Organizaciones ponen el acento en que México es uno de los primeros lugares con más asesinatos de personas LGBTIQ+ en América Latina y, aun así, persisten obstáculos en el registro de violencias extremas
Durante 2024, los crímenes contra personas de poblaciones LGBTIQ+ en México registraron un incremento de 23 % en relación con el año previo en un contexto de violencia sistemática y estructural que persiste en América Latina y El Caribe. Además, nuestro país todavía enfrenta obstáculos en el registro de las violencias.
De acuerdo con el informe más reciente de la Red sin Violencia LGBTI+, durante 2024 México contabilizó 80 asesinatos contra personas de estas poblaciones, que lo ubican como el segundo país en Latinoamérica con más homicidios después de Colombia. Entre ellas, los grupos más afectados son las mujeres trans (55) y los hombres gay (19).
Además, entre las víctimas al menos siete personas –cinco mujeres trans, una persona muxe y un hombre cis gay– eran defensores de derechos humanos. En tanto, 12 mujeres trans asesinadas eran trabajadoras sexuales.
El informe de la Red precisa que los lugares específicos de los hechos revelan patrones diferenciados por identidad de género. Por ejemplo, de 23 personas asesinadas en sus domicilios particulares, 10 fueron hombres cis gay y 11 mujeres trans. En el caso de los primeros, resulta el entorno más común, con más de 53% que sucedieron ahí.
La exposición y vulnerabilidad en la vía pública igualmente destacan como temas preocupantes, pues los homicidios de 21 mujeres trans, 4 hombres cis gay, 2 personas muxes y una persona LGBT ocurrieron en este tipo de espacios. En específico, 10 se contabilizaron en lotes baldíos, nueve de mujeres trans.
“Este dato se suma a la tendencia más amplia que indica que las mujeres trans son asesinadas mayoritariamente en espacios públicos o expuestos”, enfatiza el documento. En tanto, cuatro casos sucedieron en hoteles o alojamientos temporales, hacia dos mujeres trans y dos hombres cis gay. En tanto, en nueve casos, siete mujeres trans y dos hombres cis gay fueron asesinados en sus lugares de trabajo.
Por otro lado, las armas de fuego estuvieron presentes en 41% de los casos, en mayor medida contra mujeres trans, de las que 25 murieron por ese motivo. Además, del total de 80 casos, en nueve se identificaron indicios de tortura, mientras que en 11 se documentó que las víctimas habían sido sometidas a múltiples formas de violencia conexa.
Aunque solo en 29 casos del total existe información sobre los posibles agresores, en 28 se trató de hombres. Además, uno de ellos fue atribuido a un grupo del crimen organizado: el de Miriam Ríos Ríos, comisionada local de Movimiento Ciudadano y activista LGBTIQ+ en Jacona, Michoacán. El asesinato de Miriam, también comerciante y quien había expresado su intención de postularse como regidora, ocurrió cuando integrantes de un grupo armado se acercaron a su negocio, le dispararon y huyeron del lugar.
“Estos hallazgos confirman que los contextos de crimen organizado ponen en riesgo la vida de las personas LGBTIQ+ de manera directa e indirecta”, puntualiza el informe.
En total, en la región fueron asesinadas 21 personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a estas poblaciones. Esa cifra refleja un ligero decremento respecto a 2023, pero al mismo tiempo –aclara la Red– evidencia la continuidad y persistencia de la violencia contra activistas desde identidades y cuerpos disidentes.
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT en México recuerda que, por su cuenta, registra cuatro líneas principales de violencia: asesinatos, desapariciones, atentados y suicidios.
Contemplando estas diferentes formas de violencia, el observatorio identificó un alza significativa durante 2024, de entre 100 y 200 % de casos identificados por las organizaciones que lo componen, además de aquellos que les comparten directamente algunos familiares y personas cercanas a las víctimas.
Por ello, en la víspera de la 47 Marcha del Orgullo LGBTIQ+, el organismo considera fundamental seguir posicionando la exigencia de seguridad para las poblaciones y, por otro lado, la de que los datos se desagreguen en instituciones federales y locales por orientación e identidad de género, pues eso permite dimensionar las problemáticas que enfrenta cada grupo e impulsar políticas públicas específicas, subraya en entrevista Kenlly Pacheco, coordinador del observatorio.
