Monclova, Coah.- Los principales acreedores financieros y proveedores de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa), interpusieron una serie de impugnaciones formales ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, acusando al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez de aplicar cálculos arbitrarios, errores aritméticos e irregularidades jurídicas que cancelan toda posibilidad de cobro para las empresas no preferentes.

Las objeciones planteadas por firmas multinacionales e instituciones financieras como Unifin, Cargill Financial Services International y Komatsu-Joy Global denuncian que la metodología utilizada para determinar la cuota concursal, extingue el remanente distribuíble mediante la imposición de una reserva sobredimensionada superior a los 176 millones de dólares (más de 3,300 millones de pesos) destinada de manera opaca a honorarios y gastos futuros de administración.

Rebelión pone la venta en riesgo

La rebelión de los acreedores pone en riesgo el plan de enajenación de la acerera dentro de los expedientes 19/2023 y 77/2022 que encabeza la jueza Ruth Haggi Huerta García, en un proceso donde la masa pasiva global supera los 61 mil millones de pesos y mantiene paralizada la economía industrial de la Región Centro de Coahuila, con afectaciones directas a más de 14 mil trabajadores y cientos de proveedores regionales.

Entre las anomalías más severas expuestas en el expediente judicial destaca el reclamo de Unifin, financiera que denunció el intento del Síndico de catalogar e incluir en la subasta activos de la llamada “Línea de Normalizado”, pese a que dichos equipos son propiedad directa de la arrendadora y no forman parte del patrimonio ni de la masa concursal de AHMSA.

Los representantes legales de la firma advirtieron que, pretender liquidar bienes ajenos para solventar deudas de la siderúrgica incurre en un vicio de origen que vicia la certeza jurídica ante cualquier eventual comprador.

El reclamo

A la par, Cargill Financial Services recriminó al órgano ejecutor haber sustituido el mecanismo legal de liquidación estipulado en la Ley de Concursos Mercantiles por un modelo matemático ideado de forma unilateral y sin sustento normativo. La firma financiera recriminó además que la sindicatura responda a los cuestionamientos técnicos y financieros mediante un patrón de contestaciones genéricas desestimatorias, omitiendo el análisis exhaustivo que exige la norma mercantil.

Las deficiencias en los informes contables también alcanzaron al sector minero-industrial. Komatsu y Joy Global documentaron un desfase aritmético inexplicable superior a los 320 mil dólares dentro de las corridas financieras asignadas a la filial Minosa, inconsistencia que trastoca las proporcionalidades del reparto y vulnera la garantía constitucional de acceso a una justicia pronta y expedita.