Fuerzas federales y estatales detuvieron en Michoacán a nueve personas armadas en la zona aguacatera del estado, en una acción orientada a contener esquemas de extorsión o cobro de piso que afectan de manera directa a productores, empacadores y trabajadores del sector, informó el Gabinete de Seguridad.

A los detenidos se les aseguraron 10 armas de fuego, 18 cargadores, 459 cartuchos útiles y tres vehículos, durante patrullajes en huertas de aguacate y caminos rurales, zonas que en los últimos años han sido utilizadas por grupos criminales para vigilar cosechas, imponer cuotas y controlar accesos a las áreas productivas.

Los operativos se desplegaron en municipios con alta incidencia de presión criminal sobre la actividad aguacatera, entre ellos Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila, donde productores han denunciado amenazas, pagos forzados y suspensión de labores como mecanismo de coerción.

La autoridad precisó que el objetivo central de estas acciones es romper las cadenas de extorsión que operan en la región, recuperar condiciones mínimas de seguridad para la cosecha y el traslado del producto, y evitar que grupos armados utilicen la fuerza para imponer cuotas por hectárea, por caja o por salida de mercancía, prácticas que han encarecido costos y puesto en riesgo a trabajadores.

Las detenciones se inscriben en un operativo sostenido del 10 de noviembre al 30 de diciembre de 2025, periodo en el que las fuerzas de seguridad reportaron 287 detenciones, el aseguramiento de 150 armas de fuego, 11 mil 663 cartuchos, 616 cargadores y 241 vehículos. En ese mismo lapso se decomisaron 190 artefactos explosivos, 53 kilogramos de material explosivo, 78 kilogramos de mariguana y 766 kilogramos de metanfetamina, además de precursores químicos vinculados a la producción de drogas sintéticas.

Asimismo, fueron desmantelados 18 campamentos utilizados para vigilancia y control territorial, y se inhabilitaron 43 tomas clandestinas de combustible, actividades que, de acuerdo con autoridades, forman parte del financiamiento criminal que sostiene los esquemas de extorsión en zonas rurales.

Los nueve detenidos, así como las armas y vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica y profundizar las investigaciones sobre su posible participación en redes de extorsión que operan en la franja aguacatera.

El Gabinete de Seguridad indicó que la estrategia continuará con presencia permanente y patrullajes focalizados en regiones productivas, con el objetivo de reducir la presión criminal sobre el sector aguacatero, una de las actividades económicas más relevantes y vulnerables de Michoacán.

La zona aguacatera de Michoacán se convirtió en un territorio de disputa entre grupos del crimen organizado que operan en esa zona michoacana.

En ese corredor -con epicentro en Uruapan y municipios aledaños- el crimen organizado fue pasando de controlar rutas y territorios a controlar el negocio, usando la violencia como mecanismo de administración a quién corta, quién mueve, quién vende aguacate.

La extorsión en el sector opera como un impuesto criminal, pues cobra por hectárea, por caja, por camión, por acceso a huertas o por "permiso" para trabajar; en temporadas altas, la presión sube porque el flujo de producto también sube.

Para productores y empacadores no es un pago único, pues suele ser una cuota recurrente, con amenazas directas contra dueños, encargados de huerta, cortadores y choferes.

Cuando alguien se niega o retrasa, la respuesta suele ser escalamiento de intimidación, quema de vehículos, ataques armados o asesinatos selectivos, refieren las denuncias al MP.