Ciudad de México.- Los expertos y abogados con una larga carrera judicial toparon con pared en su intento por llegar a su máxima meta profesional: ser ministro de la Suprema Corte.

En la primera elección por voto popular, la nueva Corte estará integrada por las nueve personas que fueron recomendadas en acordeones, volantes y mensajes atribuidos a Morena y sus aliados; ninguno de los virtuales triunfadores de la elección cuentan con carrera judicial.

De acuerdo con el cómputo distrital del Instituto Nacional Electoral, que a las 22:00 horas alcanzaba 86.8% de las actas computadas, las personas electas son abogados promotores de la 4T, impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la mandataria Claudia Sheinbaum.

La única sorpresa es que el mayor número de votos no lo obtuvo ninguna de las tres ministras en funciones afines al Gobierno, sino el abogado Hugo Aguilar López, un funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de origen mixteco, quien se convertiría en el presidente de la Corte durante los próximos dos años (2025-2027), a partir del 1 de septiembre.

Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, así como María Estela Ríos, quien fue consejera jurídica del expresidente López Obrador, ocupan las siguientes cuatro posiciones por votos recibidos.

Siguen en la lista el académico Giovanni Figueroa; Irving Espinosa, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX y exasesor de Morena en la Cámara de Diputados, así como Arístides Guerrero, quien fuera presidente del Instituto de Transparencia capitalino.

Ellos tres ya no alcanzarán a ser presidentes de la Corte, pues sus nombramientos vencerán, a más tardar, en 2036, o en 2033, según la interpretación que determine el Tribunal Electoral sobre la forma de asignar los cargos por 11 y ocho años, periodos que no aplican a las ministras en funciones.

El noveno lugar, en tanto, lo ocupa la fiscal de Derechos Humanos de la FGR, Sara Herrerías, quien de seguir en esa posición, necesariamente tendrá un nombramiento de ocho años y tampoco será presidenta.

Ni uno solo de los nueve ministros y ministras que iniciarán funciones el 1 de septiembre, tiene antecedentes de carrera judicial federal, con lo que se romperá por completo la tradición de buscar un equilibrio entre abogados externos y los que se desarrollaron en el PJF, que perduró desde el siglo pasado.

Los únicos juzgadores federales de carrera mejor posicionados, pero que no alcanzarán un lugar, son Sergio Molina, así como Fabiana Estrada y Marisol Castañeda, magistradas de Circuito cercanas al exministro Arturo Zaldívar. 

Otra jueza de carrera, Paula García Villegas, hija de la diputada morenista y exministra Olga Sánchez Cordero, tampoco alcanzaría una posición.

Buscaron equilibrio

La reforma judicial de Ernesto Zedillo, en 1995, dejó a una Corte dominada por siete jueces federales de carrera, además de Mariano Azuela, quien si bien no fue juez ni magistrado del PJF, sí fue secretario en la Corte.

Antes de la reforma, cuando tenía 26 ministros, la Corte también había sido una mezcla de jueces federales con funcionarios provenientes del Ejecutivo y, ocasionalmente, magistrados de tribunales estatales o administrativos.

A partir de 2003, cuando iniciaron los relevos de los designados en 1995, los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña buscaron mantener la composición mixta de la Corte.

La muerte de Humberto Román Palacios en 2004, y la salida de Juan Díaz Romero en 2007, empezaron a inclinar la balanza hacia abogados externos al PJF, pero hasta 2018, nunca hubo menos de cinco de carrera judicial.

En 2009, 2012 y 2015, cuando tocaron relevos dobles, Calderón y Peña hicieron postulaciones encaminadas a dejarle la mitad de los seis puestos al PJF.

López Obrador, enfrentado con el PJF desde sus tiempos como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lo cambió todo. 

Durante su sexenio, propuso a los reemplazos de cinco ministros, que requirieron seis ternas. Ni uno solo de los 18 nominados fue juez o magistrado federal de carrera.

A estas alturas, la Presidenta Norma Piña, Jorge Pardo y Alberto Pérez Dayán, quienes dejarán el puesto en agosto, son los únicos ministros de carrera judicial.

Cuando la nueva Corte inicie funciones, sólo las tres ministras que ganaron la elección para mantenerse, todas designadas por López Obrador, tendrán experiencia como juzgadoras en el PJF.

Más que la consulta

A pesar del uso de acordeones, el acarreo y la baja participación, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que la elección judicial fue un proceso impresionante, maravilloso y democrático, en el que participaron más de 13 millones de ciudadanos.

La Mandataria aseguró que en los comicios del domingo votaron el doble de personas que en la consulta contra los expresidentes y más electores que los que consiguieron PRI, PAN y Movimiento Ciudadano en las elecciones de 2024.

“Ellos dicen que participó muy poca gente, pero resulta que los que participaron son más de los que les dieron su voto hace un año, 13 millones de personas. Inédito, impresionante, maravilloso, democrático. Apostaban que no iba a salir nadie a votar; bueno, votaron más de los que votan por ellos. ¿Sí se entiende?”, indicó Sheinbaum Pardo.

La Presidenta insistió en que el nuevo modelo de elección de los juzgadores es más democrático, ya que la participación de millones siempre superará a la mayoría calificada del Senado que antes elegía a los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Otro modelo

A pesar del clima de libertad para salir a las calles a votar y que no hubo mucha convocatoria, no sólo a nivel federal sino local, incluso a pesar de que el llenado de las boletas de la elección local no era tan complejo como la federal, el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez dijo que debería analizarse un nuevo modelo de participación.

“Se pudo tener un proceso en lo local un poco más sencillo y ágil para que la gente pudiera votar, porque si estuvo algo retador la parte de poner los números en todos los cuadritos; si yo que conocía bien el proceso y más o menos sabía cómo se desarrollaba, me tardé en votar un rato”, señaló.

Opinó que, ante el ejercicio de homologación de esta reforma judicial, la elección local pudo usar un modelo de boleta más ágil y más sencillo, por lo que piensa que se debe hacer una reflexión seria sobre la reforma, si la intención es continuar con elecciones para ministros, magistrados y jueces federales y locales.

Cuesta votante  2.5 veces más 

En la elección judicial del 1 de junio el costo por votante creció 2.5 veces con respecto a la elección presidencial de 2024. De acuerdo con datos oficiales, el año pasado por cada votante se gastó 152 pesos, mientras que en la elección judicial representó 539 pesos, considerando 13 millones de ciudadanos en las urnas. 

La consejera electoral Carla Humphrey consideró que ante el elevado costo de las elecciones, la resistencia gubernamental a dar más fondos y la baja participación, es momento de analizar nuevas modalidades de votación, como el sufragio por internet.