Monclova, Coah.- Una investigación penal por presunta violencia física y psicológica contra internas de un centro de rehabilitación femenil fue abierta por las autoridades, luego de un operativo de inspección que derivó en la clausura y aseguramiento del inmueble, según confirmó Everardo Lazo Chapa, delegado regional de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Explicó que la intervención del establecimiento, dedicado al tratamiento de adicciones y ubicado sobre la avenida Industrial, se originó tras una revisión sanitaria de la Secretaría de Salud. Durante el despliegue, en el que participaron corporaciones de seguridad, los inspectores detectaron anomalías severas que sugerían un esquema de maltrato recurrente hacia las usuarias.

Dijo que ante las sospechas de abusos, elementos de la Policía de Investigación se presentaron en el lugar para entrevistarse con las afectadas.

“Recibimos la alerta por parte del personal de salud y de inmediato se activaron los protocolos para verificar las condiciones de las internas”, puntualizó.

El delegado, confirmó que como resultado de estas primeras indagatorias, cuatro mujeres fueron retiradas del anexo y trasladadas ante el Ministerio Público para formalizar sus testimonios.

Los exámenes médicos y psicológicos practicados a las víctimas confirmaron la gravedad de la situación en el interior del inmueble, los dictámenes legistas arrojaron que tres de las denunciantes presentaban huellas de lesiones corporales, mientras que los especialistas en salud mental dictaminaron que el total de las comparecientes mostraba secuelas de daño emocional severo debido a las constantes agresiones verbales y castigos físicos propinados por los administradores.

“El inmueble quedó asegurado para preservar todas las evidencias y evitar cualquier alteración de la escena que pueda entorpecer el proceso judicial”, explicó.

El funcionario de la Fiscalía, dijo a pesar de que las afectadas realizaron señalamientos directos y detallados en contra de trabajadores específicos del lugar, la autoridad ministerial aclaró que aún no se registran personas detenidas, por lo que la identificación formal de los probables responsables se consolidará conforme avance la carpeta de investigación.

Explicó que este caso activa una estrategia de fiscalización más estricta en la Región Centro, donde la Fiscalía General del Estado y las autoridades sanitarias implementarán un censo obligatorio y un monitoreo continuo de los ingresos en este tipo de centros para prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar la integridad de los pacientes.