De la llamada “verdad histórica” a las nuevas líneas de investigación, el expediente ha incorporado identificaciones, documentos, comunicaciones y procesos judiciales sin esclarecer todavía el paradero de los estudiantes
Doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la investigación que comenzó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ha pasado por tres administraciones federales, distintas instituciones y versiones sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
El expediente también ha incorporado nuevas evidencias, identificaciones de restos, documentos, análisis de comunicaciones y líneas de investigación que modificaron el rumbo de las pesquisas. Sin embargo, a septiembre de 2026, 40 de los 43 estudiantes permanecen sin ser localizados.
El caso ha cambiado de manos y de hipótesis, pero no ha llegado a una conclusión sobre el paradero de los jóvenes. Cada administración recibió una investigación distinta a la que había comenzado el gobierno anterior y dejó nuevas actuaciones, procesos y pendientes.
La primera etapa quedó marcada por la investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que atrajo el caso después de los ataques ocurridos en Iguala y las desapariciones de los estudiantes.
El 7 de noviembre de 2014, el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó la explicación que posteriormente sería conocida como la “verdad histórica”. La PGR sostuvo que los normalistas habían sido entregados por policías a integrantes de Guerreros Unidos, trasladados al basurero de Cocula, asesinados y posteriormente incinerados. En enero de 2015, la dependencia volvió a defender esa versión y aseguró que estaba sustentada en pruebas científicas y testimoniales.
La investigación comenzó a ser cuestionada meses después por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su primer informe, presentado en septiembre de 2015, el grupo señaló irregularidades, inconsistencias y omisiones en las pesquisas. También concluyó que la explicación sobre una quema de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula no tenía sustento científico.
El segundo informe del GIEI profundizó en las irregularidades de la investigación y documentó cuestionamientos sobre las diligencias realizadas en el río San Juan, uno de los lugares utilizados para sustentar la explicación oficial de 2014.
Cuando terminó el sexenio de Peña Nieto, los 43 estudiantes continuaban desaparecidos y la investigación de la PGR había quedado sometida a cuestionamientos sobre la obtención de declaraciones, el manejo de evidencias y la reconstrucción de los hechos.
El cambio de gobierno modificó la estructura de la investigación.
En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador creó por decreto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), con el objetivo de contribuir al derecho de los familiares a conocer la verdad y acceder a la justicia. Al año siguiente, la Fiscalía General de la República creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), encargada específicamente de investigar y llevar los procesos relacionados con la desaparición de los estudiantes.
La nueva etapa incorporó archivos de distintas instituciones, análisis de telefonía y las escuchas telefónicas obtenidas en Estados Unidos sobre integrantes de Guerreros Unidos. El GIEI también regresó al país y participó en la revisión de la nueva investigación.
Uno de los cambios más importantes llegó con las identificaciones genéticas. En 2014 ya se había identificado a Alexander Mora Venancio a partir de restos recuperados en el río San Juan. Durante la administración de López Obrador se confirmaron las identificaciones de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, cuyos restos fueron localizados en el predio Barranca de la Carnicería, en Cocula.
La CoVAJ también modificó la reconstrucción de lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. En 2023 informó que había analizado 87 millones de registros telefónicos y depurado 84 mil registros considerados relevantes, con los que ubicó 116 números activos relacionados con los grupos que operaban durante los hechos.
Según la comisión, ese análisis permitió reconstruir comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y policías municipales de distintos municipios de Guerrero.
Pero la segunda administración también terminó marcada por una disputa que no quedó resuelta: el acceso a información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En septiembre de 2023, los padres solicitaron información sobre 868 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) de Iguala. La CoVAJ informó que revisó las 17 mil 61 fojas que Sedena había entregado a la comisión y encontró 18 folios correspondientes a la información solicitada.
En agosto de 2022, Alejandro Encinas, entonces presidente de la CoVAJ, presentó las conclusiones de la comisión y afirmó: “Ayotzinapa fue un crimen de Estado; funcionarios del más alto nivel son responsables de la verdad histórica”. La comisión sostuvo que la versión presentada en 2014 había sido construida para encubrir los hechos y señaló la participación de autoridades y grupos criminales. Esas conclusiones corresponden al informe de la CoVAJ y no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad.
Claudia Sheinbaum recibió en octubre de 2024 un expediente que acumulaba una década de investigaciones, informes y actuaciones judiciales, pero que todavía no había establecido el paradero de los estudiantes.
En 2026, la FGR anunció un nuevo reanálisis de las actuaciones existentes. La fiscal general Ernestina Godoy informó en agosto que esa revisión abrió nuevas líneas de investigación.
Una de ellas se relaciona con las comunicaciones telefónicas de aquella noche. Sheinbaum explicó que se están revisando nuevamente las llamadas y sus vínculos entre personas, horarios y movimientos. La Presidencia señaló que ese análisis permitió abrir líneas que derivaron en nuevas detenciones.
Otra investigación se concentró en las grabaciones de las cámaras ubicadas frente al Palacio de Justicia de Iguala. La FGR sostuvo que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue captado por las cámaras 12 y 15 cuando era detenido por policías. Según la Fiscalía, las primeras versiones oficiales indicaron que las grabaciones no existían debido a fallas técnicas, pero una investigación posterior estableció, según la dependencia, que el material sí existía.
Ese expediente llevó a la detención del exgobernador de Guerrero Ángel “N”, quien en agosto de 2026 fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada, bajo la hipótesis de que ocultó información relevante relacionada con el caso. La imputación y la vinculación corresponden a un proceso judicial en curso, por lo que no implican una sentencia de responsabilidad.
La Presidencia informó que también existen otras líneas de investigación, entre ellas el análisis de las comunicaciones y de los hechos relacionados con el autobús que pasó frente al Palacio de Justicia.
Durante ‘La Mañanera’ de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el informe sobre los avances de la investigación de los 43 normalistas será reagendado para el lunes 28 de septiembre.
“Eso es lo que van a informar el lunes, tanto la atención a los padres, el número de búsquedas que ha habido, como las nuevas detenciones que se han realizado y las razones de estas detenciones y estas líneas de investigación, de qué elementos científicos parte”, declaró la mandataria.
De los 43 estudiantes desaparecidos, únicamente tres han sido identificados mediante restos: Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. La propia CoVAJ señaló que las acciones de búsqueda debían continuar para localizar e identificar a los otros 40.
Entre esos 40 se encuentra Julio César López Patolzin, cuyo caso añade una particularidad a la investigación. De acuerdo con documentos de la CoVAJ, la Sedena contaba con López Patolzin como un elemento que realizaba labores de información dentro de la Normal Rural de Ayotzinapa desde 2012. El informe señala que, como soldado de infantería, reportaba a sus mandos sobre asambleas, marchas, mítines y movimientos de los estudiantes, además de posibles vínculos con grupos considerados de riesgo para la seguridad interior y nacional.
López Patolzin desapareció junto con sus compañeros de la normal la noche del 26 de septiembre de 2014.
Doce años después, la investigación ha cambiado de instituciones, métodos y líneas de investigación durante tres gobiernos. La llamada “verdad histórica” dejó de ser la explicación oficial del caso, nuevas identificaciones modificaron el expediente, el análisis de comunicaciones abrió otras rutas y en 2026 surgieron nuevas imputaciones y detenciones. No obstante, la misma pregunta resuena desde hace más de una década: ¿dónde están los estudiantes?
