Monclova, Coah.- El proceso para rematar los bienes de Altos Hornos de México (AHMSA), se encuentra bajo una nueva amenaza de parálisis legal, lo que ha encendido las alarmas del Grupo de Defensa Laboral para Trabajadores de la empresa, cuyo líder Julián Torres Ávalos, denunció que la impugnación a la subasta carece de sustento jurídico legítimo y sólo busca asfixiar económicamente a miles de familias que esperan sus finiquitos.

Explicó que la molestia de los obreros estalló tras la aparición de un recurso legal que busca frenar la venta de activos, promovido por el litigante Gabriel Iván Sarabia Zúñiga, quien se ostenta como apoderado de la siderúrgica.

El dirigente explicó que esta acción representa una violación a las reglas del concurso mercantil, ya que desde que se dictó la quiebra institucional, la única figura legal autorizada para realizar cualquier movimiento o representación de la compañía es el síndico designado por el juzgado.

“Estamos ante una representación totalmente falsa, jurídica y lógicamente es imposible que existan dos cabezas mandando en una empresa en quiebra. El síndico es la máxima autoridad administrativa actual y exigimos que los tribunales nos aclaren de inmediato por qué se le está dando entrada a peticiones de personas ajenas al proceso”, comentó.

Torres Ávalos dijo que esta nueva traba legal ha despertado fuertes sospechas entre la base trabajadora, quienes aseguran que existen personajes de la antigua administración interesados en que los talleres y maquinaria de la siderúrgica no se comercialicen.

Así mismo el frente de defensa laboral no descarta que el expresidente del consejo de administración, Alonso Ancira Elizondo, mueva hilos jurídicos desde las sombras para entorpecer el proceso de liquidación y retrasar los pagos pendientes.

“Hay una mano negra operando para que AHMSA no se pueda vender y para mantenernos con los brazos cruzados sin cobrar lo que por ley nos corresponde. Cada amparo o recurso que meten de la nada es una estrategia desesperada para que el dinero no llegue a las manos de los obreros”, acusó.

Confirmó que una comitiva de extrabajadores planea trasladarse a la Ciudad de México para sostener una audiencia con la jueza de la causa, Ruth Haggi Huerta García, en dicha reunión, además de exigir el rechazo inmediato al recurso que frena la subasta, se demandará una auditoría profunda a operaciones recientes de la masa concursal que han dejado más dudas que certezas.

Julián Torres dijo que la exigencia ante el juzgado federal será la venta del 50 por ciento de las acciones de la línea ferroviaria Coahuila-Durango, operación que fue adjudicada a la empresa minera Peñoles.

Califico como alarmante que una infraestructura de esa magnitud haya sido rematada en apenas 2.5 millones de dólares, una cifra que consideran absurdamente baja para el valor real del mercado.

“Los compañeros en las regiones Centro y Carbonífera están muy inconformes y nos han pedido formalmente que investiguemos. Vamos a entregar un documento directo a la jueza Huerta García para que nos desglose peso por peso esa transacción con Peñoles, porque vender la red de trenes a un precio tan ridículo nos parece una burla para el fondo con el que deben pagarse nuestros salarios caídos”, concluyó Torres Ávalos.