 4 a 6 distritos, en enero 4 distritos; en marzo 2 distritos; al inicio de la campaña en mayo apuntaban sólo a subir su votación de 4 a 6 puntos respecto a 2023 para tener una narrativa de crecimiento y mantener 4 o quizá 5 plurinominales, por ello la lucha interna por esos espacios se centró en los primeros 4 lugares de la lista. A una semana del cierre de campaña, todo indica que la meta se redujo de nuevo: hoy buscan mantener su votación de 2023 y una narrativa de “estabilidad electoral”.

Ese repliegue se nota en campaña. La dirigencia nacional prácticamente abandonó a sus candidatos, que no conectan con el electorado y cuya estrategia se reduce a exigirle el voto a los beneficiarios de los programas sociales. La anunciada “gran estrategia electoral” que incluía reforzar la operación con 60 diputados federales de otros estados (que llegarían con recursos) -comprometido por Luisa Alcalde y “Andy” López Beltrán- quedó en nada; igual que las brigadas, la coordinación territorial de Cots con la delegación de Bienestar y la operación de los nuevos comités seccionales. Al final, Alcalde fue removida el 2 de mayo por su ineficiente desempeño, y López renunció a la Secretaría de Organización el 24 de mayo, evitando -por consejo de sus asesores- cargar con una tercera derrota electoral consecutiva que dañaría aún más su imagen, y para bajar el perfil ante los escándalos partidistas.

La campaña morenista descansa ahora en dos vertientes, y ambas flaquean. La primera: usar a los beneficiarios de programas sociales como clientela, condicionándoles el voto. Pero esos programas cubren apenas unas 450 mil personas en Coahuila (PUB) frente a una lista nominal de casi 2.5 millones de votantes. Aún con una participación estimada de 40%–42% (unos 960 mil votantes), movilizar a los beneficiarios les será difícil, pues una gran parte ya no percibe los programas como un favor, sino como un derecho adquirido -lo que en política pública se conoce como apropiación del beneficio-, por lo que caducó el “agradecimiento” que Morena pretende cobrar. Además, en estados con baja pobreza como Coahuila cada vez es más complicado condicionar apoyos por votos, y la gente responde con un: “ese apoyo es mi derecho”.

La segunda vertiente es la aprobación de Claudia Sheinbaum, que era de 77% a inicios de año y ha registrado una caída sostenida en todas las encuestas -incluso en la de Latinus de Becerra la ubica en 59%-, arrastrada por los señalamientos de presunta corrupción de figuras como Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Mario Delgado y otros; y por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el narco del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya -cuya extradición se ha solicitado-, y a la errónea defensa presidencial de los acusados. A esto se suma el deterioro de la infraestructura (hospitales, escuelas, carreteras) y el alza en la percepción de inseguridad y en el costo de los alimentos y la gasolina.

Los propios morenistas comparten sus bajas expectativas: conservar su votación que les permita mantener la paz interna entre sus “referentes” (así se autonombran) -bajo la premisa de que habrá candidaturas y cargos para todos en 2027-. También buscan seguir vigentes para cuando se renueven alcaldías, cabildos y diputaciones federales. Ser candidato, aún perdiendo, se ha vuelto un fin en sí mismo para políticos, ya sea por exposición mediática -ya se confunde al político con el influencer- o por coleccionar campañas y administrar sus recursos.

Para colmo de los morenistas coahuilenses, Morena atraviesa su peor momento por los escándalos de corrupción y de presuntos nexos con el crimen organizado de sus más prominentes figuras. Todo apunta a que eso va a empeorar y seguirán con la incógnita diaria de quién será el próximo político en aparecer en las investigaciones estadounidenses. Además de esto, los coahuilenses valoran vivir con desarrollo, seguridad y en un ambiente sin polarización violenta y sin excusas absurdas a todos los problemas, algo que los morenistas no parecen comprender.

En suma, Morena en Coahuila no enfrenta sólo una elección sino su primer diagnóstico de 2026, un año de imagen a la baja y problemas nacionales al alza. Será, sin duda, un buen termómetro electoral rumbo a la elección de 2027.

Notas al margen

Renuncia anticipada

La salida de “Andy” López Beltrán de la Secretaría de Organización estaba programada para julio, pero se adelantó al lunes 24 de mayo. En la Ciudad de México se dice que ocurrió tras ver las encuestas poco alentadoras que la propia dirigencia mandó a hacer sobre la elección en Coahuila. Sus asesores y amigos le recomendaron renunciar para evitar una tercera derrota en su tercera elección, culpar a los morenistas locales y acusar que fue una “elección de Estado”. El otro motivo fue bajar su perfil unos meses ante los escándalos recurrentes de Morena y ante la posibilidad creciente de que Estados Unidos pida detener a más gobernadores cercanos a AMLO.

Esos amiguitos

Shamir Fernández construyó en pocos años una relación con la dirigencia nacional de Morena por la vía de Mario Delgado. Por eso llama la atención que ahora prefiera la distancia, justo cuando en círculos políticos, periodísticos y diplomáticos de la Ciudad de México se insiste en que el Departamento de Justicia de EUA investiga a Delgado por presuntamente haber permitido que dinero del huachicol y del crimen financiara campañas de Morena durante su dirigencia, y lo señalen como uno de los próximos en ser requerido por los estadounidenses.

Alberto Hurtado es otro que ya no presume el patrocinio de su amigo Américo Villarreal Jr., delegado de Bienestar e hijo del aún gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal, ante la sonada investigación en EUA sobre esa familia tamaulipeca por su presunta participación en el huachicol y nexos con el crimen. Antes Hurtado presumía que su mecenas le había comprado hasta un autobús escolar que acondicionó como dispensario médico. Según sus propios compañeros de partido que denunciaban sus campañas anticipadas, se compró vía una de las asociaciones que usa el delegado para operar negocios y campañas en su estado, que también estarían siendo investigadas.

*Sobre el autor: abogado y consultor saltillense radicado en la Ciudad de México.