Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la reforma en materia de combate al lavado de dinero que faculta a la Secretaría de Hacienda para solicitar directamente y sin orden judicial información financiera y patrimonial de las personas a las entidades públicas de los tres niveles de Gobierno, órganos autónomos y empresas públicas estatales.

Las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal establece que serán consideradas actividades vulnerables en materia de lavado de dinero cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de una tarjeta de servicios o de crédito sea igual o superior a 91 mil pesos.

Tendrán la misma clasificación la comercialización o el abono de recursos en tarjetas prepagadas cuando el monto sea igual o superior a 72 mil 975 pesos por operación y cuando la emisión, comercialización o abono a instrumentos de almacenamiento de valor monetario iguale o supere los 72 mil 975 pesos por operación.

Tras fallas en el tablero de votación, que se mantuvo abierto por 22 minutos, Morena y sus aliados avalaron en fast track la reforma impulsada por el senador de Morena, Javier Corral, con 297 votos a favor, 37 en contra del PRI y 87 abstenciones del PAN y de Movimiento Ciudadano.

Los cambios dan a Hacienda la atribución de definir las condiciones y características bajo las cuales una persona será considerada Persona Políticamente Expuesta y amplía la lista de actividades vulnerables al incluir sectores como el inmobiliario, los fideicomisos, la comercialización de criptomonedas.

Establece que quienes realicen estas actividades deberán reportar a los beneficiarios finales y señala la obligación de reportar operaciones sospechosas, no sólo las concluidas, sino las que se intenten y las que no se concreten.

Además, Hacienda podrá solicitar a las autoridades electorales federales y locales información sobre partidos políticos nacionales y estatales, partidos políticos, precandidatos y candidatos y a la Secretaría del Trabajo información de los sindicatos y de sus dirigentes.

Acompañado por sus compañeros de bancada quienes subieron a tribuna portando carteles con la leyenda "Lavanderías del Bienestar" y la imagen del ex asesor del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo, y "AMLO sí sabía", el panista Héctor Saúl Téllez acusó que el narco se metió y operó desde la Presidencia con el empresario que fue nombrado directamente por el ex Mandatario.

Antes de que la Presidenta de la Mesa Directiva en turno, la morenista Dolores Padierna, intentara interrumpirlo a gritos, anunció que su partido presentó una denuncia penal en contra de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Romo, y reprochó la aprobación de una modificación que permite el uso de datos personales sin control judicial, incluso rompiendo el secreto bancario para acceder a cuentas bancarias.

Advirtió que su bancada no puede estar de acuerdo con la ambigua definición de Persona Políticamente Expuesta, porque con ello se abre la posibilidad a que sean investigadas todas aquellas personas que tengan relación con ella.

"Identificamos que una persona, nada más por manejar 25 mil pesos en criptomonedas, ahora tendrá que dar los avisos correspondientes y ser investigada. Si una persona renta un departamento o casa por 15 mil pesos también estará dentro de las personas que podrán ser investigadas", afirmó.

La emecista Iraís Reyes dijo que si bien, se trata de una reforma necesaria en un contextos de acusaciones en contra de instituciones como Vector Casa de Bolsa, un riesgo real es otorgar a Hacienda acceso irrestricto y sin orden judicial a la información más sensible de los ciudadanos, lo que significará una vigilancia sin frenos.

La legisladora agregó que otros puntos que les preocupan a MC es que la reforma deja en manos de Hacienda la definición de quién es una "persona políticamente expuesta" y que, por lo tanto, será objeto de vigilancia, reportes, monitoreo, intercambio de datos e incluso congelamiento de cuentas sin controles judiciales efectivos, además de que se incorpora a la Guardia Nacional en funciones financieras, a pesar de que el análisis patrimonial no es una tarea militar.

"Si aprobamos la ley así, entonces permitimos que los adversarios políticos al régimen y también cualquier persona relacionada con ellos, pueda ser objeto de investigaciones y medidas restrictivas esto representa un riesgo muy peligroso de persecución política y uso faccioso de la ley", sostuvo.

La petista Mary Carmen Bernal dijo que la reforma es para evitar casos como los de los ex Gobernadores Javier Duarte, César Duarte, Tomás Yarrington, Arturo Montiel, Guillermo Padres y Silvano Aureoles, así como el del ex Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusados de lavado de dinero, asociación delictuosa y desvío de recursos públicos entre otros delitos.

Tras reconocer que el dinero sucio se ha filtrado en instituciones públicas, empresas, partidos políticos y hasta procesos electorales, afirmó que las modificaciones fortalecen la lucha contra el lavado de dinero y contra la corrupción y la impunidad.

La legisladora rechazó que la reforma esté pensada para perseguir al ciudadano común, ya que su fin es ir detrás de quienes lavan dinero producto de la violencia, el narcotráfico, la trata, el despojo y el saqueo de la nación. Sin embargo, dijo que su partido estará atento para evitar abusos en su implementación y que se criminalice sin sustento a sectores productivos.

"El PT votará a favor de esta reforma, porque reafirma nuestra convicción: el Estado debe recuperar su poder frente al crimen, la corrupción y los interese que tanto han lastimado a nuestro país. Hoy damos un paso más en este camino y que quede claro: ni un paso más a la impunidad ni un peso menso para el crimen", lanzó.