Monclova, Coah.- Un grupo de abogados de Monclova realizó una manifestación pacífica en los juzgados civiles, para exponer diversas inquietudes sobre el funcionamiento de esas instancias, entre ellas la lentitud en los trámites y presuntas solicitudes de dinero por parte de actuarios y secretarios para realizar notificaciones.

Los litigantes fueron recibidos por el magistrado Ricardo López Campos, del Tercer Tribunal Distrital, encargado de la administración de justicia en la zona Centro y Carbonífera.

Entre los abogados que tomaron la palabra estuvieron Miguel Ángel Reyna y Napoleón Álvarez Correa, quienes señalaron que las audiencias se están programando hasta diciembre y que trámites como la notificación de una demanda o una sentencia, pueden tardar hasta mes y medio.

Reyna explicó que, aunque la ley establece que los propios abogados deben proporcionar los medios para las diligencias, como el traslado de los actuarios, en la práctica se ha vuelto costumbre que estos exijan dinero adicional para llevar a cabo las notificaciones y que de no recibirlo, se niegan a realizarlas. También reportó demoras de cuatro o cinco días o más para que los secretarios elaboren los acuerdos correspondientes.

Los manifestantes precisaron que, si bien algunos compañeros han planteado pedir la destitución de los tres jueces civiles, su intención al reunirse con el magistrado era abrir un canal de comunicación para corregir la situación, no solicitar remociones.

En su respuesta, el magistrado López Campos reconoció que se trata de una práctica arraigada como costumbre y relató un caso reciente en el que una mujer, madre de una menor, le pidió ayuda porque el actuario asignado a su expediente le exigía 700 pesos para notificar una pensión alimenticia provisional a favor de su hija, pese a que el traslado real tenía un costo aproximado de 300 pesos.

Según el magistrado, tras localizar al actuario y al abogado involucrados, ordenó que la notificación se realizara ese mismo día y les advirtió que, de repetirse una situación similar, iniciaría un procedimiento en su contra que derivaría en la pérdida de sus funciones.

López Campos afirmó que ha sostenido reuniones para atender el problema y destacó que se trata de un cambio cultural que debe darse dentro del sistema judicial, al señalar que los montos que para el personal pueden representar un gasto menor, para las personas usuarias, como en el caso mencionado, pueden significar el sustento de una semana.