Pese a las advertencias de la Oposición sobre el riesgo de incentivar el mercado negro, la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para prohibir vapeadores y eliminar la obligatoriedad de que al menos el 8 por ciento del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) se destine a la atención de enfermedades graves de la población sin seguridad social.

Aprobadas con 324 votos a favor y 129 en contra de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el pevemista Julio Scherer Pareyón, las modificaciones sancionan con hasta ocho años de cárcel la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas y dispositivos análogos.

Además, elimina el candado que garantiza que un porcentaje del presupuesto del IMSS-Bienestar se vaya como reserva para la atención de enfermedades que impliquen un alto costo, como el cáncer y el VIH.

Vapeando en tribuna, diputados de Oposición afirmaron que la reforma no sólo criminaliza a los consumidores al sancionar la adquisición de vapeadores, sino que incentiva un mercado negro que hoy ya es controlado por el crimen organizado.

La emecista Iraís Reyes sostuvo que las modificaciones son absurdas, porque plantean sanciones superiores a la violencia contra las mujeres, por divulgar fotografías íntimas sin consentimiento, por vender armas y por portar armas prohibidas o drogas como cocaína.

"¿En qué mundo vapear es más peligrosos que golpear, lastimar humillar portar armas o drogas? En este, en el México del prohibicionismo, en el México que hoy están construyendo () hoy está reforma castiga por miedo, por moralismo y por incapacidad para gobernar con inteligencia", afirmó.

Vapeando, la legisladora acusó que mientras la mayoría discute como castigar a quien venda un vapeador, afuera el crimen organizado celebra, porque ya controla el tabaco ilegal y una parte del mercado de vapeadores ilegales, pero con los cambios a la Ley General de Salud ahora podrá controlarlo todo.

"Más prohibiciones es igual a más mercado negro y más dinero para los carteles. Hoy está ley suena a salud pero huele a otra cosa parece escrita cabildeada y diseñada para que el crimen organizado siga creciendo y lucrando. Esto no es salud pública, esto es un regalo del Gobierno envuelto para el crimen organizado. Feliz navidad al crimen organizado de parte de morena y sus aliados", dijo mientras mostraba una caja de regalo.

La priista Ana Isabel González alertó que la reforma abre la puerta para que cualquier persona que adquiera un vapeador o un cigarrillo electrónico pueda ser sancionado con entre uno y ocho años de cárcel y multa de hasta 225 mil pesos.

"Lo que vienen a presentar el día de hoy es prohibir completamente. Ya no estoy hablando de venta, estoy hablando de consumo y de conservación, tal y como lo dice hasta este momento el dictamen. Nosotros estamos en contra, totalmente en contra de que se le venga a jugar de nueva cuenta el dedo a la boca a las y los mexicanos, pensando que es algo de salud y que realmente los va a perjudica", expresó.

González coincidió en que la prohibición impulsada por el Ejecutivo federal y el bloque oficialista en San Lázaro favorecerá el mercado negro y hará crecer las carteras del crimen organizado.

"Si hablamos de cuestión salud, entonces metámosle billete, metámosle presupuesto a salud y realmente llevemos a los hogares de las y los mexicanos medicinas, vacunas, lo necesario para que en materia de salud estemos bien, porque esta reforma no beneficia la salud", demandó.

El panista Ector Jame Ramírez Barba advirtió que la reforma también toca el Fondo de Salud para el Bienestar al eliminar los porcentajes de recursos que debe de destinar al tratamiento de enfermedades catastróficas y crear un Comité Técnico para aprobar el destino de sus disponibilidades.

Ramírez acusó a la mayoría de pretender hacerse de la bolsa del Fonsabi que, recordó, en los últimos ocho años ha sido saqueado por el Gobierno federal, a pesar de tratarse de recursos para la atención de niños con cáncer o de personas con padecimientos vasculares y con enfermedades raras.

"Quieren destruir y hacerse de la bolsa completa del Fonsabi, un fondo que en los últimos ocho años, claramente fue saqueado por el Gobierno de Morena, llevándose el dinero para otros lugares y no para la atención de los niños con cáncer, con padecimientos vasculares, con enfermedades raras, ha terminado convertido en un foro discrecional", cuestionó.