Aclara que aunque la Marcha sí es, por una parte, una celebración de lo que se ha logrado, existen todavía muchos pendientes, como las violencias que sufren las personas de estas poblaciones, agravadas por la crueldad con la que se llevan a cabo.
“Tienen esta saña específica, esta brutalidad y esta cuestión inhumana que los casos que hemos identificado y se han compartido por parte de la sociedad civil son aterradores, preocupantes y alarmantes”, remarca el activista.
Para el observatorio, los obstáculos en el registro obedecen, por un lado, a la falta de voluntad política para incorporarlos a censos y estadísticas y, por otro, a la implicación que esto tiene en el trabajo que hacen las personas servidoras públicas, que muchas veces desconocen el tema, o no tienen una perspectiva amplia y diferenciada.
Pacheco ejemplifica que si bien es cierto que la mayor parte de los registros que existen pertenecen a personas trans y hombres gays, no quiere decir que las mujeres lesbianas, las personas bisexuales y los hombres trans no sean asesinados, discriminados, marginados, desaparecidos o víctimas de atentados, sino que por el contrario, es necesario y urgente trabajar en una perspectiva diferenciada.
En el caso de las mujeres lesbianas, hombres bisexuales y hombres trans con frecuencia no se registra su orientación sexual, y en específico en el caso de las primeras, sus asesinatos suelen contabilizarse como parte de la estadística general de feminicidios.
“No se contempla la orientación sexual y la identidad de género de las personas para poder validar que ese registro tiene un enfoque diferenciado específicamente, y que las líneas de acción de búsqueda de la justicia, y que todo este proceso de investigación tiene que ir focalizado con esta perspectiva para que pueda tener resultados concretos, sobre todo porque en la gran mayoría de los casos hay una impunidad latente”, asegura.
Este será el tercer año en el que un contingente contra las desapariciones LGBTIQ+ participará en la Marcha del Orgullo, para recordar que esa es una agenda pendiente y aún invisibilizada. Su incorporación comenzará con un acto a las 10 de la mañana en la Glorieta de las personas desaparecidas, y están contemplados en el segundo lugar en el acomodo de contingentes a pie para la ruta general del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.
“Es supernecesario poner en el foco que las desapariciones de personas LGBT existen, sobre todo porque cuando se habla de desaparición se tiene un panorama muy amplio de lo que implica la problemática, pero de repente se deja del lado a estas poblaciones históricamente invisibilizadas”, dice Pacheco, lo que incluye también a personas migrantes, indígenas, en situación de calle y otras.
En la Marcha del Orgullo, dice el activista, suelen no focalizarse necesidades específicas, pero es importante recordar que ahí habrá muchas intersecciones. En el acomodo de contingentes anunciado para su edición 47, están contempladas organizaciones migrantes y refugiadas, que irán en la vanguardia, poblaciones con discapacidad, trans y no binarias, familias, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, agrupaciones artísticas y de entretenimiento, sindicatos, organizaciones políticas y sociedad civil en general, con los automotores al último.
“Las personas LGBTI+ estamos en todos los espacios, formamos parte de todos los espacios, ya sea públicos, privados, etcétera, y por supuesto formamos parte de otros movimientos sociales. En ese sentido, el tema interseccional es fundamental, y nos parece que la acción que vamos a tener justamente en el marco de la marcha es importante para visibilizar que la marcha hoy en día sigue siendo un punto y un momento de resistencia, en donde el orgullo es resistencia”, remarca.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas conserva una contabilización histórica de solo 66 personas pertenecientes a poblaciones LGBTIQ+, 40 hombres y 26 mujeres, las cifras más altas en Zacatecas, Veracruz y Jalisco. Sin embargo, el observatorio estima que el subregistro es muy alto, lo que al mismo tiempo contribuye a la invisibilización.
Para Pacheco, es indispensable un llamado al trabajo colaborativo entre las instituciones federales y locales, pues, además, como para el resto de poblaciones, existen datos que las comisiones locales de búsqueda poseen pero no se registran en las fiscalías o la contabilización nacional.
“La problemática también es que no se tiene contemplada la desaparición de estos grupos históricamente invisibilizados en la problemática general de desapariciones, y eso es importante”, añade.
El activista llama a la sociedad a voltear a ver esas problemáticas, aunque de inicio las perciba como minoritarias, y a que no piense que la marcha es únicamente celebración y fiesta, sino que persiste como un espacio de exigencia al Estado sobre los pendientes para garantizar todos los derechos de las personas.
Con información de Animal Político
