En las últimas tres décadas la Conagua ha otorgado a grandes usuarios concesiones en acuíferos sobreexplotados bajo el marco legal de la salinista Ley Nacional de Aguas (1992), en perjuicio de comunidades indígenas, ejidales y colonias urbanas. Ahora, en medio de una sequía prolongada y la presión de Estados Unidos por el Tratado de 1944, el Gobierno federal intenta ordenar este acaparamiento por parte, incluso, de políticos y familiares como el expresidente Vicente Fox, la Diputada Olga Sánchez Cordero, el exjefe de Oficina de Presidencia Alfonso Romo o el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco".

"En el reordenamiento de concesiones tienes que corregir todo esto, cómo es que se dieron concesiones a un notario público, a un político o familiares de políticos. Por qué ellos tienen agua y nosotros, ciudadanos de a pie o comunidades, no tenemos. Seguro se lo dieron de manera legal (por la ley salinista), pero hay ahí un ejercicio de poder económico, quienes tienen una concesión pueden pagar abogados para demandar a la Conagua; se tiene el capital para poder hacerse de concesiones", dijo Wilfrido Gómez, académico de datos de agua en la Universidad Iberoamericana, quien está investigando a nivel nacional una serie de anomalías en la base de datos de los más de 500 mil títulos de concesiones registrados en el REPDA.

El titular de la Conagua, Efraín Morales, dijo que para verificar "el adecuado uso del agua" están revisando desde la dependencia federal, uno por uno, cada título de concesión dado. Llevan un avance de 260 mil títulos, de los más de 500 mil que se han dado, de manera acelerada, desde 1992 a la fecha, de acuerdo con la base de datos del Registro de Datos de Conagua (REPDA).

Una limitante de la Conagua es el insuficiente número de inspectores para revisar en el campo cuenca por cuenca. Pero a finales de 2024, contralorías de agua conformadas por ciudadanos de norte a sur de México enviaron a las oficinas centrales de la dependencia federal diagnósticos detallados de las distintas anomalías y acaparamiento de agua por región, pero no han obtenido una respuesta concreta.

"¿Por qué la Conagua continúa evitando la colaboración con las Contralorías, a pesar de que representan un esfuerzo legítimo, pacífico y técnico de participación ciudadana y contraloría social?", cuestionó la Contraloría Nacional del Agua en un pronunciamiento publicado recientemente.

El académico de la Ibero, Wilfrido Gómez, explicó que las contralorías del agua están investigando casos de acaparamiento a nivel regional y municipal. Por ejemplo, hallaron que en el acuífero de Texcoco hay un usuario que se llama Luis González, que es notario público y que en 2018 obtuvo por 30 años una concesión para tener 1.34 millones de m3 de agua/año.

En Yucatán, agregó, identifican que la empresa agroindustrial Enerall –de la familia de Alfonso Romo, exjefe de Oficina de Presidencia– contamina con pesticidas el acuífero de Yucatán, pero por la Ley Nacional de Aguas le siguieron dando concesiones de agua en 2022, 2023 y 2024 "a pesar de que se le denunció que era un acaparador; la raíz del cáncer en la gestión hídrica es esa Ley Nacional de Aguas", dijo el académico.

Con información de SinEmbargoMx