El presidente de la Comisión de Salud, el morenista Pedro Zenteno, detalló que los vapadores han explotado vacíos regulatorios, lo que eleva los riesgos graves para la salud.

Zenteno afirmó que la reforma es necesaria, porque la salud de la juventud no está en venta.

"Los vapeadores han explotado vacíos regulatorios y asimetrías de información, porque han dirigido con estrategias comerciales a niñas y niños y adolescentes con diseños atractivos y publicidad engañosa, que sugiere inocuidad, porque la falta de autorización sanitaria y la venta por canales informales impiden trazabilidad y elevan riesgos graves para la salud.

"La sanción será proporcional, de 1 a 8 años de prisión y multas entre 11 mil y 226 mil pesos para quienes lucren con estos productos, pero, el manejo es claro, la salud de nuestra juventud no está en venta", dijo.

Sobre el Fonsabi, el morenista reconoció que la reforma elimina los porcentajes previamente establecidos para la distribución del 11 por ciento de los recursos asignados al fondo.

"Se eliminan los porcentajes previamente establecidos para la distribución del 11 % de los recursos asignados al fondo. Se otorga al Comité Técnico del Fondo de Salud para el Bienestar la facultad definir criterios de asignación de recursos con mayor capacidad de respuesta ante emergencias y prioridades cambiantes", expresó.

Sacan a relucir a Duarte y García Cabeza de Vaca en debate

La detención de César Duarte y la orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca salieron a relucir durante el debate en el Pleno de la Cámara de Diputados sobre la prohibición de vapeadores.

El diputado de Morena, Guillermo Santiago, puso sobre la mesa el tema, pese a los llamados de la Presidenta de la Mesa Directiva, la panista Kenia López, quien le advirtió que de no apegarse al tema, abriría el debate al Pleno.

Santiago acusó al PAN y al PRI de defender la ilegalidad, al nombrar a García Cabeza de Vaca como representante para América del Norte, pero aseguró que no importa qué nombramiento le den, porque el panista irá a la cárcel.

El morenista recordó también que acaban de detener al ex Gobernador de Chihuahua, el priista César Duarte, por todo lo que le robó a la entidad.

"El PRI es un partido que defienden la ilegalidad. Acaban de agarrar a su ex Gobernador priista de Chihuahua, César (Duarte), por todo el delito y todo lo que le hizo a Chihuahua, por todo lo que le robó a Chihuahua, pero el PAN tiene ahora a Cabeza de Vaca, es este ex Gobernador de Tamaulipas, con orden de aprehensión, lo acaban de nombrar como representante de América del Norte.

"No importa el nombramiento que le den, se va a ir a la cárcel, porque es un ratero y le ha robado mucho a Tamaulipas", dijo.

En respuesta, diputados del PAN y de PRI acusaron que la intención de Morena es desviar la atención de un debate en el que la mayoría reconoció que se planteó una reforma que criminaliza a los ciudadanos y que, por esa razón, presentarán una reserva para exentar de sanciones penales y económicas el consumo de vapeadores.

El vocero del PAN, Federico Döring, recordó que el "armero del bienestar" reconoció en un debate radiofónico que presentarían una reserva, tras reconocer que la reforma sí criminaliza el consumo y la portabilidad.

"El armero del bienestar dijo que van a cambiar el dictamen, que sí está criminalizando el consumo y la portabilidad. ¿O ya ustedes también van a renegar de las mentiras del armero del bienestar?", cuestionó.

En su turno, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, mencionó que el artículo 282 Quáter señala en 17 verbos la criminalización de la adquisición, distribución comercial, la venta y el suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos.

El legislador pidió a la mayoría decretar un receso y reflexionar sobre el contenido de la modificación.

"Yo le pediría a la mayoría que haga un receso, que reflexione el tipo penal que está ahí, porque a lo mejor no es lo que ustedes quieren, pero es lo que se va a interpretar. Y esas interpretaciones en ministerios públicos, en policías que capturen a un muchacho y le encuentran un vapeador, claro que se lo van a encuadrar cuando menos para la extorsión, cuando menos para quitarle una lanita.

"Tengan cuidado con lo que van a votar, mucho cuidado, porque es peligroso. Y yo me imagino que no es lo que ustedes quieren votar, pero es lo que está ahí escrito", dijo.