Monclova, Coah.- El proceso de quiebra de Altos Hornos de México se topó con un freno judicial, justo antes de que se autorice la venta de sus activos, ya que la Jueza del Juzgado Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles, congeló cualquier resolución definitiva sobre la enajenación de bienes hasta que el síndico de la siderúrgica, Víctor Manuel Aguilera Gómez, rinda cuentas cara a cara en una audiencia pública obligatoria, por presuntas anomalías en las cuentas de las indemnizaciones de los trabajadores.

La cita legal quedó pactada bajo advertencia de multa y el especialista concursal deberá comparecer a las 16:30 horas en los tribunales federales de la capital del país, donde la autoridad le exige aclarar una sospecha de “doble cálculo” en los listados de adeudos que corresponden a las plantillas de los obreros.

Esta confrontación jurídica es el resultado de un ‘estira y afloja’ que arrastra el expediente desde mediados del año pasado.

De acuerdo con las constancias del tribunal, el síndico ignoró las observaciones metodológicas que el juzgado le venía marcando desde junio de 2025.

Entrega síndico malas cuentas

Se informó que Aguilera Gómez, interpretó la ley para separar los salarios caídos de las indemnizaciones constitucionales, una fórmula matemática que no cuadró con los criterios del órgano jurisdiccional y que incluso, requirió la intervención técnica de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a inicios de este año.

Lejos de corregir el rumbo tras las advertencias previas y los dictámenes federales, el síndico volvió a sembrar las mismas dudas operativas en su plan final, para repartir el dinero que deje la subasta de la empresa.

Ante la insistencia de mantener un esquema financiero bajo sospecha, la Jueza determinó que no firmará ningún permiso de venta sin antes tener la certeza absoluta de qué y cuánto se les pagará a los trabajadores.

Las fallas

Víctor Manuel Aguilera interpretó la ley para separar los salarios caídos de las indemnizaciones constitucionales.

Una fórmula matemática que no cuadró con los criterios del órgano jurisdiccional y que incluso, requirió la intervención técnica de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a inicios de este año.