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‘Debe haber en el INE consecuencias’

Sergio Sisbeles Alvarado advirtió que la dimisión del cargo público de ninguna manera exime a los involucrados de rendir cuentas ante la ley.

Sergio Sisbeles Alvarado advirtió que la dimisión del cargo público de ninguna manera exime a los involucrados de rendir cuentas ante la ley.
Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto.
Milton Malacara
ZOCALO | MONCLOVA
10-29-2026
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Monclova, Coah.- El subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, afirmó categóricamente que la reciente renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), no debe interpretarse como el punto final a las indagatorias sobre presuntas irregularidades y posibles conflictos de interés en las contrataciones de la dependencia.

El funcionario estatal advirtió que la dimisión del cargo público de ninguna manera exime a los involucrados de rendir cuentas ante la ley.

Ante el revuelo político generado tras el inicio de las indagatorias por parte de la Auditoría Superior de la Federación, el representante gubernamental recalcó que la autonomía institucional debe ir acompañada de una absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos.

“La renuncia de la funcionaria no debe ser el único resultado ni cerrar las investigaciones sobre las presuntas irregularidades, pues cualquier anomalía detectada en contratos debe esclarecerse plenamente ante la sociedad”, explicó.

Asimismo, Sisbeles Alvarado dijo que las instancias de procuración de justicia tienen la obligación irrenunciable de agotar todas las líneas de investigación para determinar si existieron redes de colusión o triangulación presupuestal dentro del órgano electoral federal.

“Debe haber consecuencias claras ante los actos cometidos, exigiendo que las indagatorias continúen con rigor para fincar las responsabilidades legales que correspondan conforme a derecho y sin ningún tipo de impunidad”, comentó.

El servidor público puntualizó que la credibilidad de los árbitros electorales constituye un pilar fundamental para la democracia mexicana, por lo que resulta indispensable restaurar la confianza ciudadana mediante auditorías exhaustivas y sanciones ejemplares en caso de comprobarse conductas ilícitas.

“Las instituciones encargadas de organizar los comicios deben conservar su autonomía y profesionalismo absoluto, garantizando certeza jurídica y respondiendo con firmeza ante cualquier sospecha de corrupción”, agregó.

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