El Congreso podría poner fin a esta práctica que reproduce las prácticas criminales como su fueran hazañas
El 22 de abril de 2025, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño, junto con legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que busca facultar al Estado mexicano para regular la difusión de contenidos que hagan apología del delito.
El foco principal de la propuesta se encuentra en los denominados narcocorridos, corridos tumbados, series y otras producciones audiovisuales que exaltan figuras relacionadas con el crimen organizado.
Torres Cofiño argumentó que la propuesta no implica censura, sino una respuesta a una preocupación creciente por el impacto que estos materiales tienen en la salud mental de niñas, niños y adolescentes en México.
La iniciativa pretende reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La propuesta legislativa contempla diversos mecanismos regulatorios que buscan erradicar que las personas tengan acceso a audiovisuales que tengan como intención vanagloriar al crimen y a los delincuentes. A continuación las partes más relevantes de la legislación:
El legislador panista sostuvo que los contenidos que glorifican la violencia y el crimen impactan directamente en el desarrollo emocional y las aspiraciones de millones de menores en el país. Según afirmó, existen estudios que demuestran cómo esta clase de producciones distorsionan la percepción de la realidad, deterioran la salud mental e incluso favorecen el reclutamiento por parte de organizaciones criminales.
“No se trata de gustos, sino de responsabilidad en la crianza y formación”, declaró. “La música y los medios tienen un efecto directo en la construcción de modelos a seguir entre los más jóvenes”.
Diversas investigaciones respaldan las preocupaciones del legislador. La socióloga Sandra Oceja Limón, académica del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM, ha documentado cómo los protagonistas de los narcocorridos y corridos tumbados proyectan una imagen aspiracional basada en lujos, armas, dinero y fama. A través de redes sociales y contenidos audiovisuales, estos artistas difunden una narrativa que puede influir profundamente en jóvenes en etapa formativa.
El fenómeno no se limita a la música. En conciertos recientes como el de “Los Alegres del Barranco” en el Auditorio Telmex de Jalisco y en Uruapan, Michoacán, se proyectaron imágenes de figuras del narcotráfico mientras se interpretaban canciones alusivas a dichas personas. Estas prácticas no solo reflejan una aceptación social de la figura del delincuente, sino una exaltación que puede facilitar su imitación.
Un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano estima que al menos 460 mil menores han sido reclutados por grupos delictivos en el país. Según Reinserta, otra organización especializada, estos menores son elegidos por su obediencia, facilidad de manipulación y bajo perfil, lo que los convierte en instrumentos funcionales para las organizaciones criminales.
La cultura narco, representada en música, vestimenta, redes sociales y consumo de productos, ha sido identificada como un canal de captación que presenta la vida criminal como un camino deseable y exitoso. Se han documentado casos en los que la imagen del narcotraficante, lejos de generar rechazo, es percibida como una meta alcanzable por adolescentes de zonas afectadas por la pobreza y la exclusión social.
Los efectos de estos contenidos trascienden el comportamiento. Psicólogos y trabajadores sociales reportan un incremento en síntomas como ansiedad, depresión, insomnio y adicciones entre menores expuestos regularmente a estos materiales. La romantización del crimen no es nueva, pero ha evolucionado con las tecnologías digitales, volviéndose más accesible, sofisticada y constante.
El discurso promovido en narcocorridos y corridos tumbados no solo normaliza la violencia, sino que presenta el crimen como un medio legítimo para alcanzar respeto, pertenencia y reconocimiento social. Este fenómeno se entrelaza con dinámicas de consumo, exclusión y falta de oportunidades en distintas regiones del país.
La propuesta busca reformas concretas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para restringir el acceso de menores a contenidos violentos y establecer advertencias específicas. También busca modificar el Código Penal Federal, para sancionar a quienes produzcan o financien este tipo de contenidos con recursos ilícitos, así como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para incluir a los promotores de la apología del delito como sujetos investigables.
También se propone adicionar facultades específicas a la UIF para detectar operaciones de lavado de dinero en la industria musical vinculada al crimen organizado.
Durante un evento en el Palenque de Texcoco, una trifulca derivada de la prohibición de interpretar narcocorridos dejó en evidencia las tensiones que rodean a este tipo de expresiones culturales. Para Marcelo Torres, este incidente es una muestra de los riesgos asociados a la falta de regulación: “México no puede seguir siendo un territorio donde se exaltan antivalores y se idolatra a quienes cometen crímenes”.
El diputado reiteró que la intención no es limitar la libertad de expresión ni prohibir géneros musicales, sino garantizar que niñas, niños y adolescentes no estén expuestos a contenidos perjudiciales para su desarrollo. Comparó la medida con la regulación que ya existe para la pornografía o los materiales clasificados como exclusivos para adultos.
La iniciativa presentada por Marcelo Torres y el Grupo Parlamentario del PAN pone sobre la mesa un debate que involucra derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho al desarrollo integral de la infancia. La propuesta se enmarca en un contexto donde la cultura del narcotráfico ha permeado múltiples ámbitos sociales, mediáticos y culturales.
A través de una regulación más estricta, los proponentes buscan contrarrestar los efectos de esta narrativa, garantizar la protección de las juventudes y desarticular los vínculos entre crimen organizado y medios de comunicación. El proyecto aún debe ser discutido en comisiones legislativas y posteriormente en el pleno de la Cámara de Diputados.
