Las diligencias ministeriales se realizaron en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del instituto
Casi 18 horas permanecieron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en las oficinas de contratos y finanzas del Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de las primeras diligencias ministeriales por la presunta trama de corrupción que involucra a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, al contratista José Alfredo Hernández Casillas y a funcionarios y exfuncionarios del organismo electoral.
De acuerdo con fuentes del instituto, agentes de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción llegaron a la Torre Zafiro II del INE alrededor de las 11:30 horas del miércoles y abandonaron el inmueble cerca de las 5:00 horas de este jueves.
Los agentes acudieron con un listado de mandos medios y contratos específicos que debían revisar.
Entre los posibles delitos que forman parte de las investigaciones están conflicto de interés, ejercicio abusivo de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, cohecho y peculado.
Las diligencias ministeriales se realizaron en los pisos 1 y 6 del inmueble ubicado en Periférico Sur 4124 y se concentraron en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE, que hasta hace unos días encabezaba Mario Alfonso Burciaga Esparza.
El funcionario dejó el cargo luego de aparecer en un video difundido por Latinus durante una celebración con el contratista José Alfredo Hernández Casillas, otros funcionarios y empresarios, en la que festejaron la asignación del contrato para producir las credenciales de elector.
La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó de las diligencias al resto de los nueve consejeros después de que concluyó la sesión del Consejo General del miércoles, cuando los agentes de la FGR ya se encontraban en las instalaciones del instituto.
De acuerdo con las fuentes consultadas, Liliana Díaz, encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración y designada durante la gestión de Guadalupe Taddei, no notificó previamente a los consejeros sobre la llegada de los agentes ministeriales. Ante esta omisión, las consejerías solicitarán un informe para conocer los detalles de la intervención de la fiscalía.
