Ciudad de México.- La nueva presidenta interina del Instituto Nacional Electoral, Blanca Yassahara Cruz, quien encabezó el organismo electoral de Puebla, arrastra señalamientos por contrataciones dudosas a una empresa acusada por la Auditoría Superior de la Federación de cobrar por servicios fantasmas.

En abril de 2026, la Auditoría Superior del Estado informó que en 2024, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) poblano, presidido por Cruz García, entre 2022 y 2026, contrató a Comercializadora JVLY, para la compra de material electoral para los comicios locales, por 129 millones 700 mil 584 pesos.

Sin embargo, advirtió en su reporte, el organismo no proporcionó oficio de autorización de suficiencia presupuestal, documentación legal, propuesta técnica y económica del proveedor. JVLY fue una de las proveedoras favoritas de Guadalupe Taddei, ahora expresidenta del INE.

En tanto el contralor del “Taddeísmo” será llamado a rendir cuentas ante el Congreso.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad citar a comparecer a Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, tras escándalos revelados en contrataciones de la expresidenta Taddei Zavala.

Ayer la dirigencia del PAN presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por la operación criminal al interior del INE.

El abogado panista, Roberto Gil, detalló que la acusación es contra funcionarios electorales, empresarios y personas físicas sobre seis delitos federales: uso ilícito de atribuciones y funciones, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictiva.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo que la propuesta es que la comparecencia se realice esta misma semana.

Por su parte el líder de la bancada panista, Elías Lixa, informó que la solicitud de comparecencia planteada por bancadas de oposición, como la suya y MC, fue aprobada por unanimidad.

Detalló que Carvente Contreras comparecerá ante la Comisión de Vigilancia para que informe de manera pública sobre las indagatorias que lleva a cabo y ante la Junta de Coordinación Política por si hubiera alguna actuación que no pudiera informar de manera pública.

Hasta el lunes pasado, tras la renuncia de Taddei, el contralor informó que investigaba a 15 funcionarios y exfuncionarios, a ocho personas físicas y a 18 empresas involucradas en actos de corrupción; pero en dos años no hubo denuncia penal, ni castigo.

Modus Operandi

Tras expandir el clan Taddei las adjudicaciones de contratos “amigos” en al menos, 13 OPLE, con la venia de funcionarios que, desde puestos clave, ampliaban el emporio de José Alfredo Hernández Casillas, el conglomerado de empresas de los hermanos Hernández Casillas llegó a recibir más de mil millones de pesos, desde 2014.

Parte del modus operandi era postularse como competidoras en diversas licitaciones para asegurar los fallos a su favor.

Por ejemplo, en Quintana Roo, el último contrato que obtuvo una empresa del conglomerado de Hernández Casillas fue en 2022, cuando Mayra San Román Carrillo era la consejera presidenta del Instituto Electoral en el estado.

El contrato IEQROO/LPN/07/-2022, por un importe de 29 millones 802 mil pesos, es uno de los que está bajo investigación de la ASF y fue otorgado en la Administración de la exconsejera presidenta del IE Quintana Roo, Carrillo Medina.

Las contrataciones volvieron en 2025, cuando Taddei ya controlaba totalmente las operaciones en el INE y Rubí Pacheco Pérez llevaba dos años de presidenta en el organismo local.

Los otros estados en donde se corroboraron compras con el mismo esquema de falsa competencia fueron Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Campeche, Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas, según investigaciones de la ASF.

‘Extienden’ la culpa ; Córdova en la mira

Tras el escándalo de Guadalupe Taddei, ahora exconsejera presidenta del INE, la presidenta Claudia Sheinbaum puso la mira en la gestión de Lorenzo Córdova y pidió a la ASF revisar también los contratos otorgados durante su Administración. “

La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo, tanto en el periodo de Taddei, como previamente, y tiene que informarse desde cuándo hay estos contratos con estos contratistas”.

Ayer, la Presidenta pidió profundizar en la fiscalización interna del órgano electoral luego de que pese a la salida de la consejera, el llamado “Taddeísmo” sigue enquistado en el Instituto, con 11 de los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva identificados por fuentes electorales como cercanos a la exconsejera presidenta.