Ciudad de México.- La Administración Trump elevó sus presiones a México para concretar arrestos y extradiciones en investigaciones por narcotráfico, pero para la Presidencia de la República ni siquiera la solicitud para entregar a Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios más es urgente. 

Ayer, la Casa Blanca publicó su Estrategia Nacional de Control de Drogas, en la que aseguró que darán prioridad a las extradiciones desde México. 

Incluso anticipó presiones por la vía judicial y diplomática contra México y condicionó su colaboración antinarco a la entrega de resultados tangibles y medibles de la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. 

“El Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Justicia y con apoyo del Departamento de Guerra liderará los esfuerzos diplomáticos y del sector judicial para asegurar una cooperación robusta, sostenida y medible por parte del Gobierno de México para identificar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras que operan en su territorio”, establece la estrategia. 

Unen fuerzas contra el narco 

Actualmente, según precisa, la colaboración antinarco entre los Gobiernos de México y EU incluye programas de capacitación para funcionarios mexicanos del sector judicial, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas. 

En cambio, del lado mexicano, la nueva Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, estableció ayer que la solicitud de arresto con fines de extradición de Rocha Moya y nueve funcionarios más, no tiene los elementos para ser considerada urgente. 

“La Fiscalía General de la República ya emitió opinión a la Cancillería respecto a que la parte requirente (EU) no aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada”, afirmó. 

En el mismo sentido, la presidenta Sheinbaum señaló que es solo “una oficina” del Departamento de Justicia en Nueva York la que pidió la cabeza de Rocha. 

‘No había indicios’ 

En la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, Sinaloa, el secretario de Seguridad federal, justificó que al ser un exfuncionario de Sinaloa, un Estado donde han ocurrido hechos violentos, amerita que tenga escoltas, como lo confirmó la propia Presidenta. 

Al cuestionarle si el Gabinete de Seguridad teme que Rocha Moya pueda ser atacado, García Harfuch respondió que no tienen indicios de que ello pueda ocurrir. 

“No tenemos ningún indicio ni ningún dato de que pueda ser atacado o siquiera que tenga alguna amenaza”, respondió. 

Asimismo, rechazó que el Gobierno Federal sospechara que Rubén Rocha Moya tuviera vínculos con la facción de “Los Chapitos” del cártel de Sinaloa. 

“Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio… y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Gobierno del Estado (Sinaloa) para continuar o realizar operaciones”, subrayó.